Nadia Vehurini Matadama Díaz, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tlapehuala y médica del hospital Santa Fe, fue asesinada frente a su hermano; no hay detenidos
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Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA EZ), tomaron el lunes las instalaciones del Poder Judicial del Estado en Tuxtla Gutiérrez, para exigir justicia ante liberación del autor material de la muerte de su compañero y líder, Andrés Jiménez Pablo.
A siete años del asesinato de quien fuera un referente de este movimiento y quien luchaba por solucionar conflictos agrarios en algunos municipios, se recordó que fue privado de la vida el 12 de agosto del 2017, saliendo de una entrevista radiofónica en el municipio de Ocozocoautla. Se señaló a Francisco González Zebadua, en ese entonces funcionario del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), como el autor material del crimen.
La semana pasada fue absuelto por los tribunales locales y federales sin tomar en cuenta las pruebas de cargo, expusieron los manifestantes quienes marcharon antes de la Diana La Cazadora hasta los juzgados.
En una rueda de prensa, denunciaron las irregularidades que se vivieron en el proceso de la investigación del crimen y las negligencias que incluyeron la presión y amenazas hacia los testigos clave, lo que debilitó significativamente el caso por lo que catalogaron el asesinato de Andrés Jiménez como un crimen de Estado.
Ante ello, dijeron no dejar de alzar la voz, seguirán marchando y manifestándose para esclarecer en su totalidad el caso y la justicia llegue para su líder que cumplió hoy su séptimo aniversario luctuoso.
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65 mil migrantes continúan en la frontera sur, estiman organizaciones sociales.
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Los pescadores fueron localizados a 240.76 kilómetros de la costa de Chiapas, una distancia similar a viajar de la Ciudad de México (CDMX) al estado de Querétaro, aproximadamente.
Las localidades con transmisión activa pasaron de 270 en 2018 a 62 en 2025.
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
Personas alojadas en el centro migratorio aseguran que les exigen hasta 300 dólares para obtener su liberación; el INM informó que dos migrantes fueron remitidos a las autoridades tras una protesta ocurrida el domingo.
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Semar prevé variaciones de hasta 1.05 metros sobre el nivel normal del mar y corrientes peligrosas en la costa de Chiapas.
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Hace 20 años llegó Pepsi-Cola y trajo contaminación en lugar de desarrollo.
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Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.
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Escrito por Ricardo López
Colaborador