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Foto: Víctor de la Cruz M.
Con información de Diana Villegas
Ciudad de México. – A cinco años de la desaparición de los jóvenes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa Guerrero, los padres e integrantes de la sociedad civil, demandaron este jueves al gobierno de Andrés Manuel López Obrador justicia y den con el paradero de los estudiantes.
Los padres encabezaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la capital. Ya frente a Palacio Nacional, reiteraron que continuarán exigiendo justicia, tal como lo vienen haciendo desde 2014, año en que ocurrieron los hechos.
“Ellos solo querían salir adelante, no se querían quedar en el campo”, afirmó Joaquina García, madre de uno de los jóvenes. Reiteró que la lucha es por el amor que cada uno de los padres y sus familias les tienen a sus hijos, es por ello que no abandonarán su demanda principal ante el gobierno actual, que den con el paradero de los normalistas, los presenten con vida y se castigue a los culpables.
De la misma forma se pronunciaron porque se investigue a los responsables de la llamada “verdad histórica”, es decir al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y Tomas Cerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
Exigen resarcir daños de la “verdad histórica”
Previo a la marcha de este jueves, los padres de familia recorrieron diversas instituciones en la que informaron acerca del avance sobre la investigación que emprendió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador casi al inicio de su gestión. De la misma forma, pidieron resarcir los daños que ha generado a los padres la “verdad histórica”, versión de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En la Universidad Autónoma Xochimilco (UAM), Melitón Ortega Carlos, vocero de los padres de los 43 normalistas, informó que han sido cinco años de larga espera y falsas esperanzas.
“Los padres han sido desplazados de la verdad, y la única versión de los hechos que les daban es la llamada verdad histórica con la que el Gobierno de Peña Nieto intentó dar el caso como resuelto, a pesar de que los hechos aún no se esclarecían y había irregularidades notables en el proceso”, dijo a universitarios en una conferencia la semana pasada.
De la misma forma dio a conocer acerca de la situación actual de su lucha y los nuevos compromisos que la denominada Cuarta Transformación (4T) ha realizado con los afectados.
Y es que desde el inicio de la campaña política de Andrés Manuel López Obrador “nos acercamos a él y le preguntamos qué pensaba del caso Ayotzinapa y en caso de llegar al poder que haría para ayudarnos, hoy que ya está en la silla presidencial esperamos que el nuevo gobierno federal nos ayude a esclarecer los hechos de Ayotzinapa”, declaró Ortega Carlos.
Para cometer impunemente tanto exceso, la 4T precisa anular toda resistencia social, y para ello... viola la Constitución.
El desempeño de la 4T en estos casi cinco años ha sido ríspido y polarizante, lo mismo con maestros, estudiantes, médicos, empresarios, periodistas y magistrados, que con instituciones políticas, organismos autónomos y clases medias.
Mientras empeora la disponibilidad de agua para agricultura en mayo, la Balanza Comercial Agroalimentaria registra déficit por mil 559 millones de dólares, la producción agrícola en 450 municipios de 19 estados de la República se encuentra en riesgo.
Las posturas económicas del nuevo gobierno no son claras, pero lo que sí es claro es que sus decisiones irresponsables ya empiezan a tener efectos negativos en las tendencias económicas del país.
La actual política de comunicación del gobierno ha repercutido en la prensa con el despido de decenas de profesionales.
El PEF de 2015, comparado con el del 2024, representa una disminución de 38 mil millones de pesos para la educación en México.
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades de los fétidos olores.
La violación constante a la Constitución en materia de separación Iglesia-Estado pone en riesgo al país de un conflicto religioso, comentó Antonio Vázquez, abogado de Futuro 21.
El próximo año la construcción de la obra alcanzará un costo 3.3 veces los 156 mil mdp presupuestados en un principio, alcanzando los más de 500 mil mdp.
Por estas arbitrariedades e injusticias ha aflorado la inconformidad en forma de protesta estudiantil o magisterial y las denuncias en todas las sedes de la institución.
El plazo límite legal para aprobar todo el paquete fiscal y de ingresos para el año próximo es el 20 de noviembre, de acuerdo con la Constitución.
En 24 horas, el número creció en 110 nuevos casos. De acuerdo con Salud hasta el momento se tienen registrados 2,156 casos sospechosos.
El problema es, entonces, más profundo. Y las soluciones posibles solo podrán llegar a realizarse si se aborda el problema en sus dimensiones reales.
La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor de Morena y sus aliados del PT y PVEM, y tuvo 24 votos en contra del PAN, PRI, MC y PRD.
Expertos señalan inviabilidad del proyecto.
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Escrito por Trinidad González Torres
Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.