La población trabajadora de la Ciudad de México (CDMX) tiene muy pocas alternativas para conseguir una vivienda por los medios que el mercado capitalista y el Estado le brindan. Entre 2010 y 2020, las viviendas habitadas de la CDMX aumentaron 11.1 por ciento; el porcentaje de hogares con vivienda propia disminuyó 16.7 por ciento y el porcentaje de hogares en viviendas alquiladas aumentó 13.2 por ciento. Además, a decir del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en el año 2022, 20 mil familias cambiaron su residencia de la CDMX al Estado de México por falta de una opción de vivienda asequible.

Los medios formales para adquirir una vivienda son la banca privada y las bancas de desarrollo mediante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Estos organismos otorgan créditos de acuerdo con la situación laboral para que el trabajador adquiera la vivienda. La banca de desarrollo busca suplir las demandas de un sector más amplio, porque supuestamente relaja los requisitos para adquirir un crédito. De éstos, la institución líder en el financiamiento de la vivienda es el Infonavit.

Los requisitos del Infonavit para adquirir una vivienda son tener un trabajo formal, ingresos mayores a cuatro salarios mínimos, contar con al menos 15 años de antigüedad en el trabajo y un buen historial crediticio. Solo el 53.9 por ciento de los trabajadores de la ciudad son formales y podrían adquirir un crédito en el Infonavit; sin embargo, su cartera de colocación es de apenas del 35 por ciento, similar a la del estado de Guerrero, con solo 25 por ciento de trabajadores formales. El segundo requisito –ingreso mayor a cuatro salarios mínimos– lo cumple el 12 por ciento de la población ocupada de la CDMX.

Estos resultados del Infonavit se deben a que el sector hipotecario de la capital ha mostrado niveles de inflación mayores a los del promedio nacional en la compra y en la renta. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), la oferta de viviendas en la CDMX en 2022 era al menos de 1.4 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que el salario promedio de un trabajador de la CDMX es de seis mil 300 pesos mensuales, es decir, ni si quiera sería acreedor al crédito del Infonavit. Pero si lograra que se lo dieran pasaría al menos 20 años de su vida trabajando para pagar la casa; y con el 12 por ciento de tasa de interés anual pagaría el doble del valor de la vivienda.

El Infonavit es el instrumento que el Estado ha creado para cumplir con el Artículo 4º constitucional, que dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, el Instituto no toma en cuenta que la vivienda se ha vuelto menos accesible a causa del estancamiento salarial en los hogares y de la producción de la vivienda para la especulación por parte de inversionistas. Ya no basta con ser trabajador formal para tener acceso a una vivienda, pues este sector también está quedando excluido del mercado de vivienda. Los desarrolladores privilegian segmentos de vivienda en los que pueden ganar más y con ello desatienden la vivienda de satisfacción social.

Aunque es cierto que la institución tiene ciertos límites para solucionar los problemas de la vivienda a los que se enfrenta la CDMX, es necesario exigir que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país contribuya con acciones y programas que realmente ayuden a resolver, o al menos mitigar, el problema. Los trabajadores de la CDMX y de muchas otras ciudades no tienen opción por los medios formales que ofrece el Estado. Por ello se hace necesario unirse a organizaciones que luchen por que el derecho a la vivienda no se quede en el papel, como tantos otros.