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Tántalo, personaje de la mitología griega, fue castigado por los dioses en el Tártaro (inframundo de los griegos) a sufrir un tormento en el Karagöl (lago Negro): es hundido en el agua hasta la barbilla, y bajo un árbol de frutos muy cercanos a su boca; de modo que cuando la sed y el hambre lo asediaban, tanto el agua como los frutos se alejaban de él. Este terrible tormento no solo expresa un mito que opone abundancia ante la impotencia con intención ética o religiosa, sino un símbolo de la realidad concreta y cotidiana que puede ser padecida en el mundo. Un tormento similar sufren hoy los habitantes queretanos de Cadereyta, región donde abunda el agua de calidad y que desde 2006 provee de este recurso básico a la capital de Querétaro y su zona conurbada mediante el Acueducto II.
El agua es extraída de los manantiales en la comunidad Maconi, sobre la ribera del río Moctezuma. Desde que se inició la construcción del acueducto, las autoridades estatales se comprometieron a hacer obras hidráulicas para también dotar de agua a cerca de 30 comunidades de Cadereyta pero, como con frecuencia sucede que los gobiernos no cumplen sus compromisos, engañan y no se preocupan de los problemas sociales básicos, hasta la fecha los queretanos pobres de esa región padecen el tormento de Tántalo mientras su agua cubre las necesidades en la capital de Querétaro y su región metropolitana. Es por ello que ahora estas comunidades se han organizado, y exigen el cumplimiento de sus derechos constitucionales. Veamos por qué.
En sus dos primeros párrafos, el Artículo 27° Constitucional dice a la letra: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
En el Artículo 4°, párrafo 6° de la Carta Magna, se reconoce el derecho humano al agua: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Y el Artículo 115°, fracción III, inciso a., establece la facultad que tienen los municipios para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
Como se ve, si bien es cierto que el Artículo 27° refiere que el agua corresponde originariamente a la Nación, también es cierto que en la misma Constitución existen mecanismos para que este recurso llegue a la población, como lo establece el Artículo 115°. Pero lo más importante es que el consumo del agua es un derecho humano y que el Estado, por tanto, tiene la obligación de garantizar a los pueblos el suministro de ésta “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
En el caso que nos ocupa, no se ha resuelto el problema del agua de los habitantes de Cadereyta. Han pasado ya 16 años y la gente solo la ve pasar de su región a la zona metropolitana de Querétaro mientras en sus casas no hay tal recurso “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Es decir, hay una deuda con sus derechos sociales ¿Quién garantiza a los 30 pueblos de la región de Cadereyta que se cumpla el mandato constitucional de su derecho humano al agua? ¿Quién o quiénes deberían cumplirlo?
Los tres órdenes de gobierno: el Federal, el estatal y el municipal. Si el Gobierno Federal y el gobierno estatal omiten la exigencia, el gobierno local debe ponerse a la cabeza de las comunidades y resolver el problema de fondo; y si no tiene recursos, como seguramente argumenta, no puede “lavarse las manos” y dejar las cosas así. En el Artículo 115° que vimos, se aclara que “los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…”. Por tanto, los habitantes de las 30 comunidades deben exigir al municipio que cumpla con su responsabilidad constitucional.
Ahora bien. Cuando se cierran las puertas de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, ignorando y coartando los derechos humanos de la población, los ciudadanos agraviados tienen a su disposición, en los Artículos 6°, 8° y 9° de la Constitución, los mecanismos necesarios para defenderse: los derechos de organización, petición y manifestación pública, todo con fines pacíficos.
Por ello hacen bien las comunidades de Querétaro, que no reciben el agua y que sufren el tormento de Tántalo, en unirse y luchar por defender los derechos constitucionales que las autoridades les niegan; y por eso, el Movimiento Antorchista cumple la función de aglutinar, educar y organizar a los pueblos para guiarlos en la solución de sus problemas concretos; pero sobre todo con la idea de que si los tres órdenes de gobierno no resuelven los problemas, a la gente no le queda otra salida que unirse para luchar por el poder político nacional para tomar decisiones y garantizar sus derechos humanos, como la dotación de los bienes indispensables para su desarrollo.
Los dirigentes de Antorcha no piden el agua para ellos. Son los pueblos quienes necesitan este recurso vital y son ellos quienes lo piden con base en los principios constitucionales. No crean que castigan a Antorcha por no resolver la demanda de los pueblos; ¡castigan a la gente y violan sus derechos! Por eso invito a los pueblos a no desistir en su lucha; y sepan que cuentan con el apoyo del antorchismo regional del Estado de México, de la Ciudad de México, de Hidalgo y de Morelos. No están solos. A seguir luchando hasta lograr que el vital líquido llegue a sus comunidades.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.