Los dirigentes de los sectores sociales de Morelos llaman “gobernador ausente” al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo porque no lo ven encabezar siquiera las acciones públicas destinadas a enfrentar las crisis sanitaria, económica y de seguridad pública que padece la entidad.

Matías Quiroz Medina, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, explicó a buzos: “Cuauhtémoc Blanco ha sido un gobernador ausente, falto de discurso, con graves carencias personales de preparación; lo que ha provocado una desatención de políticas públicas, y se ha evidenciado una falta de arraigo dentro de la comunidad. Lo que estamos viendo los morelenses es un gobierno carente de experiencia, en que tenemos un gobernador que no es gobernador”.

Quiroz afirmó que quienes realmente toman las decisiones de gobierno en Morelos son su hermano Ulises Bravo; Hugo Erick Flores, antes superdelegado del Gobierno Federal, hoy dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), membrete al que está afiliado el gobernador Blanco, el secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas y, “tras bambalinas”, José Manuel Sáenz, jefe de la oficina de la gubernatura.

“El gobierno es un dragón de cuatro o cinco cabezas; lo que dice una lo contradice la otra, y eso estorba la toma de decisiones del gobierno. Esa condición multifactorial en el Ejecutivo se ve también reflejada en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, que se encuentra muy fragmentado por las diferentes expresiones políticas”, precisó Quiroz.

A este problema se suma otro singular conflicto político: las confrontaciones entre los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, con la que Blanco llegó a la gubernatura, formada por el PES, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT). “Esto también ha entrampado las decisiones por protagonismos de ambos grupos y ha llevado a un deterioro en la vida legislativa”, explicó el secretario general perredista.

“Ahora los temas de corrupción se están observando cada vez con mayor notoriedad. Conforme el tiempo vaya avanzado, creo que iremos viendo el nivel de deterioro de las finanzas públicas del estado”, añadió Quiroz a este semanario.

El 14 de abril del presente año, los medios de comunicación locales publicaron una carta abierta firmada por 212 representantes de diversos sectores de la entidad; en la misiva se denuncian las constantes ausencias del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a las que los firmantes atribuyeron la evidente falta de coordinación en las acciones de gobierno frente a las crisis sanitaria, económica y de seguridad pública, ya que Morelos sufre severos problemas de violencia delictiva.

Respecto a este tema, la Barra de Abogados de Morelos hizo un pronunciamiento público el dos de septiembre de 2020; en éste exigió la renuncia del gobernador Blanco, ya que los niveles de delincuencia y violencia en el estado son en extremo preocupantes. José Luis Urióstegui, presidente de la Barra, sostuvo que desde 2019 existe una demanda (que en cualquier momento puede ser reactivada) de juicio político contra el gobernador Blanco.

¿En dónde está el gobernador?

Roberto Salinas, directivo de la asociación Morelos Rinde Cuentas (MRC), describió a buzos que a pesar de la difícil situación que enfrentan los morelenses, Blanco se ausenta reiteradamente de la entidad y que sus intervenciones públicas son mínimas.

“Hay una falta de dirección en la conducción del estado desde la propia gubernatura, y eso es lo que estamos viviendo actualmente; una falta de compromiso y de rumbo que pueda ayudar a Morelos a salir del problema en el que nos encontramos”, insistió el activista.

Salinas destacó también falta de transparencia en la forma en que se aplican los recursos en la entidad: “Ni siquiera sabemos cómo se están aplicando los programas sociales; las instituciones siguen cerradas. Hemos intentado obtener información en el ámbito del desarrollo social y ha sido muy complicado. No sabemos el rumbo que tiene el estado”.

El dirigente de MRC ha seguido de cerca el desempeño del gobierno de Blanco, desde que rindió su protesta el 1° de octubre de 2018; se ha convertido en una de las principales voces que cuestionan su “administración”, sus ausencias y su evidente distanciamiento social con los morelenses y sus problemas.

“Lo que podemos decir es que el estado de Morelos, desde la parte de la sociedad civil, y en lo que hemos estado revisando, es que estamos en un panorama muy complicado como estado, no solo por el tema de la pandemia, que ya de por sí ha dejado estragos económicos y de salud, sino en lo político, donde vemos una falta de acuerdos entre los poderes de la entidad, es decir el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Ha habido una serie de problemas que nos han impedido generar las reformas o las modificaciones necesarias a la ley para poder mejorar.

“A esto le agregamos la parte de seguridad pública que afecta tanto a las familias. Morelos se encuentra entre los primeros lugares de los 10 delitos de alto impacto en la nación, como es el caso del secuestro, el robo a banco y otros que dañan a la sociedad y que presentan un panorama negativo”, advirtió Salinas a este semanario.

MRC ha logrado precisar que durante 2019, el mandatario morelense no tuvo actividades en 207 de los 365 días del año, es decir, en el 57 por ciento del primer año de su mandato sexenal, y solo las tuvo en 158 días, es decir, el 43 por ciento de los 360 días del año.

En los 158 días que Blanco “trabajó”, los analistas de la agrupación civil detectaron que de los 251 eventos y giras de trabajo que encabezó, 152 se desarrollaron en varios sitios de Cuernavaca y 12 en Jiutepec; y que solo visitó una o dos veces los demás municipios del estado. La mayoría de sus intervenciones públicas se limitaron a agradecer el voto que recibió en 2018 y la asistencia de los ciudadanos a dichos eventos. Después de esto, no han sabido más de él.

Roberto Salinas indicó que para MR, ha sido muy difícil conseguir datos de las actividades de Blanco y reclamó a la administración estatal que no divulgue plenamente su agenda y la de los integrantes de su gabinete con el fin de que los ciudadanos estén en posibilidades de evaluar su desempeño.

Sin derechos humanos

Juliana García Quintanilla, activista de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, explicó a buzos que el actual gobierno estatal no atiende aspectos fundamentales como el de la preservación de los derechos humanos, dando la impresión de que Blanco no le da la debida importancia, como puede advertirse en el repunte registrado en la violencia contra las mujeres.

Esta displicencia también se observa en los problemas de salud, cuyo acceso representa un derecho fundamental, y en el laboral, ya que se promueve el confinamiento sanitario en casa, pero no se atiende el aspecto económico. “Una despensa no va a resolver que la persona haya perdido su trabajo, y en este caso, las que son más afectadas son las mujeres”.

“Al no atenderse las acciones de violencia en contra del sector de mujeres en el ámbito doméstico, laboral, social, su repercusión es la culminación en el feminicidio, porque muchos casos de violencia que no son atendidos, se dejan en abandono. Éste es un problema de derechos humanos de las mujeres que este gobierno en particular no está atendiendo, y eso nos parece grave, porque es un reflejo de lo que ocurre en los demás sectores, porque los derechos de las mujeres se relacionan con el tema laboral, de salud, educación, porque, por ejemplo, ¿a quién se le está cargando el problema de la educación? A las madres; porque además de otras actividades domésticas, la hacen de profesoras, lo cual significa que se les está cargando el trabajo y no se les está atendiendo su problemática”, denuncia García Quintanilla.

Cuauhtémoc Blanco se ha distinguido reiteradamente como el peor mandatario de los gobiernos estatales, de acuerdo con un análisis realizado en el último año y medio sobre el desempeño de los titulares en las 32 administraciones locales del país.

De acuerdo con el Ranking de Gobernadores de México, elaborado por Consulta Mitofsky en julio de 2020, Blanco Bravo apareció nuevamente como el peor evaluado de los 32 ejecutivos locales en funciones, con una aceptación social de solamente el 17.3 por ciento; es decir, cuenta con el rechazo del 82.7 por ciento de los habitantes de Morelos.

Ha pasado el tiempo y sigue en niveles parecidos. En un análisis de la organización México Elige, cuyos resultados se reportaron el nueve de noviembre de 2020, se documenta que, prácticamente, el 80 por ciento de los morelenses desaprueban al gobernador Blanco, y que su aceptación social es de solo el 21.5 por ciento.

Además, el mandatario está navegando en un conflicto entre el PES, que lo promovió para gobernador, y los dirigentes y legisladores de Morena, incluso del PT, membretes que también apoyaron su candidatura al gobierno morelense.

Las mismas organizaciones civiles que lo apoyaron en 2018 hoy se han sumado al cuestionamiento de su falta de actividad como gobernador; es el caso de la asociación Gustavo Salgado Delgado, que ha expresado su arrepentimiento por haber impulsado a Blanco y ahora demanda su renuncia a causa de su evidente incapacidad para afrontar las necesidades de seguridad pública de Morelos, cuya población es azotada por la violencia delictiva.

Rivas Ríos, uno de los activistas de esta organización civil, asegura que apoyaron electoralmente a Blanco con la esperanza de que atendería con eficacia este grave problema social; que se comprometió a respaldarlos formando un equipo de trabajo especializado; pero que esto no ha ocurrido y, ahora, la mejor salida a la situación actual es la renuncia del mandatario estatal.

El activista social cuestionó también su falta de resultados en la construcción de obras públicas y en la reactivación de la economía local; insistió en puntualizar que el problema de la seguridad pública es uno de los mayores en la entidad porque, aunque los datos oficiales indican que en 2019 se cometieron 935 homicidios, información extraoficial estima que han sido mil 500.

El cuatro de septiembre de 2019, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso Local, la diputada del PT Tania Valentina Rodríguez Ruíz denunció, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los actos de corrupción cometidos por Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador Blanco.

Durante la sesión de apertura del primer periodo de sesiones de este año, la también coordinadora parlamentaria del PT señaló que el gobierno de Blanco ha recogido “todos los vicios de los gobiernos locales anteriores” de Morelos.

Choque con los ayuntamientos

En varias ocasiones, el gobierno de Blanco ha tenido que enfrentar manifestaciones públicas encabezadas por presidentes municipales de Morelos debido a decisiones estatales que han afectado a sus poblaciones o iniciativas legales impulsadas por aquél en el Congreso de Morelos.

El nueve de junio pasado, 19 de los 36 alcaldes morelenses se manifestaron en la plaza de armas de Cuernavaca para expresar su rechazo a una reforma electoral con la que se pretendía autorizar la reelección de los legisladores estatales hasta por cuatro periodos, a partir de 2021.

Los ediles denunciaron presiones ejercidas por los funcionarios del gobierno de Blanco y de los legisladores que simpatizan con él, quienes incluso intentaron chantajearlos, amenazándolos con que serían objeto de investigaciones sobre el control de recursos públicos en sus municipios.

Dentro de los denunciantes se hallan los alcaldes de Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas. Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala y Tlalnepantla.

Los alcaldes mencionaron que no era oportuno impulsar una reforma electoral de ese tipo cuando el pueblo de Morelos espera respuestas a las crisis sanitaria y económica mediante apoyos urgentes para la gente que ha perdido sus empleos.

El 14 de abril hubo una protesta por un singular caso de violencia cometido por un grupo armado que asesinó a tres médicos adscritos al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca. El acontecimiento criminal ocurrió en la zona de Tilzapotla, Puente de Ixtla

La indignación social llevó a médicos, organizaciones civiles y representantes de otros sectores sociales a manifestarse ese día frente a Palacio de Gobierno para expresar su malestar por la creciente ola de violencia en la entidad y cuestionar la falta de gobernabilidad que prevalece en Morelos.

Otro problema que el MRC cuestiona al gobierno de Cuauhtémoc Blanco es la inadecuada aplicación del presupuesto. Roberto Salinas sostuvo que en 2019 fue de 22 mil 792 millones 68 mil pesos, pero que, a finales de ese año, se reportó un sobreejercicio inexplicado de más de 10 mil millones de pesos (mdp), porque se gastaron 32 mil 598 millones 364 mil 152 pesos.

Explicó que uno de los rubros con gasto excedente fue el destinado a la difusión gubernamental a través de los medios de comunicación masiva. El gasto inicialmente programado fue de 52 millones 340 mil 643 pesos y el finalmente ejercido de 162 millones 374 mil 533 pesos.

También se invirtió más de lo debido en la adquisición de muebles de oficina, equipos de cómputo, fotografía y video, así como en automóviles. En el caso específico de muebles de oficina, el presupuesto era de 15 mdp, pero finalmente se ejercieron 127 millones 844 mil 753 pesos, reveló Roberto Salinas.

En contraste, y a un nivel en extremo relevante, el gasto en seguridad pública reportó subejercicio, pues de los 222 millones 730 mil pesos inicialmente previstos para infraestructura en esta área, solo se ejercieron 27 millones 31 mil 399 pesos.

Marco Antonio Salgado Gama, dirigente del grupo Cuauhtémoc, formado por comerciantes de diversos giros del centro de Cuernavaca, denunció que el gobierno encabezado por Blanco no ha dado ninguna muestra de que esté “encabezando una transformación positiva en el estado como la que ofreció cuando tomó posesión de la gubernatura, el 1° de octubre de 2018”.