De las 61.7 millones de personas que sobreviven en la pobreza –al menos 9.3 millones se hallan en miseria extrema– son las que sufrirán más las consecuencias de la multifacética crisis que agobia a México en el inicio del segundo año del gobierno del  presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La debilidad de la economía nacional y la clara perspectiva de una recesión mayor son el escenario “perfecto” para que la pandemia del coronavirus (Covid-19) agrave los problemas  sanitarios, socioeconómicos, de seguridad pública y políticos que gravitan sobre gran parte de los mexicanos.

Los especialistas consideran que la endeble situación económica ocasionará que las afectaciones sociales sean más drásticas que en otros países, con lo que se incrementaría el número de pobres, habría graves problemas para obtener los ingresos que requieren para su  consumo básico, entre los que hoy destacan los alimentos y los servicios de salud.  

En el documento de trabajo Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, los investigadores Jesús Waldo Martínez, Concepción Torres y Ernesto Orozco, del Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD), dicen: “(…) respecto a las condiciones socioeconómicas de la población, la pobreza es uno de los factores más importantes que deben considerarse, pues permite estimar la capacidad de respuesta de la población mexicana ante la epidemia y sus consecuencias económicas: en 2018, 49.5 por ciento de la población, es decir, 61.7 millones de personas, se encontraban en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Otro factor es la desigualdad en el acceso a derechos sociales, de los cuales destacan los que tienen relación directa con las condiciones sanitarias en las cuales se enfrentará la contingencia: 20.2 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud; 24.7 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda; 13.8 millones no disponen de espacios y condiciones mínimas de calidad y 25.5 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y adecuada (…)”.

La pobreza se concentra en el sur del país, región paradójicamente codiciada por sus riquezas naturales. De acuerdo con estadísticas de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas concentra el mayor número de personas en condiciones de pobreza, con 76.4 por ciento de su población; le siguen Guerrero y Oaxaca, con 66.5 y 66.4 respectivamente.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Oaxaca ocupa el primer lugar en informalidad laboral, con 81.9 por ciento de su población económicamente activa (PEA), la cual trabaja básicamente en comercios en la vía pública. Al cierre de 2019, ocho de cada 10 trabajadores de Guerrero estaba en la informalidad y en Chiapas este sector representaba 71.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) estatal.

Trabajadores informales, los más perjudicados

Las medidas de prevención contra la pandemia de Covid-19, entre las que destaca el confinamiento de millones de personas en sus casas, incluidos quienes pueden laborar desde ahí, arrebatarán su clientela habitual a los comerciantes formales e informales en las próximas semanas o quizás meses.

Los más vulnerables en este caso están siendo ya los comerciantes que venden múltiples productos en las calles de las ciudades del país, además de los trabajadores del volante que operan taxis y rutas, quienes viven con los ingresos del día y, por lo mismo, están negándose rotundamente a suspender sus actividades.

Analistas calculan que en la Ciudad de México (CDMX) dos millones de personas laboran en la vía pública. El gobierno local solo tiene censadas a 109 mil 186 personas, quienes serían las beneficiaras del programa de apoyo de 10 mil pesos anunciado en días pasados por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

Previamente, AMLO había anunciado un plan de apoyos emergentes para estos trabajadores que, en realidad, se incorporan a los programas Tandas del Bienestar, para beneficiar a emprendedores y pequeños y medianos empresarios (Pymes) con base en un préstamo inicial de seis mil pesos, que luego aumenta cuando el adeudo es pagado.

El programa Tandas de Bienestar, sin embargo, beneficiará a un millón de personas en México, cuando en toda la República hay 22 millones de Pymes. Es decir, los apoyos gubernamentales serán insuficientes; y el sector de los pequeños y medianos empresarios del país resultará severamente afectado por la multifacética crisis de este año. Hay que destacar, además, que este tipo de empresas son las principales empleadoras en México. 

En su reporte de empleo de febrero de 2020, el Inegi reportó que el 57.7 por ciento de la PEA trabaja en la economía informal, cuya mayoría está formada por vendedores en las calles y al cual pertenecen otros trabajadores, cuyos ingresos son muy bajos e inestables y no cuentan con servicios médicos ni prestaciones sociales. Son 31.3 millones de mexicanos y su número equivale a dos tercios de los 56 millones de trabajadores de la PEA.

Para el doctor David Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el porcentaje de población trabajadora que labora en la informalidad puede ser actualmente del 67 por ciento de la PEA y no 57 por ciento, como se reporta oficialmente. Lozano se apoya en un estudio realizado por el CAM.

En el porcentaje de trabajadores informales, explicó el especialista, hay un sector totalmente informal; otro que combina la informalidad con un empleo formal para completar sus bajos ingresos; y uno tercero, sobre todo en zonas rurales, formado por niños y adultos mayores.

En el caso de la población infantil que trabaja, se trata de personas menores a los 15 años que, por la edad, no son contabilizados en las mediciones oficiales de la PEA. En los adultos mayores aún laborantes, las causas de su actividad son dos: porque no tienen pensiones o porque éstas son muy bajas.

Desplome económico, mayor desempleo

Analistas independientes, de bancos y agencias internacionales de evaluación financiera y crediticia, anticipan un desplome en el crecimiento económico de México para este 2020, muy superior al observado en 2019, que fue del 0.1 por ciento. La tasa más alta fue calculada por la agencia internacional JP Morgan, que prevé una caída de hasta el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta previsión fue publicada el 27 de marzo de 2020.

En cuanto al desempleo, existe un factor íntimamente relacionado con el crecimiento económico, en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2020, editado en enero de este año; la Organización Mundial del Trabajo (OIT) diagnosticó que, por la caída de 0.1 por ciento en el PIB de 2019, México perderá al menos 172 mil empleos y la tasa de desempleo aumentaría del 3.4 de 2019 a 3.7 por ciento este año. Ese cálculo fue realizado antes de que estallara la actual emergencia sanitaria y cuando México se hallaba en el preámbulo de una recesión económica mayor, razón por la que esas previsiones podrían ser peores.

Como indican los expertos, un desplome económico trae siempre aparejado un aumento del desempleo. El doctor David Lozano explicó que, por cada punto de decrecimiento económico, se pierde al menos un millón de empleos; de tal forma que si la caída es del siete por ciento, como ha calculado JP Morgan, al final de este año México podría tener siete millones de desempleados más.

El doctor Lozano advirtió que el Gobierno Federal debe ejecutar urgentemente acciones económicas para, al menos, atenuar los efectos de la crítica situación. “Tendrá que plantearse en concreto qué medidas se van a tomar para la reactivación de la economía, pero hasta el momento no se ha mencionado ninguna. Por ejemplo –indicó– apoyos fiscales para la micro y pequeña empresa, para que eviten despedir trabajadores y determinar cómo se apoyará a las personas que pierdan su empleo”.

Para Kristóbal Meléndez Aguilar, analista económico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP): “la afectación de la sociedad es muy importante, habrá personas que pierdan el empleo y dejen de tener ingresos, esto trae un efecto secundario, porque si las personas tienen menos ingresos, también consumen menos. Además, esto genera violencia, inestabilidad social e incertidumbre. Mientras más rápido se pueda garantizar que la mayoría de las personas pueda obtener un ingreso, podría haber una recuperación. Esto se tiene que ver en una totalidad, porque puede haber programas con los que se ayude a los trabajadores formales, ¿pero qué pasaría con los trabajadores informales? es algo más complicado que puedan mantener sus ingresos”. 

En relación con los apoyos que deben desplegarse entre los trabajadores informales, Meléndez explicó que la distribución obedece a que ese tipo de respaldos van dirigidos generalmente a la economía formal. “Sería un mecanismo complicado, porque muchas veces los recursos han quedado limitados al mercado formal; pudiera haber apoyos para el mercado informal, pero primero se tendría que detectar quiénes son estas personas y cómo se les van a dar los beneficios. Porque muchas veces, aunque existan esos beneficios, no los piden por el temor a ser detectados, temen que al darse a conocer, la Secretaría de Hacienda los estará fiscalizando”.

Canasta básica por las nubes

En contraste con la baja en el precio de las gasolinas, originada por la caída de las tarifas internacionales del petróleo crudo, los precios de los productos alimentarios básicos están al alza. Por ejemplo, el kilo de tortilla, que se vendía en 15 pesos promedio, para la semana anterior llegó hasta 20 pesos en algunas entidades y el kilogramo de huevo se elevó de 35 a 38 pesos por kilo, todo durante la semana del 23 al 27 de marzo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que no hay justificación para el incremento en los precios y convocó a las corporaciones oligopólicas de estos productos, Bachoco y Maseca, a mantener sus precios. Anunció también que comenzará a imponer apercibimientos, incluso se aplicarán multas de hasta tres millones de pesos.

En este mismo periodo de turbulencia empezaron a registrarse robos hormiga y saqueos masivos  (algunos de ellos fallidos) en tiendas de autoservicio y conveniencia. Al cierre de esta edición se habían reportado unos 50 casos en los perímetros de 11 de las 16 alcaldías de la CDMX y varios municipios conurbados del Estado de México (Edomex) como Tecámac y Ecatepec, aunque también se registran en otras entidades, como Yucatán.

Las autoridades locales pusieron en marcha operativos de vigilancia en el exterior de los comercios. En el caso de la CDMX se habilitaron seis mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), especialmente en los perímetros de las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Benito Juárez; en el Edomex, en comercios establecidos de Ecatepec y Tecámac.

Las autoridades atribuyeron los robos y saqueos a pequeñas bandas delictivas locales, tal como ocurrió en 2017 tras el “gasolinazo”; porque en la mayoría de los casos, los productos robados fueron teléfonos celulares, aparatos electrónicos, cigarros, refrescos, botanas. Es decir, no los han considerado como acciones de desesperación económica.

Deficiente sistema de salud

El embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en el país, Christopher Landau, convocó el pasado 27 de marzo a regresar a su país a ciudadanos estadounidenses radicados o de viaje en territorio mexicano, con el fin –precisó– de que aseguren una mejor atención médica allá. Este mensaje indignó a varios ciudadanos mexicanos y se convirtió en tendencia en Twitter. 

Con la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los centros de salud han entrado en crisis por falta de medicamentos, equipo y personal médico, como este medio denunció en sus números (881 y 883). Por este hecho, los riesgos sanitarios creados por la actual pandemia son muy altos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó, en noviembre de 2019, que de los 37 integrantes de este “club de países”, México tenía el menor gasto en materia de salud, 150 dólares por persona, en tanto que el promedio de los demás miembros era de cuatro mil dólares, aunque había naciones como EE. UU., cuyo gasto por persona era de 10 mil dólares. Este dato figura en el reporte Panorama de la Salud 2019.

En este mismo informe, la OCDE precisa que en el caso mexicano, los gastos de las familias, en materia de salud, representan 40 por ciento de su ingreso total, por lo que muchas veces evitan, al grado que pueden, gastar en salud. A este problema se suma el diagnóstico elaborado por el IBD del Senado de la República donde se reporta que los rezagos del Sistema Nacional de Salud (SNS) “juegan en contra de las posibilidades nacionales para afrontar la epidemia del coronavirus”.

Judith Senyacen Méndez, especialista del CIEP, en el reporte de investigación Presupuesto para Prevención y Control de Enfermedades, informa: “en México el gasto público en salud se ha ubicado entre 2.5 por ciento y 2.9 por ciento del PIB en el periodo de 2010 a 2020, esto es menos de la mitad del porcentaje sugerido por la OMS”.

Las limitaciones institucionales del sistema público de salud constituyen condiciones desfavorables que se agudizan ante las restricciones presupuestales, con la puesta en marcha del plan de austeridad aplicado por el Presidente; pese a la negativa de éste a aceptar la realidad, los desafíos asociados al suministro de medicamentos, la capacidad instalada, el equipo y la infraestructura hospitalaria, el personal sanitario y las estrategias para prevenir y atender la salud pública, aumentarán con la inminente crisis.

El  reporte del CIEP anticipa que, ante el escenario de bajo crecimiento económico: “se perfila una situación de expectativas desfavorables para el desarrollo nacional, pues se han debilitado las cadenas de producción, la exportación, la inversión y el empleo, a lo que se suman los recientes desequilibrios sobre el tipo de cambio, los precios del petróleo y las caídas en la bolsa de valores”.