Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
Cargando, por favor espere...
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA EZ), tomaron el lunes las instalaciones del Poder Judicial del Estado en Tuxtla Gutiérrez, para exigir justicia ante liberación del autor material de la muerte de su compañero y líder, Andrés Jiménez Pablo.
A siete años del asesinato de quien fuera un referente de este movimiento y quien luchaba por solucionar conflictos agrarios en algunos municipios, se recordó que fue privado de la vida el 12 de agosto del 2017, saliendo de una entrevista radiofónica en el municipio de Ocozocoautla. Se señaló a Francisco González Zebadua, en ese entonces funcionario del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), como el autor material del crimen.
La semana pasada fue absuelto por los tribunales locales y federales sin tomar en cuenta las pruebas de cargo, expusieron los manifestantes quienes marcharon antes de la Diana La Cazadora hasta los juzgados.
En una rueda de prensa, denunciaron las irregularidades que se vivieron en el proceso de la investigación del crimen y las negligencias que incluyeron la presión y amenazas hacia los testigos clave, lo que debilitó significativamente el caso por lo que catalogaron el asesinato de Andrés Jiménez como un crimen de Estado.
Ante ello, dijeron no dejar de alzar la voz, seguirán marchando y manifestándose para esclarecer en su totalidad el caso y la justicia llegue para su líder que cumplió hoy su séptimo aniversario luctuoso.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
Se presume que el Defensor de Derechos Humanos de Chiapas se quedaba con el 63 por ciento del salario de un empleado, a quien corrieron por denunciar el hecho.
El homicidio ocurrió el martes 2 de septiembre en Tixtla.
Chiapas se sumó a otras entidades del país que han legislado sobre este tema, entre ellas la Ciudad de México, Aguascalientes, SLP y Tabasco, entre otras.
Protección Civil indicó que, pese a que el volcán no representa un riesgo mayor para la población, comenzarán a restringir el acceso al cráter.
Fueron detenidas durante una asamblea en la que las autoridades de la comunidad obligaron a las cuatro mujeres a firmar documentos.
Este tipo de selva alberga alta biodiversidad y cumple funciones clave en el ecosistema.
Fueron aprehendidos durante un operativo en seis inmuebles en el municipio de Cintalapa.
Guerrero, Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de entidades con más viviendas sin acceso al servicio.
Nadie debería verse obligado a arriesgar su vida para comer”: ONU.
En zonas rurales, los hogares en Chipas registraron un ingreso promedio de 9 mil 862 pesos al mes para una familia de cuatro personas.
La planta que producía moscas estériles operó hasta 2018; durante varias décadas, y gracias a su funcionamiento, el sureste mexicano se había librado del gusano barrenador, una plaga que causa estragos en la ganadería, afecta a humanos y a animales domésticos.
Registros telefónicos sostienen la acusación en contra del exdirector jurídico de la Fiscalía General de Chiapas, Gustavo Ruiz Laparra.
La organización señaló que las restricciones militares israelíes y la violencia recurrente siguen dificultado la entrega de asistencia humanitaria en Gaza.
El trazo invade territorios indígenas tzotziles y tzeltales, además, cruzaría selvas, cuerpos de agua y zonas de recarga hídrica, lo que provocaría deforestación, fragmentación de hábitats.
Escrito por Ricardo López
Colaborador