Cargando, por favor espere...
Debido a que en el Senado de la República se discuten modificaciones a la Ley General de Educación Superior; la Alianza para la Educación Superior, AC. (ALPES) demandó a los senadores “rompan paradigmas, cambien lo que hasta ahora no se resuelve para dar un piso parejo a todas las instituciones particulares de educación superior y apoyen a todos aquellos quienes trabajamos honestamente” porque de lo contrario “será difícil aplaudir una ley que no garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo”.
María Luisa Flores Del Valle, presidenta de la ALPES, refirió que el Senado debe aprovechar la oportunidad histórica que tiene hoy para crear una Ley General de Educación Superior en beneficio de los futuros profesionistas de nuestro país, con la esperanza que obtengan mayor calidad y sea accesible a los grandes sectores de la población mexicana que normalmente se ven desfavorecidos por la falta de espacios en la universidad pública.
Para la dirigente de ALPES, que integra en su seno a 142 instituciones particulares que atienden la formación profesional de 470 mil estudiantes en 680 campus, después de mucho darle vueltas a las cosas y presumir debates o parlamentos abiertos, el sentido de la construcción de la ley parece que está hecho “para que todo quede igual, para que nazca obsoleta, y sea un refrito de lo qué hay o con más prebendas para unos cuantos”.
En términos concretos, Flores Del Valle dijo que en los artículos transitorios de la Ley se mantienen los beneficios y prebendas de acuerdos presidenciales y secretariales que les permiten acomodar sus planes y programas de estudio de forma discrecional, permitiendo que actúen prácticamente como universidades autónomas.
En cambio, al resto de las instituciones particulares de educación superior, una gran franja que resarce las obligaciones del Estado al ofrecer la educación a un costo muy inferior al de las citadas, se les perjudica con una sobrerregulación, tiempos excesivos de respuesta para la aprobación de planes y programas, prohibitivos los planes en área de la salud y la estigmatización como instituciones de mala calidad simplemente porque los costos de las colegiaturas son accesibles a la población.
Incluso, a diferencia de estas instituciones que son administradas por fundaciones y, por lo mismo, reciben un trato fiscal benéfico, ALPES exige que las regresen al Título III porque las mandaron fiscalmente al título II, con lo que les están cobrando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que golpea fuertemente su economía no sólo para subsistir y mantener su coadyuvancia con el Estado, sino para poder ofrecer mayor calidad en la educación que imparten.
Por todo esto Flores Del Valle exige a los senadores de la República que aprovechen la oportunidad que está en sus manos de aprobar “una Ley General de Educación Superior justa, incluyente, equitativa y moderna (…) “con piso parejo y, sobre todo, comprometida con la educación de los jóvenes que van a engrosar el campo de la vida profesional y productiva de nuestro país”.
“Necesitamos una ley en favor de las y los estudiantes, no en beneficio de instituciones públicas de un sector, ni grupos de empresarios; queremos una ley donde la discrecionalidad sea cosa del pasado y letra divisoria del futuro; abogamos por una Ley General de Educación Superior que ponga en el centro de su contenido la importancia de los principales actores, los jóvenes estudiantes”, finalizó Flores Del Valle.
Líderes del SNTE y SMSEM anuncian paro nacional
El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, exigió a los gobernadores entregar los nuevos libros de texto de la SEP, y de los materiales educativos, a maestros y alumnos.
El martes 9 de enero regresarán a sus clases más de 90 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres, luego de más de dos meses de huelga.
Los estudiantes, maestros y personal académico trabajan con un mobiliario en el que la mayoría de las butacas datan de la fundación de la escuela –en el año 2000–.
La Cartilla Moral fue escrita en 1944 por Alfonso Reyes, en la cual centra su contenido en el amor a la familia, a la naturaleza, a los valores morales
En la Ciudad de México iniciaron el 8 de enero y concluirán el 14 de febrero de 2025.
El programa educativo que cuenta con más recursos del gobierno es La Escuela Es Nuestra registra graves problemas de opacidad en los que podría haber actos de corrupción; sólo una de cada tres escuelas recibe apoyo.
Diversos sectores de la sociedad, organismos no gubernamentales, académicos y organizaciones sociales, rechazan y califican como repugnante la decisión de la SEP de extinguir el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Aunque se aplique la prueba PISA, el sistema educativo en México se basa en la Nueva Escuela Mexicana.
La funcionaria, según dijo el mandatario es profesora de profesión y durante doce años impartió clases frente a grupo.
México es uno de los países con mayor rezago educativo y académico. Según especialistas, el promedio de años que estudia un mexicano antes de la pandemia era de tercero de secundaria, ahora es de primer grado.
“Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, hubo un intento de pedir un crédito, este Crédito a la Palabra, el cual no se nos otorgó".
La FNERRR demandó a la SEP atienda con prioridad a dichas instituciones, ya que, continúa el regreso a clases presenciales impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las modificaciones a los libros de texto no pasan de ser meras añagazas, fintas vulgares para tratar de engañar, de distraer a los mexicanos, para seguir acondicionando la educación pública del país al servicio del neoliberalismo.
De manera simultánea, hoy en todo el país se hacen ruedas de prensa, donde los comités en cada estado darán seguimiento de su pliego petitorio en las dependencias correspondientes y así reforzar la lucha por mejores condiciones educativas.
Escrito por Redacción