El monto destinado a pensiones “contributivas” y “no contributivas” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrentan serias dudas porque arriesgan las finanzas públicas, debido a que suman 1.7 de los 8.3 billones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, que equivalen al 20 por ciento de éste y se elevarán en 12.8 por ciento con respecto a su monto de 2022. Destacan las pensiones, utilizadas por el Presidente con un fin político, como lo demuestra la propuesta del PEF del próximo año.

Analistas consideran “demasiado optimistas” los cálculos de la administración federal para solventar el gasto del año próximo, cuya propuesta es superior, por 1.2 billones de pesos (bdp) al de este año, cuando el país enfrenta un alza inflacionaria de casi el nueve por ciento y su crecimiento económico será mínimo.

En el estudio Implicaciones del Paquete Económico 2023, publicado el 14 de septiembre, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) afirma que el gobierno subestima la previsión de que el año próximo habrá muy bajo crecimiento económico debido a los altos índices de la inflación y las tasas de interés.

Los 1.7 bdp adicionales serán destinados, principalmente, a financiar los dos tipos de “pensiones contributivas” –las obtenidas con base en aportaciones del trabajador, patrón y gobierno– y las “no contributivas”, es decir las del “bienestar”, asignadas a personas con 65 años y más y son con cargo directo al presupuesto público.

Además de éstas, cuyo aumento será del 34.3 por ciento en 2023, figuran también otros 15 programas sociales del gobierno de AMLO, entre los que destacan las becas para estudiantes y no estudiantes sin empleo.

Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, reportó, el pasado 12 de septiembre, que los 1.7 bdp destinados a las pensiones representan el 20 por ciento del total presupuestado; y que reduce el margen de maniobra del gobierno porque tal incremento no está acompañado de una reforma fiscal que lo respalde con ingresos mayores.

Las “pensiones contributivas” son de dos subtipos: Una se otorga con base en la ley de 1973, que establece que los trabajadores, una vez cumplidos 65 años y de cubrir un mínimo de 500 semanas de cotizaciones, pueden obtener mensualidades hasta del 100 por ciento según el salario promedio de sus últimos cinco años de servicio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también las otorga por cesantía en edad avanzada; riesgos originados en el trabajo (accidentes); invalidez, viudez u orfandad. En los casos de edad avanzada, se consigue cuando el trabajador tiene entre 60 y 64 años, aunque el monto varía entre 85 y 95 por ciento del salario, según su edad; cuando llega a 64 años, seis meses y un día ya puede alcanzar el 100 por ciento.

La “pensión contributiva” se otorga con base en la ley expedida el 1° de julio de 1997; y sus recursos son controlados por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), que tiene la figura de empresa privada, cuya mayoría pertenece a grupos financieros y bancarios que cobran comisión por la administración de cuenta; y usan el dinero para hacer inversiones, de cuyo rendimiento financiero brindan una participación mínima a los pensionados.

Cálculos sin sustento

Según el proyecto de PEF-2023, el gasto público de 8.3 bdp será respaldado con los siguientes ingresos: 1.3 bdp de la venta internacional de petróleo y 5.8 bdp de la recaudación de impuestos, cantidad de la que dudan los especialistas, quienes consideran la adversa situación económica pronosticada para 2023.

El grupo financiero Citibanamex publicó un análisis en el que sus especialistas califican como preocupante “el exceso de optimismo” de tales cálculos, los cuales contrastan notoriamente con las negativas condiciones económicas esperadas para el año entrante.

Adrián de la Garza anotó que la falta de realismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se advierte en la previsión de un crecimiento de la economía de tres por ciento para 2023, porcentaje que está muy por encima de lo estimado por varios especialistas que coinciden en que será del 1.5 en promedio.

Con relación al gasto destinado a los programas sociales y las obras prioritarias del Gobierno Federal, De la Garza informa que “… este presupuesto es lo que sea menos austero; austero no es, vemos aumentos ya no nada más en estos proyectos emblemáticos y en el tema del gasto social, sino también en muchos otros rubros…”.

Según las estimaciones de la SHCP, la inflación cerraría 2022 en 2.4 por ciento y sería del 3.2 por ciento en 2023; aunque los expertos consideran que sería de por lo menos el 4.7 por ciento.

Según el informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) del pasado 22 de septiembre, en la primera quincena de ese mes, la inflación se ubicó en 8.76 por ciento que, de acuerdo con la organización México Cómo Vamos, desde hace 22 años es la más alta para una primera quincena de septiembre.

El 29 de septiembre, el Banco de México (Banxico) previó que el nivel de inflación esperado a finales de 2022 sería del 8.6 por ciento, cinco puntos base mayor a su anterior expectativa de 8.1 por ciento.

Consultado por buzos, el investigador y analista económico Kristobal Meléndez Aguilar comentó que los aumentos en la inflación perjudican las pensiones. “Es un hecho que se está perdiendo el poder adquisitivo de las pensiones, el monto disminuye y la situación es que esto se puede agravar”.

Meléndez calcula que el poder adquisitivo de las pensiones se ha reducido al menos en 20 por ciento durante los últimos 12 meses; y destacó que éstas pierden su valor con el paso de los años; y que esta percepción se evidencia más desde que el trabajador las gestiona.

El experto explicó también que no todos los trabajadores en México tienen una “pensión contributiva” debido a que muchos forman parte de la informalidad laboral y trabajan sin contratos ni prestaciones sociales. Hasta septiembre pasado había 31.9 millones de mexicanos en esta situación; y representan el 55.3 por ciento de los 57.6 millones de personas con una actividad remunerada en el país, según datos del Inegi.

Más endeudamiento

Para respaldar el PEF 2023, el gobierno de AMLO prevé solicitar créditos por 1.2 bdp que contratará en el país (deuda interna) y cinco mil 500 millones de dólares (mdd) en deuda externa (fuera del país); y que equivalen a 112 mil 500 millones de pesos (mdp).

La deuda interna será concertada con inversionistas privados por el Gobierno Federal, entre los que están los fondos de pensiones administrados por las Afores –originalmente mediante las Siefores, y ahora por el Fondo de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Fiefores) desde 2019, las empresas encargadas de invertir dinero de las pensiones.

La deuda externa comúnmente se contrata en dólares y con organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros grupos internacionales.

Un elemento relacionado con la deuda interna y las “pensiones contributivas” son las inversiones en los sectores público y privado por las Afores pertenecientes a grupos financieros y bancos, sobre todo internacionales que, desde 1997, administran fondos de pensiones cuyo dinero invierten buscando rendimientos o ganancias.

Ante la falta de transparencia y cabal rendición de cuentas de la administración de AMLO, los analistas y las organizaciones civiles especializadas dudan de hasta qué punto se usan los fondos de pensiones para sostener las magnas obras y cuál es su situación de riesgo.

En varias ocasiones han advertido que las obras prioritarias del actual gobierno –la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya– carecen de estudios reales costo-beneficio, hasta ahora no han sido concluidas y están lejos de demostrar su rentabilidad.

A partir de 1997, las encargadas de hacer las inversiones con fondos de pensión eran las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores), aunque solamente cuando se pudiera garantizar plenamente un mínimo riesgo de pérdidas; y que las inversiones se hicieran en México.

El 31 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma aprobada en el Congreso de la Unión correspondiente a abril, que modifica el funcionamiento de las Siefores, abriendo paso a las Siefores- Fiefores que establecen una diferencia entre las cuentas de Afore basada en la fecha en que se pensionaría el trabajador, además de ampliar el campo de acción permitiendo inversiones en el extranjero.

Las cuentas de Afore con mayor tiempo para que el titular inicie sus trámites de pensión en 20, 30, 40 años, determinan inversiones mediante las Fiefores de mayor plazo para recuperar lo invertido; y pueden ser con mayores riesgos de pérdidas, por ejemplo, en la construcción de obras privadas y públicas.

Mientras con las Afores en que el titular de la cuenta se acerque más a la edad de solicitar su pensión, las inversiones tenderían a ser más seguras, colocando el dinero en bonos del Gobierno Federal, un tipo de créditos otorgado por particulares a cambio de un interés fijo.

En 2021, Banxico presentó el estudio La Reforma del Sistema de Pensiones de México: Posibles Efectos sobre las Jubilaciones, la Dinámica del Ahorro Obligatorio y las Finanzas Públicas, en el que se aclara que los más de cinco bdp depositados en 32.7 millones de cuentas de Afore (al 2021) constituyen hoy por hoy una fuente de financiamiento para el Gobierno Federal.

“… los fondos de estas instituciones han permitido tanto aumentar el plazo de financiamiento del Gobierno Federal, favoreciendo así la sustitución de deuda externa por interna… han contribuido de manera importante al desarrollo de los mercados de deuda interna del país…”. Las Siefores (hoy Fiefores) “…se han convertido en inversionistas institucionales muy importantes para los mercados financieros nacionales…”, expone el documento de Banxico.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha negado que las magnas obras del gobierno de AMLO se financien con recursos del fondo pensionario administrado por las Afores, pero también ha matizado que las ahora Fiefores son libres de decidir en qué invertir el dinero para obtener dividendos y ha reconocido la existencia de inversiones con pensiones en bonos de deuda gubernamental y proyectos de energía del actual gobierno.

Incluso, durante su conferencia mañanera del ocho de enero de 2019, el recién habilitado Presidente de México anunció el Programa de Impulso al Sector Financiero, en cuyo marco la SHCP informó: “… Se brindará mayor flexibilidad al régimen de inversión de las Afores para inducir la inversión productiva de largo plazo…”. La reforma correspondiente se divulgó en el DOF el 31 de mayo de 2019.

Aumentos para el “bienestar”

En cuanto a las “pensiones no contributivas” con cargo directo al presupuesto público, conocidas como del “bienestar”, políticos de oposición y analistas han denunciado reiteradamente que son utilizadas para comprar votos y beneficiar a los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En 2023 habrá un incremento relevante en este gasto oficial, que coincidirá con las elecciones para renovar gobernadores, alcaldes y congresos locales en los estados de México (Edomex) y Coahuila. El primero tiene el padrón más grande del país con 12.3 millones de electores. Ambos procesos son estimados por los especialistas como fundamentales para la elección presidencial de 2024.

El año entrante aumentará el gasto de los 16 programas sociales; y su monto llegará a poco más de 600 mil mdp, la mayoría de los cuales se repartirán en becas para jóvenes estudiantes y no estudiantes sin trabajo y en apoyos monetarios directos a adultos mayores de 65 años.

Las pensiones del “bienestar” tendrán el mayor incremento entre los 16 programas sociales con el 34 por ciento en comparación con lo destinado en 2022, cuyo presupuesto pasaría de 238 mdp en 2022 a 335.5 mdp de pesos en 2023.

Previo a las elecciones federales del seis de junio de 2021, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés denunció que los beneficiarios de apoyos del “bienestar” –entre ellos los adultos mayores– fueron conminados a votar por los candidatos de Morena con la advertencia de suspender su tarjeta de débito en caso de no hacerlo.

Los receptores de los apoyos sociales del gobierno de Morena son enlistados en la Secretaría del Bienestar (Bienestar) por los Servidores de la Nación, 18 mil jóvenes que antes del actual gobierno formaban el equipo de promoción del voto de la campaña presidencial de AMLO en 2018.

Los receptores de las becas para estudiantes y sin empleo, con edades entre 18 y 29 años, y las pensiones para adultos mayores con 65 años y más tienen un significado relevante en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE). Los datos sobre la cantidad de beneficiarios y montos son los siguientes:

La entonces subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, -actualmente secretaria-, durante la mañanera del 30 de diciembre de 2021, informó que nueve millones 311 mil 834 adultos con 65 años y más recibían pensiones por un monto de 150 mil mdp. A tres meses de las elecciones federales del seis de junio, el Presidente anunció en Guelatao, Oaxaca, que las pensiones se incrementarán gradualmente para llegar a seis mil pesos bimestrales en 2024, cuando coincidirán con la elección presidencial.

En 2022, la pensión del “bienestar” es de tres mil 850 pesos que son entregados cada dos meses, es decir, mil 925 pesos mensuales, una cantidad menor a la pensión mínima del IMSS en 2022, que es de cinco mil 836.52 pesos mensuales.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Acambay, Edomex, Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) informó, el 18 de junio de 2022, que ocho millones de estudiantes las reciben.

Durante una asamblea informativa realizada en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, anunció, el 29 de julio de 2022, que dos millones 315 mil 469 personas reciben la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCD), cuyo gasto era de 82 mil 976 mdp.

Según los datos anteriores, 10 millones 315 mil 469 jóvenes de entre 18 y 29 años reciben una aportación monetaria del “bienestar”; lo mismo ocurre con nueve millones 311 mil 834 adultos mayores de 65 años y más.

En una comparación con la lista nominal del INE, integrada por 94.2 millones de ciudadanos al corte del 23 de septiembre de 2022, esos 10.3 millones de jóvenes becarios representan cerca de la mitad de los 25.8 millones de ciudadanos que tienen credencial para votar.

A su vez, los 9.3 millones de adultos mayores que reciben una pensión del “bienestar”, representan la mayoría de los 11.7 millones de ciudadanos con 65 años y más poseedores de una credencial de elector.

Uso político de las pensiones

Tanto las pensiones “contributivas” como las del “bienestar”, son utilizados por el Presidente con fines políticos. El Presidente garantiza, en el caso de las del “bienestar”, más de diez millones de apoyos, pues es la cantidad de beneficiarios, según los datos de la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Para ello, se contemplan mayores recursos en el PEF del siguiente año.

Aunque la Consar rechazó el uso de las pensiones en obras públicas de este Gobierno, éstas representan una bolsa de recursos que podría tentar a cualquiera.

Este año, el sistema de pensiones que administran las Afores cumplió 25 años, y acumula los ahorros de los trabajadores en 63.7 millones de cuentas individuales con un total de 3.6 bdp. Esta cantidad equivale a 15 por ciento del PIB y en 11 años se triplicará para alcanzar los 9.4 bdp.