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Si se hiciera una consulta, ahora que están muy de moda por parte del gobierno de la "Cuarta Transformación", sobre si los mexicanos saben cuáles son las principales tareas que debe cumplir todo gobierno en algunos de sus tres niveles: Federal, Estatal y Municipal; seguramente la respuesta, de al menos un 90 por ciento de los consultados, sería que sí sabe.
Entre las posibles respuestas tendríamos: 1. El gobierno debe trabajar para que los mexicanos sean cada vez menos pobres, 2. El gobierno debe garantizar seguridad y que haya menos delincuencia, 3. Que haya bienestar entre la población, 4. Que la gente tenga clínicas y hospitales modernas para curarse, 5. Que se apoye a las familias para que sus hijos puedan educarse y contar con una carrera profesional, 6. Que el gobierno genere empleos con buenos salarios; y, otros más, dirían que la tarea del gobierno es realizar obras y servicios para todos, sin distinción de partidos o preferencias.
A raíz de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que ha querido realizar un "cambio radical" pero sin cambiar nada, vil ejemplo de gatopardismo, se han apuntalado acciones y decisiones que van contra la población en general, que es afectada al no ver, hasta el momento, acciones y hechos concretos para atacar los problemas que viven más de 100 millones de mexicanos.
Pero más allá de eso, hemos visto un presidente que ha atacado a las organizaciones sociales, a los empresarios, a los medios de comunicación, a los intelectuales y a todo aquel que considera es su enemigo para lo que, según, se ha propuesto; incluso, contra grupos sociales, como Antorcha, les ha lanzado ataques y calumnias que en ningún momento ha podido demostrar. Se ve claramente un gobierno autoritario y sin un plan para resolver, de raíz, los principales problemas de México, entre los que se encuentran la pobreza y miseria extremas y la inseguridad.
Pues en esa actitud de ignorar a las organizaciones sociales y de no buscar alternativa de solución a problemas en obras y servicios públicos, además de la forma de provocación, de indiferencia y las reiteradas acusaciones sin pruebas; se encaminan algunos gobiernos y políticos que se están queriendo sumar a la política federal, tal es el caso del gobierno del Estado de México, con Alfredo del Mazo; el de Hidalgo, con Omar Fayad y Oaxaca, con Alejandro Murat. Estos gobiernos, parece, tratarán de emular al gobierno federal y pretenden justificarse para negar la realización de obras públicas y pueblos marginados.
En el Estado de México el Secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, funcionario priista que ha sido cuestionado desde hace ya varios meses por los altos índices delictivos en territorio mexiquense, además de que no tiene acciones concretas para disminuir la inseguridad y violencia en la entidad, ahora se sabe está reduciendo presupuesto para varios municipios del Estado de México entre los que se encuentran Chimalhuacán e Ixtapaluca.
Ozuna Rivero ha sido cuestionado por legisladores mexiquenses pues ya en varias ocasiones le han reprochado la falta de avances en la entidad, es más se dice que son tantas ya las interrogantes sobre su labor que será convocado a rendir cuentas, eso sí, quien sabe si a su jefe Alfredo del Mazo o a la Cámara local; sin duda, Ozuna parece ser el hombre con más poder en el Estado de México, entidad que se alcanza a ver, dicen los mal pensados, ya traen acuerdos muy concretos con el gobierno federal morenista.
Hace unos días miles de mexiquenses realizaron una protesta en Toluca, la respuesta fue oídos sordos de todos los funcionarios, sordera que ignora las urgentes demandas de los habitantes de Chimalhuacán e Ixtapaluca. Sin embargo, los ayuntamientos no están pidiendo otra cosa que la entrega de recursos que el gobierno mexiquense adeuda de los meses de noviembre y diciembre del año 2018 y los que va del 2019.
Según se comenta, desde el año pasado a la fecha, se han realizado más de 30 reuniones con funcionarios mexiquenses, principalmente con Ozuna Rivero, quienes en repetidas ocasiones han incumplido sus compromisos de dar solución demandas populares como entrega de fertilizante subsidiado, reconstrucción de escuelas, servicios de salud, construcción de redes de agua potable, drenaje, pavimentaciones entre otras.
El gobierno mexiquense está a punto de provocar una crisis social en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán que afectará a cerca de un millón de habitantes y también está afectando ya al menos 100 mil campesinos que no reciben apoyos al campo, mientras que al secretario de gobierno se le ve muy despreocupado, seguramente con la aprobación de su jefe el gobernador mexiquense.
Ozuna Rivero se está reflejando ya como un político incapaz para ser el interlocutor del gobernador y si eso fuera todo no habría problema, sino que ahora, le quiere echar más gasolina al fuego reduciendo el presupuesto para Chimalhuacán e Ixtapaluca a un 50 por ciento. Bien haría el funcionario no emular al presidente de la República y comenzar a atacar a las organizaciones sociales o comenzar a arrebatar recursos que ya fueron aprobados a los municipios. Por si hiciera falta que alguien se lo diga, el próximo 28 de marzo, 50 mil mexiquenses lo visitarán en Toluca y de paso pedirían intervención del señor gobernador, Alfredo del Mazo.
El clímax no político...
Oaxaca es otro de los estados más pobres del país, ahí la delincuencia también es pan de cada día y el gobierno de Alejandro Murat se está viendo rebasado, tanto por el crimen organizado, como por los problemas que la población reclama y no pude atenderlos.
Esta tarde, Dimas Romero González, líder antorchista en el estado va anunciar en rueda de prensa, una protesta para los próximos días debido a que funcionarios de las dependencias del gobierno estatal se están negando a atender peticiones de obra social, sobre todo apoyos que tienen ver con el campo y servicios básicos como pavimentaciones.
Las peticiones ahí son claras: intervención del Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, en Santiago Juxtlahuaca; pago a maestros de la Preparatoria Lázaro Cárdenas y la realización de obras y servicios en varias comunidades. Otro estado, sin duda, donde el mal ejemplo de Morena y su gobierno federal se ve también reflejado. Por el momento, querido lector, es todo.
Tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa violan los derechos humanos (libertad personal y presunción de inocencia). Y aunque la realidad indique lo contrario, este gobierno insiste en mantenerla so pretexto de acabar con la delincuencia.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).