Ningún modelo económico puede sostenerse si no es ecológicamente sustentable. Y el actual es devastador; destruye los ecosistemas, agota y saquea recursos naturales; crea un ambiente malsano, fuente de incontables enfermedades, y amenaza el futuro del país y de las generaciones venideras. Desde mi modesta perspectiva señalo aquí algunos aspectos de los más notorios, en términos descriptivos y en sus trazos más generales. Es necesario, obviamente, el esfuerzo coordinado de un cuerpo de especialistas: ambientalistas, economistas y otros profesionales, para elaborar un programa viable e integral de rescate y preservación de nuestros ecosistemas y recursos naturales (digo nuestros, porque pertenecen a todos, aunque el neoliberalismo los haya privatizado). He expuesto en anteriores ocasiones ciertas formulaciones y algunas estadísticas que incorporo hoy por su relevancia.

Ciertamente, en los registros sobre la actividad económica en el Producto Interno Bruto se reporta la creación de riqueza. Y, a veces, el dato puede deslumbrar, pero es unilateral: oculta el costo ambiental y en salud humana de ese éxito aparente, los recursos naturales consumidos y destruidos, y los ecosistemas devastados por la febril producción industrial, agropecuaria, minera, petrolera, turística, etc. (como el ecocidio del Tren Maya). No aparecen en las cuentas nacionales los millones de enfermos afectados por la contaminación de agua y aire; ni el costo de curarlos, la cantidad de horas hombre perdidas para ello, ni el dolor humano causado por padecimientos debidos a alteraciones ambientales.

En Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar en muertes por contaminación (Clean Air Institute, datos OMS), y entre las diez ciudades más contaminadas de la región, las tres primeras son mexicanas: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México (PNUMA, abril de 2015). Ejemplo paradigmático es el área de Tula-Tepeji, considerada en 1995 por la ONU como ¡la más contaminada del mundo!, principalmente con bióxido de carbono, níquel, plomo, cianuro, benceno, mercurio, dióxido de azufre (Gaceta Parlamentaria Número 3201-VII, 15 de febrero de 2011). Los plásticos, muchos con base en propileno, no son biodegradables, o lo son en periodos muy prolongados. Una botella de PET tarda siglos en degradarse. En el mundo, después del calentamiento global, los plásticos son el mayor peligro para muchas especies animales, sobre todo marinas (Joleah Lamb, Universidad de Cornell, Science). Los microplásticos se incorporan en nuestra cadena alimenticia y podemos estar consumiendo hasta 840 partículas al año (El Colegio de la Frontera Sur, Scientific reports).

El problema del agua hace crisis. El 70 por ciento de nuestros ríos presentan algún grado de contaminación (Conagua). Ocupamos el cuarto lugar mundial en número de personas viviendo en severa escasez de agua (México Sostenible). El 76 por ciento del agua se emplea en la actividad agropecuaria, y de ahí, “… 57 por ciento se pierde por evaporación, pero, sobre todo, por infraestructura de riego ineficiente, en mal estado u obsoleta” (aqua.org.mx, Conagua). En uso urbano, “… la OCDE mostró que México tiene nueve ciudades, de las 42 estudiadas, con mayor porcentaje de pérdida de agua potable disponible y bajos índices de tratamiento de aguas...” (Osorno C. Cuauhtémoc, México Sostenible, 17 de abril de 2017). Lamentablemente, el gasto público se aplica muy poco en mejorar la infraestructura hidráulica. Además, el agua consumida por los hogares es sucia; el Estado no garantiza agua limpia en las tuberías, verdaderamente potable, favoreciendo así el gran negocio de los refrescos y el agua embotellada como sustitutos. Y, dicho sea de paso, ¿de qué sirven frente a este desastre los “apoyos individuales” de la 4T?

Los acuíferos están sobreexplotados y eso no es sustentable. Para aumentar sus ganancias, los consorcios empresariales agotan el agua. Se requieren 34.5 litros de agua para producir medio litro de Coca Cola (UNAM, Laboratorio de Estudios sobre Temas Empresariales). Ciertamente, las cerveceras exportan más, pero pagamos todos con el agotamiento de los mantos acuíferos: en 2016 se extrajo 24 por ciento más agua que en 2003 (Cuentas Económicas y Ecológicas), y al perforar a mayor profundidad, el agua extraída contiene más arsénico, y provoca mayor incidencia de cáncer (cienciamx.com). Empresas agrícolas norteamericanas producen aquí para consumir el agua y luego “exportar” su producción.

México ocupa el sitio 12 mundial en megadiversidad; quinto en plantas y anfibios, tercero en mamíferos y segundo en reptiles (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas); hay 138 millones de hectáreas de vegetación forestal (71 por ciento del territorio). Pero anualmente se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas (Instituto de Geografía, UNAM, Senado de la República, nueve de junio de 2019), y un bosque tarda 50 años en recuperarse (Science Advances). Somos el quinto país con mayor deforestación (Greenpeace). “En 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario en el país desde que empezamos nuestro monitoreo en 2002” (Mikaela Weisse, Global Forest Watch). Asimismo, en 2021 ocurrieron más de siete mil 233 incendios forestales, que dañaron más de 600 mil hectáreas.

Entre 60 y 70 por ciento de la deforestación es para expandir la ganadería, el negocio de la carne (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible). También para ampliar la frontera agrícola en cultivos de alto valor comercial como berries en invernaderos, agave, soya, palma de aceite o aguacate; Michoacán, por ejemplo, perdió 68 por ciento de sus bosques en 30 años (Cámara Nacional de la Industria Maderera, 26 de abril de 2019), por aserraderos ilegales y expansión agrícola. La Selva Lacandona se muere: “En las últimas décadas se ha perdido 72.2 por ciento de su terreno…” (Senado de la República, 13 de junio de 2019). En Tabasco, en 50 años se perdieron más de un millón de hectáreas de selva, por ganadería y urbanización (Colegio de la Frontera Sur, 2019). En Bahía de Banderas, Nayarit, se destruyen manglares para desarrollos turísticos e inmobiliarios.

Afectada la cubierta forestal, cae la captación de dióxido de carbono y sobrevienen erosión, azolve de presas, lagos y lagunas (dramático ejemplo de ello es Pátzcuaro). Los suelos se agotan también: el 45.2 por ciento muestra ya algún nivel de degradación. El 80 por ciento de la superficie agrícola está amenazado por degradación y desertificación (Conacyt). Hay menos captación de agua en las cuencas; se deterioran los ecosistemas y se pierde biodiversidad por degradación o pérdida de hábitat. Somos el quinto país con más especies amenazadas (International Union for Conservation of Nature, 2015).

Contradictoriamente, frente a esta catástrofe, el Gobierno está reduciendo presupuestos para proteger el medio ambiente: Semarnat tiene 56 por ciento menos que en 2015. En el PEF 2020 se redujo 43 por ciento a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y desapareció el programa de empleo temporal que operaba labores preventivas; las brigadas contra incendios perdieron 60 por ciento de sus recursos. A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que atiende 90 millones de hectáreas, en el PEF 2019 le recortaron 15 por ciento.

En el fondo está el modelo económico, dominado por monopolios que, sobre el bienestar social y el desarrollo privilegia la ganancia desmedida y el saqueo de recursos, gracias a la tolerancia gubernamental. De esto y de posibles soluciones trataremos después.