La reciente desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo repercutirá negativamente en 3.6 millones de niños y jóvenes estudiantes del país, lo cual ha provocado reacciones entre los diferentes sectores de la sociedad. Destacan las opiniones de organismos no gubernamentales, académicos, organizaciones sociales, que exigen sea restituido el programa. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó la desaparición del programa debido a la falta de recursos, además, afirmó, las escuelas necesitan mantenimiento, por lo que destinarán ahora ese recurso al mejoramiento de la infraestructura escolar.

Sin embargo, especialistas han señalado que no es intercambiable una cosa por la otra, cuando las prioridades son educar y alimentar a los niños y jóvenes, y también mejorar la infraestructura educativa; ambas necesitan atención. 

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también explica la extinción de dicho programa al asegurar que éste se manejaba “con mucha intermediación” y que no llegaba a donde realmente debía llegar, a las comunidades más pobres, así como sucedía con las “llamadas estancias infantiles”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Pero las justificaciones del Ejecutivo federal y la SEP no convencen ni un poco a varios sectores de la población:

La Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) calificó como insensible e irracional la eliminación de este programa, decisión que “afectará el desarrollo académico de millones de niños y jóvenes provenientes de las familias más pobres".

En tanto, la académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Arcelia Martínez, le preocupa mucho que la principal política educativa del Gobierno federal sean las becas, “cuando sabemos estas no resuelven, por ejemplo, o no del todo, el problema de la deserción escolar, ya que esta última obedece a razones multifactoriales. La política educativa debe atender la mejora de la oferta educativa y no sólo la demanda por educación, en este caso las becas. Se están tomando decisiones sin recurrir a la evidencia que generan la evaluación y la investigación educativa; decisiones de carácter político”.

La población civil también se manifestó en contra de tan arbitraria decisión, es el caso de Alejandra Donají, quien presentó “una queja ante la @CNDH contra la @SEP_mx por la afectación que implica dejar a 3.6 millones de NNJ sin jornada ampliada y alimentos. Argumento la vulneración a mis derechos por la afectación a un grupo en situación de vulnerabilidad y desigualdad y mi derecho a vivir”, escribió en su cuenta de Twitter con dos fotos adjuntadas de la queja.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que agrupa a las comisiones estatales y defensorías públicas en el país también se manifestó en contra, ya que afirma que la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo “implica un impacto negativo en la nutrición, equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias” de millones de niños mexicanos.

Mexicanos Primero, organización no gubernamental, repudió tal decisión de la SEP, “pues traiciona la progresividad en el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes quienes, tras dos años de pandemia, hoy más que nunca necesitan de más horas de estudio y atención socioemocional en las escuelas para combatir el rezago que el encierro les dejó”.

Fueron algunas de las reacciones. Varios gobernadores tampoco estuvieron de acuerdo con la decisión del gobierno, algunos incluso pertenecientes al partido en el poder y que tomó tan indignante decisión. Por ello, Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Puebla, son algunas de las entidades que aseguraron mantendrán el programa con recursos estatales.