En un mercado laboral donde prevalece la escasez y la precarización del empleo, los trabajadores se encuentran indefensos y vulnerables. Para los empleadores, la aplicación de medidas arbitrarias y contrarias a los intereses laborales no enfrenta muchas dificultades porque la oferta de trabajo rebasa con mucho a la demanda; y hay un ejército de reserva numeroso y dispuesto a contratarse en las peores condiciones laborales. Esto se aplica tanto para muchos empleados de la educación como para otros profesionistas de nivel licenciatura, inclusive de posgrado –es decir profesores-investigadores– que, para cubrir sus necesidades, se emplean como docentes. 

Desde hace algunos años, las autoridades difunden, entre los maestros de educación superior, que no son trabajadores y que en realidad son funcionarios públicos, con la intención de que no se organicen y arrebatarles su arma política-social para defender sus derechos laborales. Por ello, ante las malas condiciones de trabajo y frente a los contratos anuales o semestrales, los órganos gubernamentales se han echado encima de ellos mediante el acoso fiscal y con las supuestas medidas anticorrupción, como si los bajos salarios que reciben pudieran enriquecerlos.

A las deterioradas condiciones de trabajo se ha sumado también el confinamiento sanitario provocado por la pandemia y los caprichos del titular del Poder Ejecutivo Federal quien, sin invertir un peso adicional, les dio la no pequeña tarea de sostener primero la educación de forma virtual y poco después la educación híbrida. Sin proveerlos con las herramientas digitales necesarias –la instalación de las redes de Internet, el acondicionamiento de las oficinas, etc.– los maestros tuvieron que cubrir estos gastos de su menguado salario.

Además, el Covid-19 ha causado grandes estragos sanitarios y muertes en el sector magisterial debido a que está en contacto directo con alumnos y padres de familia. Desde el año pasado se ha obligado a los maestros a impartir clases presenciales; y ahora, cuando sobre el país se cierne una cuarta ola de contagios y México encabeza la lista de países con más decesos, el Presidente de la República insiste, de manera caprichosa y autoritaria, en que todos deben regresar presencialmente a las aulas.

Las medidas en torno a la malentendida austeridad se resienten en todos los ámbitos y, para los maestros, ésta significa la pérdida o la disminución de sus prestaciones sociales; ya que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) busca dinero hasta debajo de las piedras, o “exprimiendo” a todo quien se deje para enviarlo a sus “programas” de entrega monetaria y comprar votos, corrompiendo a la población y enriqueciendo a los operadores gubernamentales de esos recursos financieros.

La permanente amenaza de perder su fuente de empleo y los estrictos mecanismos de control, sobre todo en las universidades estatales, mantiene a los maestros desorganizados y pasivos. Algunos ingenuamente llegaron a pensar que sus salarios y condiciones laborales mejorarían con la llegada de la 4T al poder; ya que se vociferaba a los cuatro vientos que se permitiría la libre organización sindical. En los últimos tres años hemos visto que no es ni será así, porque cualquier intento de organización o exigencia de mejora laboral es reprimido y cortado de raíz.

Los maestros, salvo los que conforman el equipo del Presidente, están viviendo en carne propia una política educativa sin rumbo, represora y carente de calidad de vida. Pero esto no es casual, ya que la ciencia y la educación nunca han sido bandera de ningún tirano. El único camino que se avizora en el corto plazo es la lucha social antes de que también luchar sea prohibido.