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Cuando se pensaba que las reformas impulsados por el presidente López Obrador y Morena no podían ser peores, el 15 de enero se informó en el Senado de la República, sobre un paquete de iniciativas para modificar la Constitución y otras leyes, que podrían cambiar sustancialmente nuestro sistema de justicia. Informalmente se conocieron algunos de los cambios que se pretenden hacer. Aquí señalamos sólo algunos de los que más deberían preocuparnos a todos.
Se pretende que el arraigo, que consiste en privar de la libertad a alguien mientras la autoridad investiga y obtiene pruebas para acusarlo penalmente, se aplique en la investigación de cualquier delito (y no sólo en delincuencia organizada como actualmente sucede). Y esto se pretende hacer a pesar de que el arraigo ya fue calificado como un tipo de detención arbitraria y, por tanto, violatorio de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
Se quiere desarticular el sistema penal actual, que se implementó a partir de la reforma constitucional de 2008, pues desaparecerá el Juez de Control (encargado de vigilar el respeto a los derechos de las partes y garantizar la imparcialidad en la investigación) estableciendo la participación de un solo juez en la investigación y en el juicio penal; desaparecerá el auto de vinculación a proceso y la obligación de analizar la legalidad de la detención, permitiendo en algunos casos que el Ministerio Público sea quien decida sobre la libertad del detenido, sin la intervención de un juez.
Otros cambios que se prevén son: establecer la presunción de que alguien sea considerado responsable de la comisión de algún ilícito cuando se niegue a participar en la investigación o en algún peritaje; permitir que las pruebas obtenidas ilícitamente (por ejemplo mediante tortura, espionaje o violando derechos humanos) eventualmente puedan ser validadas por el juez y tomadas en cuenta para resolver en el proceso penal; y facilitar a la autoridad la intervención de líneas telefónicas u otro medio de comunicación de cualquier persona, no sólo en el caso de que exista una investigación penal en curso, sino también por cualquier asunto fiscal o electoral.
Además, se plantea la creación de un Código Penal Nacional; y la designación de jueces y magistrados federales especializados, que juzgarán delitos de corrupción y delitos cometidos contra la administración de justicia, que no serán nombrados por el Poder Judicial como normalmente ocurre, sino por el Senado, a propuesta del Presidente de la República.
Afirmamos que estas reformas serían un serio retroceso de nuestro estado de derecho, que echarían por la borda controles y equilibrios en el sistema mexicano que con mucho esfuerzo se lograron construir, reviviendo aquel sistema atrasado, inquisitivo y represor que fomentaba la persecución por consigna del Ejecutivo, donde se inventaban historias, pruebas y culpables. En caso de discutirse y aprobarse, con estas reformas, estaríamos presenciando la instauración de una dictadura legal, en detrimento del pueblo mexicano. Que conste.
El INE denunció el robo de 25 paquetes electorales en el estado de Chiapas.
El presidente comentó que tanto el Director del Insabi, Juan Ferrer; del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador Alejandro Murat, revisarán la problemática y reinstalación.
Ya entrada la noche de ayer, al teléfono del gestor y vocero nacional antorchista, Homero Aguirre, entró una llamada, el número era de Lilia Aguilar, encargada de atención a organizaciones sociales, quien nuevamente intentó "desactivar" la protesta.
A cinco meses de inaugurada, la Megafarmacia sólo es grande en extensión: el gobierno compró, por una millonada, un almacén ubicado sobre 42 hectáreas.
El Presidente y su partido se organizan hoy para conseguir votos con la mira puesta en 2021. Por esa razón incrementaron los recursos destinados a los programas y obras insignia del gobierno morenista.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió un país con problemas graves, los cuales hoy no solo no han disminuido, sino que se han intensificado y multiplicado.
Según la titular de la Sener, Rocío Nahle, indicó que la Secretaría de Gobernación aplicó una encuesta donde 71 por ciento de los consultados rechazó el horario de verano.
Ninguno gobierno será mejor que otro si no logra superar sus logros con políticas públicas eficientes.
La ONU advirtió sobre la militarización de la seguridad pública.
El jefe del Ejecutivo declaró que, por complicaciones logísticas y políticas, el denominado Tren Insurgente no podrá concluirse en su totalidad durante este sexenio.
Se comprometió a respaldar con voluntad el proyecto que encabeza López Obrador.
Un gobierno realmente popular o de izquierda, no finca su gobernabilidad en la fuerza, sino en la movilización y organización.
AMLO prometió al municipio con mayor pobreza extrema en México y ahora devastado, 61 mil millones de pesos, es decir, sólo el 21.7% de todo lo que se calcula que se necesita. Muy disminuido. Revisemos.
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El próximo 1º de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplirá su segundo año de administración, y lo hará con más de 100 mil muertos y más de un millón de contagios de Covid-19.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.