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Cientos de niños, niñas y jóvenes de la localidad El corralito, en el municipio de Oxchuc, levantaron la voz y, junto a sus padres, denunciaron la falta de seguridad y de garantía para que asistan a clases en su municipio, pues, por la ola de violencia, las escuelas han cancelado las clases desde el pasado 26 de agosto.
Con pancartas y cartulinas, los alumnos exigieron al Gobierno de Rutilio Escandón, que garanticen la seguridad para regresar a las aulas. Y es que, desde hace semanas, grupos armados pertenecientes a diversas organizaciones han intimidado a los maestros y padres de familia para bloquear las instituciones.
El temor entre la población se agravó luego de que dichos grupos protagonizaran una balacera en la Escuela Primaria Fray Bartolomé de Las Casas, en donde sujetos utilizaron armas de de grueso calibre mientras los padres de familia sostenían una junta en el plantel escolar. Las balas impactaron en el techo del domo, en los cristales de las ventanas y en las paredes de los salones, según relató el Agente Auxiliar Municipal, Gustavo López Méndez, junto a Roberto López Díaz del Comité de Educación.
Afortunadamente, señalaron que en este momento no habían estudiantes y ninguno de los presentes salió herido. Los atropellos fueron condenados por la comunidad, que exige la intervención del Gobierno de Chiapas y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para documentar los hechos y garantizar la paz y la seguridad. Asimismo, pidieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública para verificar la situación por la que atraviesa la primaria, la secundaria y el Cobach en la localidad.
A decir de los denunciantes, los integrantes de las organizaciones han amedrentado a la población ya que ésta no respalda sus acciones de bloqueos de carreteras. En represalia, los integrantes de dichas organizaciones los expulsaron a varios miembros de la comunidad junto con sus hijos, dejando a los niños y niñas sin derecho a la educación.
El precio demasiado alto de uniformes, libros de texto y útiles escolares ha obligado a muchas familias de Michoacán a efectuar sacrificios inconcebibles.
Registros telefónicos sostienen la acusación en contra del exdirector jurídico de la Fiscalía General de Chiapas, Gustavo Ruiz Laparra.
Agentes de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se trasladaron al lugar de los hechos.
En Culiacán, Sinaloa, se reportaron balaceras y enfrentamientos, razón por la cual se suspendieron clases; así como parte del transporte público.
Organizaciones afirmaron que pobladores de 14 municipios de Chiapas se encuentran en “riesgo inminente” de convertirse en víctimas del crimen organizado.
Desde el 26 de diciembre, ocho bebés y recién nacidos han muerto por hipotermia ante las altas temperaturas invernales y la falta de suministros.
La Fiscalía inició una carpeta de investigación para quienes resulten responsables
El 5.8 por ciento de los menores no se encuentra con sus progenitores.
Chiapas, bajo el gobierno de Morena, cerró 2024 con 867 homicidios dolosos, la cifra más alta que alcanzó en una década.
La periodista Dalia Villatoro se vio obligada a abandonar su hogar en el municipio de Villaflores y a recibir protección para garantizar su seguridad.
Durante el regreso a clases, las principales vialidades de la capital, como Periférico, Churubusco, Insurgentes y Eje 5 Sur, se vieron afectadas por el congestionamiento vial.
Por lo menos 10 menores de edad asesinados y cuatro más que resultaron heridos en contextos de violencia criminal.
En algunas comunidades de otros 10 municipios se impidió la instalación de casillas y más de 60 mil electores no pudieron participar con su voto en la “fiesta democrática” del pasado dos de junio.
La Fiscalía de Distrito Metropolitano inició las investigaciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de homicidio.
El aumento de la violencia en la frontera sur del país, provocado por los cárteles del crimen organizado.
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Escrito por Ricardo López
Colaborador