Poco a poco ha quedado clara para la opinión pública la relación entre las campañas de los partidos políticos para obtener la preferencia de los votantes y las pensiones que reciben tanto los trabajadores después de retirarse como los adultos mayores de 65 años beneficiarios de uno de los programas emblemáticos del Gobierno Federal; para muchos, sin embargo, esta relación pasa desapercibida y no conciben que estos ingresos de una parte importante de la población tengan que ver con la elección de funcionarios públicos y las campañas que éstos realizan para ser electos.

El Reporte Especial de esta semana explica la relación mencionada y muestra cómo ambos tipos de pensiones son utilizados políticamente, cómo sirven para obtener votos y llegar a los más importantes cargos públicos. La formación y el uso financiero y político de los fondos para el retiro de los trabajadores en activo, el financiamiento y uso político de las pensiones para millones de personas de 65 años son dos grandes aspectos de un tema de interés para todos pero, especialmente, para los trabajadores que en el futuro ejercerán su derecho a una pensión por retiro y para los adultos mayores que ya reciben (o pronto lo harán) la pensión a que tienen derecho por haber cubierto el requisito establecido (la edad) para obtener la pensión aprobada para ellos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que muchos ciudadanos atribuyen a la bondad del Gobierno Federal, o incluso de una sola persona: el Presidente de la República, sin que nadie se ocupe de explicarles lo erróneo de esa idea.

Existen, entonces, dos grupos de pensionados y dos tipos de pensión. Del uso político de ambos habla el Reporte Especial. Hace más de dos décadas que la administración de los fondos para el retiro de los trabajadores se encuentra en manos de empresas privadas que saben invertirlos y obtener de ellos los más altos rendimientos, no precisamente en beneficio de los trabajadores. Desde el principio, el Estado ha tenido participación en este manejo financiero; y como los anteriores, el gobierno de la “Cuarta Transformación” participa en el manejo y ha recibido una parte de los fondos, reforzando así el financiamiento de sus programas (entre los que destacan los apoyos monetarios). Como se ve, el uso político de este tipo de pensiones pasa antes por el uso financiero.

Acerca del segundo grupo de pensiones, es poco lo que hay que explicar: como todos los apoyos monetarios, el Gobierno ha sabido utilizarlo con todo un aparato que se encarga de la operación, asignando los recursos a un padrón de beneficiados que sirve también para promover el voto en favor de los candidatos del gobierno “benefactor”. No son pocos los que han definido como perversa la creación de la estructura electoral conocida como Servidores de la Nación, que funciona desde la campaña presidencial de 2018. También se ha denunciado la presión sobre becarios y pensionistas para que asistan a los actos políticos preparados por la Presidencia: revocación de mandato, consulta ciudadana, etc., y voten por los candidatos del partido oficial.