La diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que tiene como finalidad  evitar que juicios de amparo sean utilizados por jueces y “obstaculicen”, en este caso,  la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de reforma se enlistó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en la que según la justificación es “para evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.

La iniciativa también va en contra de la renuencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de otros órganos autónomos a reducir sus altos salarios, advierte.

Su iniciativa contempla reformas a las fracciones XIV y XV al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, “para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado”, como Pemex y la CFE.

Destaca que “existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex; de lo que se trata es de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos, pese a ello se ha utilizado como pretexto la supuesta protección al ambiente”.

AMLO amenaza con enviar iniciativa de reforma a la Constitución

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si el poder judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se suspende definitivamente, enviará entonces una iniciativa de reforma a la Constitución mexicana.

Dijo que está seguro de que los cambios planteados en 12 artículos y transitorios de la Ley en su iniciativa preferente no contravienen a la Constitución.

Sin embargo, dos jueces de distrito especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, ordenaron suspensiones provisionales de aplicación general a favor de empresas que se ampararon ante los cambios. La primera suspensión se otorgó apenas 24 horas después de promulgada la ley reformada aprobada en el Congreso.

La nueva Ley, suspendida hasta la siguiente audiencia en que los jueces determinarán si se otorga la suspensión definitiva hasta la sentencia de los amparos, contiene cambios en las reglas del mercado para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tales como la prioridad en el despacho de energía a la hidroeléctrica y plantas de la estatal por encima de los privados y renovables; otorgamiento de certificados de energía limpia a plantas anteriores a la reforma del 2014, y revisión para posible cancelación de contratos entre CFE y particulares que resulten desventajosos para la empresa del Estado.