El jueves dos de febrero, Día de la Candelaria, cuando se celebra la tradición de los tamales, el Gobierno Federal publicó, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial que entraría en vigor al día siguiente y que decía: “ÚNICO. Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga^[1]”.

¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó el cierre de las actividades de carga en el AICM? La respuesta es muy simple; y evidencia que este gobierno, además de que no sabe gobernar, quiere lograr sus caprichos por imposición. Veamos.

Efectivamente, la primera impresión que causa tal decreto fue que el Presidente, a como dé lugar, pretende que se utilice el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para no quedar en mal, ya los muy pocos vuelos que tiene lo hacen ver como un “mamut blanco”. Sí, con base en un decretazo que cancela las operaciones de carga en el AICM, el gobierno morenista pretende que los aviones cargueros se vayan al AIFA.

Es necesario aclarar que el decreto no impone explícitamente que las labores de carga se vayan al AIFA, sino que, para evitar que sus enemigos lo critiquen como siempre (bla, bla, bla), recurre a la siguiente argumentación: “que derivado de las condiciones de saturación en las que se encuentran los edificios terminales 1 y 2 del AICM, resulta de interés público generar las condiciones para la adecuada y eficiente operación de dicho aeropuerto, con niveles óptimos de servicio y con ello resolver la problemática de las áreas saturadas, así como las instalaciones de mayor intensidad de tráfico de pasajeros en los edificios terminales, en aras de incrementar la seguridad operacional, la calidad en el servicio, el bienestar y la satisfacción del pasajero”.

Es decir, la causa por la que el gobierno morenista ordenó cerrar estas operaciones es la saturación del AICM, un problema que no existe en las instalaciones de este aeropuerto; ya que las actividades de carga y descarga no pasan por las terminales 1 y 2 de pasajeros y porque se realizan en horarios no saturados, preferentemente en horas de la madrugada, de acuerdo a “otros datos” aportados por los especialistas.

En una entrevista radiofónica, uno de estos expertos reveló que las operaciones de carga representan apenas el tres por ciento de las actividades que cotidianamente se realizan en el AICM, por lo que su ejecución no provoca ningún problema para su funcionamiento, como sugiere el decreto. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) corroboró este hecho con el informe de que, en la República, el 56.9 por ciento de la carga es movilizado por autotransportes, el 29.6 por ciento se hace por vía marítima, el 13.4 por ciento por vía ferroviaria y solo el 0.1 por vía aérea. Esta información confirma que el gobierno morenista está dispuesto a usar cualquier mecanismo, por absurdo que sea, para que el AIFA no sea visto como un aeropuerto inútil.

El otro absurdo del decretazo se halla en el tiempo que se permitió a las compañías cargueras (12 internacionales y una nacional) para trasladarse de la Ciudad de México a Santa Lucía: Según la página del AICM^[2], aquel afirma lo siguiente: “Los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio al público de transporte aéreo, nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga, con la excepción prevista en el presente decreto, cuentan con un plazo máximo de 108 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto para reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez”.

Al considerar que este lapso resulta insuficiente debido a la falta de infraestructura aeroportuaria específica y de las condiciones idóneas para hacerlo, las empresas pidieron 180 días de plazo, pero como siempre, el gobierno morenista no las ha escuchado. Según los especialistas, las cargueras áreas se irán donde sí existe la infraestructura que requieren, tal es el caso de los aeropuertos de Toluca, Puebla y Querétaro, pero no al AIFA, que no ofrece las condiciones para recibirlas.

El resultado final de este despropósito –como en otros tantos que ha instrumentado este gobierno– es que los gastos se cargarán a las mercancías trasladadas por aire y, como sucede en la economía de mercado, serán los consumidores quienes paguen el nuevo disparate de AMLO, responsable de varias cargas negativas que ya llevan a cuestas: altos índices de inflación, violencia delictiva, falta de servicios, la mala educación, falta de vacunas y de medicinas para niños con cáncer, etc.

El nuevo impuesto derivado de la mala política del “sí o sí” para hacer que funcione el AIFA se ofrece como una lección adicional para que el pueblo vea que es necesario un cambio de sistema, un cambio de modelo económico; y que luche por que éste se encuentre en manos del propio pueblo. Ya estuvo bien de que se gobierne a nombre del pueblo y con los votos del pueblo, pero que se le aplaste o golpee de manera constante. Es necesario corregir la plana a la autonombrada “Cuarta Transformación” (4T) y a quienes presumen gobernar en nombre del pueblo, pero que en realidad lo hacen a favor de las clases ricas.

En el caso de este último despropósito, la 4T golpea a los ricos al obligarlos a salir del AICM e irse al AIFA, pero golpeará más a las clases medias y bajas porque éstas tendrán que pagar por las mercancías debido a que en adelante vendrán de Toluca, Puebla o Querétaro.