Durante el sexenio pasado y lo que va de el actual, la política para frenar el consumo de drogas entre los mexicanos, principalmente los jóvenes, ha fracasado.
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Por supuestas amenazas del crimen organizado, 46 candidatos a ocupar algún cargo de elección popular se retiraron de la contienda, esto a pesar de que no han presentado denuncias formales ante la autoridad competente. Los líderes políticos consideran que la cifra podría ser tres o cuatro veces más, toda vez que algunos aspirantes no concluyeron su proceso de registro por temor a las represalias de delincuentes.
De acuerdo con la información difundida por el medio EL UNIVERSAL, 22 de los 46 aspirantes pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 10 son del Partido Acción Nacional (PAN) y 14 al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En su mayoría contendían por presidencias municipales o diputaciones locales y federales.
Asimismo, los partidos políticos han elaborado mapas de riesgo, identificando zonas de peligro en 15 de las 32 entidades federativas, entre ellas: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas; lo cual representa aproximadamente el 46 por ciento del territorio nacional.
“Estos mapas de riesgo han sido creados por liderazgos partidistas ante lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno federal. Legisladores han pedido reunirse con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para discutir el tema, pero la funcionaria ha cancelado reuniones previamente programadas”.
Además, los líderes partidistas han instado al Instituto Nacional Electoral (INE) a crear un registro de violencia política electoral y han solicitado a los gobiernos federal y estatales que investiguen las amenazas sin necesidad de que haya una denuncia formal.
Finalmente, advirtieron que la violencia está impactando fuertemente en el ambiente electoral y que la situación podría empeorar si no se toman medidas urgentes.
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Escrito por Redacción