Ante la inconformidad, los afectados mantienen bloqueado el Eje 1 Norte.

El juicio del presidente venezolano y su esposa fue aplazado hasta el 14 de junio de 2027.

Las autoridades aclaran que no existen privilegios para empresas extranjeras en la búsqueda de hidrocarburos

La Fiscalía estadounidense acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer presuntas tortura contra opositores y ciudadanos estadounidenses; los nuevos cargos se suman a acusaciones por narcotráfico y se producen meses después de que Washington los secuestrara en Caracas.

Cerca de 100 alumnos cerraron accesos tras denunciar carencias, mantenimiento deficiente y falta de respuesta del rector.

La Guardia Costera estadounidense interceptó el carguero Grace el 5 de septiembre en el Caribe; Washington sostiene que utilizaba tácticas de la llamada flota oscura para evadir la vigilancia marítima.

Entre las personas que aparecen como firmantes están el músico Roger Waters, el periodista Ignacio Ramonet y João Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.

Las sanciones rebasan al gobierno cubano, a las empresas estatales e involucra también al sector privado.

El mercado muestra que el petróleo no escasea: lo que falla es su circulación.

Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.

Las concesiones petroleras tienen una vigencia de hasta 100 años y la de una mina de oro por tres décadas.

El Departamento de Estado impuso sanciones a ocho entidades y tres oficiales militares cubanos vinculados con la explotación de níquel y el desarrollo de capacidades militares.

Venezuela seguirá en la lista de 23 países considerados por Washington como principales territorios de tránsito o producción de drogas, pero ya no figura entre las cuatro naciones señaladas por incumplir sus compromisos antidrogas.

El perjuicio acumulado por las medidas estadounidenses asciende a 178 mil 700 millones 500 mil dólares.

La líder opositora venezolana exigió transparencia sobre el pacto energético entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez y advirtió que la recuperación petrolera requiere inversiones, pero también instituciones democráticas, seguridad jurídica y reglas claras.