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El atropello a los derechos políticos del Movimiento Antorchista Poblano (MAP), después de cubrir todos los requisitos legales para constituirse en un partido político local, también atenta contra el derecho de decenas de miles de ciudadanos que se afiliaron en las 23 asambleas distritales realizadas en los últimos meses. La dirigencia del MAP denunció que antes de tomar tan arbitraria decisión, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) recibieron del gobernador Luis Miguel Barbosa la directriz de frenar el proceso de registro del nuevo partido político. El siguiente paso para acatar las órdenes recibidas fue llamar a una reunión que tuvo una serie de irregularidades, desde la convocatoria inesperada, a puerta cerrada y con el resguardo de fuerzas policiacas; hasta el acuerdo de negar rotundamente el registro al MAP con un argumento falaz: no haberse ceñido a los tiempos establecidos por el mencionado Instituto. Quedó así demostrada una vez más la forma arbitraria que pueden adoptar las autoridades electorales y el Poder Ejecutivo estatal, como si la jurisdicción de éste abarcara a los demás poderes y a todas las instancias de gobierno, como en tiempos de los señores de horca y cuchillo.
Todos los requisitos fueron cubiertos, y con creces, por el MAP; el gobierno del estado, así como las autoridades del IEE dejaron avanzar el proceso, tal vez esperando que aquél no fuera capaz de alcanzar el objetivo; o solo por probar hasta dónde podría llegar la simpatía y la atracción del MAP entre la población de la entidad. No se les ocurrió, sino hasta el último instante, objetar la citada extemporaneidad y solo actuaron al observar cómo se cubrían uno por uno, y con gran éxito, todos los requisitos para merecer el registro como un nuevo partido político.
Como el Estado no había manifestado su intención de atropellar la ley y pisotear los derechos ciudadanos, hubo quienes pensaron que se respetaría el derecho del MAP y que su transformación en partido político marchaba sobre ruedas; los que así pensaban se equivocaron por completo. Nadie debería esperar respeto a la ley por parte del gobierno morenista, que apenas asumió el poder de la nación comenzó a romper todas sus promesas de campaña.
Hay que reconocer que el MAP, ante sus indiscutibles resultados en cada fase del proceso para conformar un nuevo partido político, nunca esperó confiadamente ni creyó que su transformación en partido legal fuera una meta muy fácil de alcanzar; en su larga trayectoria, nunca ha realizado ninguno de sus avances sin tener que desarrollar previamente una fuerte lucha; por lo tanto, la ilegal negativa fue denunciada por la dirigencia del partido en formación desde el primer momento.
Tanto descaro para intervenir en contra de los derechos civiles en Puebla solo puede tener dos explicaciones: una gran torpeza política del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) en todos los niveles; su gran ignorancia de la forma adecuada de gobernar para mantener en paz a los ciudadanos; y una completa insensibilidad para entender la política. La segunda explicación posible es que tratan de provocar la inconformidad, el descontento, frenar a las fuerzas verdaderamente democráticas para, de este modo, serle útiles al gran capital que los llevó al poder y al que procuran servir fielmente con sus concesiones, reformas y tratados comerciales desventajosos.
Provocar el descontento, probar la paciencia del pueblo, atentar contra la democracia, violar los derechos, retar a las masas populares, en eso consistiría su experimento; y usan al IEE de Puebla como un instrumento y a la entidad como el laboratorio para crear un sistema y aplicarlo después en todo el país. Ahora prueban el efecto de su osadía, después la aplicarán con todos sus opositores políticos.
Pero los ciudadanos, hayan o no votado por el partido ahora gobernante, van despertando y tomando conciencia del carácter antidemocrático de la 4T; el descontento se propaga y la lucha por el registro legal del MAP se extiende a toda la entidad poblana, rebasando los límites locales y convocando al Movimiento Antorchista Nacional.
El procedimiento para el proceso de entrega de medicamentos inicia con una llamada al 5595 0009 11, en la que el paciente deberá indicar a qué institución médica pertenece, ya sea del IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE.
Analistas políticos denuncian que las giras de promoción electoral de las "corcholatas" obedecen a una precampaña presidencial encubierta, además de que se realizan con demasiada anticipación a los tiempos electorales legales.
La declaratoria de construcción del Tren Maya como un “asunto de seguridad nacional”, además de equivocada, es “el blindaje” para mantener en la opacidad los contratos de Fonatur con empresas privadas y el Ejército Mexicano.
Originalmente estas reformas entrarían en vigor el próximo 31 de agosto de 2024.
Las “excorcholatas presidenciales” Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Noroña fueron considerados en la lista final de candidaturas plurinominales para el Senado y la Cámara de Diputados por parte de Morena.
La FGR le imputa delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Tras haberle recortado el presupuesto al INE, la administración morenista ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.
La perversidad de ciertos políticos y periodistas puede ir, y frecuentemente va, mucho más allá de lo que pueda imaginar una persona de buena fe.
El Hospital General del IMSS, SLP, carece de equipo y especialistas que atiendan a derechohabientes de los 20 municipios de la Huasteca Potosina, incluidos sus vecinos de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
Entre los mandatos en “línea” que la maestra Delfina recibió durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, estuvo la orden que hoy la exhibe como una funcionaria sin voluntad política propia: cobrar 10% del sueldo de los trabajadores.
Ricardo Monreal, senador de la República detalló que, la reforma al Poder Judicial es prioridad.
No fue el huracán Otis el causante de la desgracia de Guerrero, sino un conjunto de factores. El principal es el alto número de pobres, que lo ubica entre los estados con mayor pobreza en la República.
“Ya son varios crímenes contra nuestros candidatos y las autoridades se hacen las desentendidas. Exigimos al gobierno de Morena y al IEE que se dé seguridad de inmediato”, dijo Aquiles Montaño Brito.
Colocar la moral de una persona como norma obligatoria de todos los mexicanos, por encima, incluso, de la ley, ¿no es el huevo de la serpiente de la dictadura?
López Obrador estaría en una operación político-electoral para lograr desaparecer la mayoría de los organismos públicos autónomos, que protegen los derechos ciudadanos ante posibles abusos del Ejecutivo.
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Escrito por Redacción