Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
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El 10 de febrero, barberos y dueños de barberías organizaron un bloqueo en la Vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en dirección a la Ciudad de México. La protesta fue en respuesta a presuntas irregularidades en los procedimientos de clausura de más de 300 negocios durante el Operativo Atarraya, realizado el pasado fin de semana.
Este operativo, implementado en 20 municipios del territorio mexiquense, resultó en el cierre de más de 300 barberías y estéticas. Las autoridades estatales justificaron las clausuras tras asegurar que dichos locales eran utilizados por grupos delictivos para el tráfico de narcóticos y mantenían vínculos con el crimen organizado.
El gremio de trabajadores cuestionó el operativo llevado a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN). La protesta aumentó después de que se filtraran videos en redes sociales, en los cuales se evidenció una presunta siembra de estupefacientes por parte de las autoridades.
Por dicha situación, el pasado 9 de febrero, un grupo de trabajadores de barberías y estéticas llevó a cabo una protesta en la caseta de la autopista México-Querétaro, levantando las plumas de cobro. Movilizaciones similares tuvieron lugar en la capital mexiquense y en el municipio de Chalco, en el Edomex.
Se estima que más de 500 personas resultaron afectadas por este operativo; a través de redes sociales, los afectados denunciaron que la situación ha impactado negativamente su economía y exigen la reapertura de sus negocios.
Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
Integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a televisoras y periódicos nacionales para denunciar que el Gobierno del Estado de México no ha atendido un pliego con 369 demandas de 105 municipios, entre ellas agua potable, salud, educación, infraestructura y apoyos al campo.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
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La empresa también pretender cerrar cuatro plantas en territorio germano.
La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
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Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.