El ministro Jorge Valencia Martínez se negó a iniciar la carpeta de investigación, dejando en libertad tanto a la diputada morenista como a los dos presuntos delincuentes.
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El 10 de febrero, barberos y dueños de barberías organizaron un bloqueo en la Vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en dirección a la Ciudad de México. La protesta fue en respuesta a presuntas irregularidades en los procedimientos de clausura de más de 300 negocios durante el Operativo Atarraya, realizado el pasado fin de semana.
Este operativo, implementado en 20 municipios del territorio mexiquense, resultó en el cierre de más de 300 barberías y estéticas. Las autoridades estatales justificaron las clausuras tras asegurar que dichos locales eran utilizados por grupos delictivos para el tráfico de narcóticos y mantenían vínculos con el crimen organizado.
El gremio de trabajadores cuestionó el operativo llevado a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN). La protesta aumentó después de que se filtraran videos en redes sociales, en los cuales se evidenció una presunta siembra de estupefacientes por parte de las autoridades.
Por dicha situación, el pasado 9 de febrero, un grupo de trabajadores de barberías y estéticas llevó a cabo una protesta en la caseta de la autopista México-Querétaro, levantando las plumas de cobro. Movilizaciones similares tuvieron lugar en la capital mexiquense y en el municipio de Chalco, en el Edomex.
Se estima que más de 500 personas resultaron afectadas por este operativo; a través de redes sociales, los afectados denunciaron que la situación ha impactado negativamente su economía y exigen la reapertura de sus negocios.
El ministro Jorge Valencia Martínez se negó a iniciar la carpeta de investigación, dejando en libertad tanto a la diputada morenista como a los dos presuntos delincuentes.
A las organizaciones de la sociedad civil “se les exige todo”, muchas instituciones públicas “siguen sin transparentar cómo usan los recursos”, criticó el organismo.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.