El ministro Jorge Pardo Rebolledo argumentó que Bravo Olivas, quien se postuló como candidato a una magistratura de circuito, carece de interés legítimo para controvertir dicha elección.
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La Secretaría de Gobernación (Segob) ratificó este martes ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza López Figueroa.
Se insistió también en que la falta del juzgador, de acuerdo con la dependencia federal, fue haber ordenado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elegir de inmediato, a dos magistrados faltantes de esa instancia electoral.
En punto de las 13:00 horas el documento fue entregado a la Secretaría General de San Lázaro, por el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano.
Los argumentos de la Secretaría de Gobernación contra el juez De la Peza López están expuestos en ocho hojas, y no presentan anexos.
Se solicita enjuiciar en términos políticos e inhabilitar al señalado, por violaciones a la Constitución, al haber ordenado al Tribunal Electoral, que, en un plazo de 24 horas, se reuniera en Pleno y nombrar a dos magistrados faltantes.
El procedimiento jurisdiccional previsto en la ley, el recurso en cuestión debe ser turnado por la Secretaría General del recinto a la Subcomisión de Examen Previo, integrada por un total de 14 miembros de las comisiones ordinarias de Gobernación y Justicia, para dar trámite al asunto.
Los presidentes de las comisiones referidas fungirán como copresidentes de la Subcomisión.
Por reglamento, dicha instancia en el recinto atiende los temas que se le turnan en el orden que hayan sido presentados, por lo que antes de abordar el juicio solicitado contra el juez Rodrigo de la Peza, los parlamentarios tendrían que atender las solicitudes previamente formuladas contra otros actores políticos.
Una vez ratificado el escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de justicia.
La subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado cometió un agravio, y si la denuncia contiene elementos de prueba que lo justifiquen.
Al declarar la subcomisión improcedente la denuncia, ésta se desechará, y si la declara procedente, iniciará un proceso de desahogo de pruebas que concluirá con un juicio al interior del pleno de la Cámara de Diputados.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo argumentó que Bravo Olivas, quien se postuló como candidato a una magistratura de circuito, carece de interés legítimo para controvertir dicha elección.
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Reportera