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Opinión invitada
Belisario Domínguez y la embestida autoritaria morenista
El 31 de mayo, Mario Delgado, dirigente de Morena, denunció de traición a la patria a 223 diputados de oposición por haber votado en contra de la Reforma Eléctrica. Tal denuncia, jurídicamente hablando, difícilmente procedería.


Uno de los personajes más emblemáticos en la historia de nuestro país es sin duda Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano, quien al ser Senador de la República criticó valiente y duramente al gobierno de Victoriano Huerta, después de que éste se hizo del poder derrocando por las armas al gobierno de Francisco I. Madero, emanado de la Revolución Mexicana de 1910. Por sus discursos y por encabezar la intención de exigir la renuncia del usurpador Huerta al haber agraviado con sus actos a las leyes y a la democracia, Belisario Domínguez fue torturado, le cortaron la lengua y lo asesinaron el 7 de octubre de 1913. Al hacerse eco en la Cámara de Diputados de la indignación que generó este crimen atroz, Huerta la disolvió y encarceló a más de 90 diputados. 

En estos tiempos donde el presidente López Obrador y su partido Morena se conducen en la ilegalidad, es necesario recordar este hecho como una muestra de lo importantes que son las salvaguardas de las que gozan los funcionarios de la república, entre ellos, los legisladores federales, que buscan precisamente proteger su función de los embates del autoritarismo.

Y que esto debe seguir así, lo demuestra la denuncia penal que el 31 de mayo, el dirigente de Morena Mario Delgado presentó ante la Fiscalía General de la República, contra 223 diputados de oposición que el pasado 17 de abril, votaron en contra de la reforma eléctrica promovida por el Presidente y que fue su primera gran derrota en el Congreso. En la denuncia se acusa a los diputados de traición a la patria, delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, fracción I, con pena de prisión de 5 a 40 años a quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Jurídicamente hablando, tal denuncia difícilmente procedería. Dos elementos lo indican así.

El primero es que el artículo 61 constitucional señala que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.” En diversos criterios de interpretación judicial, se ha determinado que esta disposición establece la inviolabilidad parlamentaria, una garantía de orden público que el sistema constitucional mexicano otorga a los legisladores en el ejercicio de su cargo, para resguardar la función del Poder Legislativo y con ello, el equilibrio de poderes, pues protege la libre discusión y toma de decisiones parlamentarias. Esta prerrogativa universalmente admitida, establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por lo manifestado en los debates y menos por el sentido de su voto respecto de las iniciativas de reforma, esto es, ello no puede ser motivo para que se les persiga, y menos por la vía penal.

Si la inviolabilidad parlamentaria no bastara para frenar cualquier intento de persecución penal contra los legisladores, el segundo elemento que hace difícil que proceda la denuncia de Morena es que, amén de lo ambiguo que es el tipo penal de traición a la patria, en palabras del exministro José Ramón Cossío Díaz “tendría que probarse la vinculación individual de las acciones concretas con un Gobierno o grupo extranjero para conseguir el voto, o más complejo aún, la existencia de un interés directo y autónomo en tal sentido”. Es decir, tendría que probarse con datos concretos que el voto de cada legislador no estuvo determinado por su libre conciencia e ideología, sino por un interés económico o contraprestación distinta y buscando someter a la Nación a grupo o gobierno extranjero.

Al presentar la denuncia el abogado de Morena dijo: “Nosotros creemos que se configuran los elementos de traición a la patria”. Por nuestra parte, también creemos que varios morenistas deberían estar en la cárcel por todo el daño que le han hecho a México. Pero creer o querer, señores morenistas, no es probar.

No nos engañemos, tal denuncia es, como otras acciones de este gobierno, un berrinche presidencial, intimidación y persecución pura y dura contra la oposición, además de una forma burda, como siempre le hace Morena, de sacar ventaja electorera engañando vilmente, al pueblo de México.


Escrito por Maribel Rodríguez

Abogada, especialista en Derecho Constitucional.


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