Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
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buzos habla esta semana del ya viejo problema de la deuda pública contraída por las entidades federativas y de los recortes presupuestales, aspecto inseparable de la política económica desde hace varios sexenios. Para los especialistas, el endeudamiento es un problema que se agravará en el plazo inmediato, pues un buen número de las 32 entidades federativas tendrá que recurrir al crédito bancario, público o privado, para solventar los gastos, proyectos y pagos pendientes; por ejemplo, los pagos que no efectuaron los gobiernos salientes en la mayoría de las 15 entidades que tuvieron elecciones el seis de junio de este año. Aunque la situación será más complicada para los estados que estrenan gobierno, se trata de un problema general, pues la política del recorte aplica para todos.
Los recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) afectan principalmente a las capas más pobres de la sociedad; cuando por esta política se reducen los recursos de las entidades federativas o los municipios, es muy claro el impacto final sobre la población de menores ingresos, pues repercute sobre la salud, educación, empleo y servicios públicos; también resultan afectados directamente los gobiernos, cuyos titulares no podrán cubrir sus compromisos, efectuar pagos y saldar deudas.
Según los analistas, aunque habrá un ligero incremento en las transferencias de la Federación a los estados, los niveles presupuestales retrocederán más de dos años por las reducciones al PEF 2021 y 2022; estas disminuciones impactarán negativamente y las entidades no podrán hacer frente a sus responsabilidades.
Como el aumento excesivo de la deuda pública acarrea serios problemas, se crearon reglas para limitar el endeudamiento e impedir que los gobiernos locales comprometan a las administraciones futuras; sin embargo, diversos especialistas pronostican que los gobiernos estatales se verán obligados a recurrir a la contratación de créditos, aumentando su deuda, a pesar de los candados existentes, pues no tienen más opción que el endeudamiento: acudir a la banca es su salida de emergencia.
Este pronóstico ya comienza a convertirse en realidad en las entidades federativas que tendrán cambio de gobernador. Varios mandatarios entrantes declaran haber recibido una administración en quiebra y reconocen que se encuentran gestionando créditos. La deuda pública elevará su monto gracias al recorte de presupuesto y el endeudamiento que heredaron de anteriores gobiernos.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
Si el gobierno no puede cambiar las causas económicas del caos vial, entonces, la ZMVM está condenada al colapso.
El exceso de vehículos automotores en el Valle de México y la capital resulta costoso para la población en todos los ámbitos.
Las escasas obras y apoyos sociales programados se focalizan donde les pueden retribuir más votos.
Ecatepec, Toluca y Nezahualcóyotl concentran el mayor número de reportes.
El paso conectaba con el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco y presuntamente era utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos.
Ecatepec de Morelos, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez y Chalco son los municipios con mayor número de personas desaparecidas en territorio mexiquense.
La operación del servicio se realizará en un horario de 05:00 a 00:30 horas, el mismo que actualmente opera en el tramo Buenavista-Cuautitlán.
Hasta el momento el saldo presuntamente es de dos personas muertas y seis lesionados.
El incremento se aplicaría de forma gradual y podría variar entre 2 y 4 pesos por kilo.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
Escrito por Redacción