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Se ha dicho con bastante insistencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegaron a la mitad de su sexenio con una concentración de poder casi “absoluta”; pero también que han arribado con problemas muy graves en materia económica, social y política que afectan demasiado la vida de los mexicanos y que no podrán ser resueltos en los próximos tres años.
Esos grandes problemas nacionales son el incremento de la pobreza en cualquiera de sus modalidades; la violencia delictiva y la inseguridad pública, contra los que la Guardia Nacional no ha desempeñado un papel decisivo porque está formada más por militares que por policías; una política de salud deficiente que ha planeado muy mal su respuesta a la pandemia del Covid-19 y una economía estancada debido a la falta de inversiones públicas y privadas.
La presunción del Presidente en torno a que “hay paz social y gobernabilidad en nuestro país”, porque su lucha contra la corrupción y la impunidad ha liberado fondos para el bienestar y el desarrollo es otra más de sus baladronadas para “sortear” los cuestionamientos de la población que vive en un México sumergido en crisis y con cientos de miles de víctimas de violencia, enfermedad y desatención social; pues su irresponsabilidad e incompetencia son, ¡ésas sí!, “casi absolutas”.
AMLO y Morena saben que serán cuestionados por la sociedad; que ya no podrán emprender políticas nuevas y que no dispondrán de más recursos económicos porque, desde que llegaron al poder en 2018 han dedicado buena parte del erario a comprar conciencias mediante programas sociales –cuyos apoyos, por cierto, son muy inferiores a los de las administraciones anteriores– y a pagar campañas electorales y consultas cuyos montos podrían servir para solventar las urgentes necesidades de los miles de damnificados por las inundaciones de este año.
Pero fiel a su política, el Presidente activó una nueva estrategia para controlar a una parte de su partido; ésta consiste en reprimir y encarcelar a quienes no comparten su visión dictatorial.
En la primera semana de septiembre, la alianza parlamentaria en las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político (LFJP), con la que podrá quitar el fuero, meter a la cárcel o perseguir a los servidores públicos de oposición que no compartan su posición política.
Esto se deduce de la diferencia de procedimientos que la LFJP establece para desaforar a los titulares del Poder Ejecutivo, ya que para quitar el fuero al Presidente de la República se necesita mayoría calificada –dos terceras partes de los votos– y para desaforar a los gobernadores, solo mayoría simple, la mitad de los votos. Es decir, el Presidente no podrá ser desaforado sin los votos de su partido y sus aliados; y para eliminar el fuero a los gobernadores será más sencillo, y quizás solo bastará una orden.
Además, la nueva legislación pretende reducir la protección que las constituciones locales dan a sus gobernadores, ya que estipula que los congresos de los estados deben obedecer lo que decreten los desafueros del Congreso de la Unión, lo que implicará una delimitación del reconocimiento que aquéllos tenían para integrarse como tribunales. Ahora vemos la intención manifiesta de remover a gobernadores incómodos para el mandatario nacional y el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T).
Hay un tercer aspecto preocupante: el aumento en el número de los integrantes de la comisión para efectuar el procedimiento del desafuero, que pasó de cuatro a cinco. Tres serán integrantes del partido o bloque mayoritario (hoy Morena-PT-PVEM) y dos de la oposición. O sea que por ahora nada podrán avanzar contra Morena y todo será contra la oposición. El mensaje es claro: proteger a los políticos y funcionarios de la 4T y meter a la cárcel o controlar a los opositores mediante amenazas de remoción por la vía del desafuero.
Y mientras todo esto se planifica en las altas esferas del poder político, la población mayoritaria de México sufre represión política y policial mediante el uso de la Guardia Nacional o, como en el caso de la Ciudad de México, a través del “desaparecido” Cuerpo de Granaderos que Claudia Sheinbaum lanzó recientemente para golpear a un grupo de colonos de Tláhuac, que solicitaba el desazolve del drenaje de su comunidad inundada con aguas negras; o para reprimir a varios alcaldes de oposición que le reclamaban audiencia. De esa golpiza salió con la nariz ensangrentada Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Por el momento, querido lector, es todo.
Ricardo Anaya consideró que al presidente Andrés Manuel López Obrador “lo traicionó el subconsciente” cuando dijo que había presentado las 20 iniciativas en este momento porque “vienen las elecciones”.
La realidad del campo y los campesinos no mejorará con la política de “apoyos directos” de AMLO. La caída en la producción de maíz, trigo y frijol generará mayor importación de granos y, por lo tanto, seremos más dependientes de EE. UU.
El llamado de los jóvenes no fue escuchado por ningún funcionario, aún así, los estudiantes declararon continuar con su denuncia a través de medios de comunicación y redes sociales.
Los hechos violentos se suscitaron frente en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló imputaciones y solicitó la vinculación a proceso de los detenidos; además, impuso a todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Tras haberle recortado el presupuesto al INE, la administración morenista ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.
Luego de varios posiciones y cientos de memes publicados hace algunos días por el nuevo logotipo de la Ciudad de México, este miércoles, Claudia Sheinbaum tomó posesión como la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
López Obrador ha difundido que la Corte le ha dado un “golpe de Estado técnico”, e insiste en alimentar el clima de odio contra los ministros para doblarlos y alterar el balance del poder.
El gobierno de Morena no es el gobierno de los pobres, sino de un grupo de políticos que sirve bien a las clases más poderosas de México y es un régimen que tiene fuertes inclinaciones al autoritarismo.
Voces señalan que los tres nuevos “partidos” fungirán más como “satélites” de Morena en las elecciones de 2021 y 2024 más que como opciones políticas y programáticas diferentes.
Un gobierno realmente interesado en reducir la pobreza promovería una reforma fiscal para que los ricos paguen más impuestos y destinaría más recursos para obras y servicios; AMLO nada de eso hace, se limita a un discurso de "pobreza franciscana".
La incongruencia, la mentira y la simulación son lo de hoy; quienes desde la oposición satanizaban el abuso de poder, hoy hacen gala de lo mismo. AMLO abandonó el papel de jefe de Estado para convertirse en coordinador de campaña.
El problema es que el drenaje colapsó y a pesar de que se ha solicitado de manera constante se envíe un vactor para desazolvar.
Los actos anticipados de las “corcholatas” capitalinas por Morena, dañan de modo alarmante al medio ambiente, afirmó la diputada del PRI, Maxta Iraís González.
En la 4T no se ve por ningún lado el pueblo despierto y organizado, actuando por iniciativa propia en los asuntos nacionales. En cambio, sí se ve la represión del Estado cuando el pueblo protesta en las calles.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).