A la luz de que aún no hay condiciones para que los rescatistas accedan a la mina para rescatar a los obreros que quedaron atrapados bajo tierra tras el colapso del 3 de agosto de la mina de Sabinas, Coahuila, analistas y activistas del sector obrero denunciaron la irresponsabilidad del gobierno y de las empresas, ya que este tipo de tragedias se generan con frecuencia y, pese a las malas experiencias no toman medidas de no repetición y ni siquiera se sabe quiénes son los empresarios dueños de las minas que mantienen a los obreros trabajando bajo condiciones infrahumanas.

En la mesa de análisis producida por Canal 6 Tv y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES), Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados(as) por la Minería, afirmó que la causa de las tragedias que se han dado en las minas tiene que ver con dos cosas:

Primero, los dueños de las minas, quienes, con la intención de generar mejores relaciones de costo-beneficio establecen condiciones precarias en todo el proceso de extracción y con todo lo que tenga que ver con la seguridad de los trabajadores.

Segundo, el gobierno no supervisa estricta y rigurosamente los mecanismos para evitar que las tragedias sucedan repetidamente y, sobre todo “terminen con el marco de impunidad en la rendición de cuentas”.

Pese a que hay hechos que tienen efectos catastróficos como el acontecido en la mina de Sabinas, aún no encuentran culpables, y esto ha sucedido históricamente, añadió Leal.

El director del Centro de Reflexión y Acción Laboral AC., Hugo Mendoza Antonio, afirmó que tanto este gobierno como gobiernos anteriores no han querido invertir en presupuesto para establecer mejores condiciones laborales y de seguridad, por ejemplo, en más inspectores y mayor capacitación a los mismos.

Por otro lado, señaló que existe precariedad laboral, pues no hay más opciones de trabajo para las personas, trabajos como el de la minería “son de los pocos empleos que se están generando”, lo que implica que las personas acepten obligatoriamente este tipo de trabajos.

Por su parte, Jesús Valencia Mercado, abogado y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, explicó que las salidas que el gobierno actual ofrece a la problemática no son diferentes a las de los gobiernos anteriores, por lo que los trabajadores no ven avances positivos en sus condiciones.

Esto es así, detalló, porque siguen trabajando concesiones irregulares y clandestinas sin que haya una vigilancia y acciones del gobierno para frenar este tipo de trabajos en las minas, los cuales no tienen ninguna regulación.

En segundo lugar porque no hay inspecciones rigurosas, que debieran realizarse por la Secretaría del Trabajo y que debieran estar a cargo de especialistas y llevarse a cabo constante y profundamente; en tercer lugar, no hay exigencia de estudios técnicos necesarios para aprobar las concesiones mineras”.

Ante esta problemática, Valencia Mercado exigió que el gobierno de López Obrador juegue su papel en lo inmediato: el gobierno “debe aprobar el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo para que los empresarios se vean obligados a garantizar condiciones laborales dignas”.

En el caso específico de la mina de Sabinas, Coahuila, el abogado afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (beneficiada por dicha mina) tiene que prohibir la compra de minerales que están extrayéndose bajo condiciones infrahumanas.

El gobierno federal debe decir con toda seguridad quiénes son los responsables para que al ser denunciados los accidentes no se sigan presentando, apuntó.