No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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La situación complicada, ya desde hace varias décadas para México, debido a la agudización de la pobreza por un lado y la exagerada concentración de la riqueza en unas cuántas personas, ha traído como consecuencia que la sociedad sea víctima de fácil manipulación por parte de los políticos encumbrados en el poder, ya sea para acudir a las urnas o para aceptar "migajas" o paliativos como son los programas sociales, entrega de apoyos vía tarjetas y sin intermediarios (sic), programas que tienen una la clara intención electoral.
En entrevista, hace unos días, con la periodista Francis Martínez, Máximo Ernesto Jaramillo, doctor en Sociología por el Colegio de México, economista e investigador en temas de desigualdad y política social aseguró que el recorte a los programas sociales que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se realizó sin ningún diagnóstico previo. El economista, similar a otros expertos en política social, ha dicho y ha asegurado que los recortes de recursos y el grave error de eliminar programas como Prospera y 123 más, son acciones que no se sustentaron en análisis o estudios para ver cuál fue su desempeño durante las administraciones anteriores. Tampoco el gobierno en turno está dando sustento el famoso “intermediarismo”, porque se sabe y se puede comprobar que los apoyos siempre bajaban con la estructura gubernamental y nunca vía organizaciones sociales; ahora, querer torcer la realidad con argumentos falsos, no es más que buscar culpables ficticios y señalarlos como responsables de los males sociales.
Para Ernesto Jaramillo la administración del actual presidente acierta en el diagnóstico, pero el “plan integral del bienestar” que ofrece para sustituir la política social a grupos vulnerables no es preciso ni tiene alguna posibilidad de ser exitoso; más bien, todo lo contrario, un fracaso total en donde los más afectados serán los mexicanos pobres. Los índices de miseria y pobreza en los últimos años no han bajado; por ejemplo, si se habla de años anteriores, vemos que la pobreza por ingresos, en 1992, el nivel era alrededor de 53 por ciento de la población; hubo una disminución hasta 2006, cuando volvió un repunte y actualmente estamos en el mismo nivel. Es decir, los más pobres siguen ganando lo mismo que hace 24 años.
Los programas sociales, antes del gobierno morenista, habían beneficiado a miles de familias que aunque no terminaron con la pobreza, sí ayudaron para que no cayeran en pobreza extrema; así fue con Prospera que inició en 1997 o Progresa con 1.9 millones de familias beneficiarias de 30 estados y que para el 2018 alcanzó a 7 millones de familias. Ahora tras la desaparición de los programas, argumentando corrupción y moches, mas la ineficaz entrega de programas como las tarjetas a los adultos mayores o los apoyos a los ninis, la pobreza se incrementará causando más estragos de hambre entre la población.
El analista fue muy enfático al señalar que cuando López Obrador andaba en campaña, dijo que los programas sociales aplicados por los gobiernos del PRI y el PAN no disminuyeron la pobreza, pero que su continuidad transexenal sí tuvo relevancia; y es que el padrón de beneficiarios alcanzó un nivel importante al sumarse de manera directa a los ingresos de los más pobres, traducidos en 20 millones de becas en las localidades de todo el país; es cierto que los programas sociales no atacan de fondo la pobreza pero sí logran que no aumente. Si tomamos los datos, por ejemplo, del INEGI y retiramos la transferencia que llegaba de Prospera a las familias, la realidad es que la pobreza aumentaría en varios millones de personas, alrededor de 4 millones.
Lo que el Estado, en manos de AMLO, debería hacer en lugar de cerrar los programas es atender los síntomas, las causas que generan la corrupción, modificarlas y continuar con los programas una vez diagnosticados como buenos; porque lo único que se dice es que son programas corruptos y que se tienen que cerrar. México necesita y requiere, con urgencia, una política social robusta, porque si Prospera y los otros programas sociales que desaparece López Obrador fallaron, ¿qué garantía da el gobierno actual para que ahora su sistema de becas en efectivo o la ayuda a los adultos mayores, vaya al fondo de la pobreza y desigualdad y tengan éxito?
El clímax no político…
Que el Partido Revolucionario Institucional diga que el nuevo gobierno es autoritario y excluyente podría hablar bien de él; y es que ayer la presidenta del partido advirtió que la única alianza que les interesa es con la ciudadanía, aunque dijo que serán una oposición "responsable y no complaciente", lo que ya no se dijo es cómo lo harán y bajo qué condiciones.
Anoche el Consejo Político Nacional del PRI aseguró que conciliará pero para elegir a su próximo dirigente para el periodo 2019-2023; según será con el método de consulta directa a la militancia, un proceso libre y democrático; ¿dónde habremos escuchado ya esas famosas "consultas" y tanto hablar de democracia? En la lista para dirigir al tricolor están la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, otro de los interesados en participar en el proceso, pero que no asistió a la sesión del consejo. Por el momento, querido lector, es todo.
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El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.
Estados Unidos y México investigaron operaciones por decenas de millones de dólares que vinculan a Nunvav, Vector y los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad.
CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
Entre 2021 y 2023, el presupuesto asignado a la USICAMM creció de forma acelerada y apenas 22 mil profesores accedieron a la llamada promoción horizontal, menos del 1 por ciento.
Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
En 16 contratos auditados el año pasado, el Órgano Interno de Control reportó fallas que impidieron verificar el uso eficiente del presupuesto.
El INE denunció el robo de 25 paquetes electorales en el estado de Chiapas.
Entre 2019 y 2024 se documentaron 137 agresiones dirigidas contra 43 actores defensores, dentro de 63 eventos violentos en México.
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El proyecto causa afectaciones en áreas naturales y especies como el jaguar, el oso negro y la tortuga pecho quebrado en el estado de Sonora.
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Niega conflictos de interés por vínculos con empresas del gobierno.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).