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Se ha dicho con bastante insistencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegaron a la mitad de su sexenio con una concentración de poder casi “absoluta”; pero también que han arribado con problemas muy graves en materia económica, social y política que afectan demasiado la vida de los mexicanos y que no podrán ser resueltos en los próximos tres años.
Esos grandes problemas nacionales son el incremento de la pobreza en cualquiera de sus modalidades; la violencia delictiva y la inseguridad pública, contra los que la Guardia Nacional no ha desempeñado un papel decisivo porque está formada más por militares que por policías; una política de salud deficiente que ha planeado muy mal su respuesta a la pandemia del Covid-19 y una economía estancada debido a la falta de inversiones públicas y privadas.
La presunción del Presidente en torno a que “hay paz social y gobernabilidad en nuestro país”, porque su lucha contra la corrupción y la impunidad ha liberado fondos para el bienestar y el desarrollo es otra más de sus baladronadas para “sortear” los cuestionamientos de la población que vive en un México sumergido en crisis y con cientos de miles de víctimas de violencia, enfermedad y desatención social; pues su irresponsabilidad e incompetencia son, ¡ésas sí!, “casi absolutas”.
AMLO y Morena saben que serán cuestionados por la sociedad; que ya no podrán emprender políticas nuevas y que no dispondrán de más recursos económicos porque, desde que llegaron al poder en 2018 han dedicado buena parte del erario a comprar conciencias mediante programas sociales –cuyos apoyos, por cierto, son muy inferiores a los de las administraciones anteriores– y a pagar campañas electorales y consultas cuyos montos podrían servir para solventar las urgentes necesidades de los miles de damnificados por las inundaciones de este año.
Pero fiel a su política, el Presidente activó una nueva estrategia para controlar a una parte de su partido; ésta consiste en reprimir y encarcelar a quienes no comparten su visión dictatorial.
En la primera semana de septiembre, la alianza parlamentaria en las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político (LFJP), con la que podrá quitar el fuero, meter a la cárcel o perseguir a los servidores públicos de oposición que no compartan su posición política.
Esto se deduce de la diferencia de procedimientos que la LFJP establece para desaforar a los titulares del Poder Ejecutivo, ya que para quitar el fuero al Presidente de la República se necesita mayoría calificada –dos terceras partes de los votos– y para desaforar a los gobernadores, solo mayoría simple, la mitad de los votos. Es decir, el Presidente no podrá ser desaforado sin los votos de su partido y sus aliados; y para eliminar el fuero a los gobernadores será más sencillo, y quizás solo bastará una orden.
Además, la nueva legislación pretende reducir la protección que las constituciones locales dan a sus gobernadores, ya que estipula que los congresos de los estados deben obedecer lo que decreten los desafueros del Congreso de la Unión, lo que implicará una delimitación del reconocimiento que aquéllos tenían para integrarse como tribunales. Ahora vemos la intención manifiesta de remover a gobernadores incómodos para el mandatario nacional y el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T).
Hay un tercer aspecto preocupante: el aumento en el número de los integrantes de la comisión para efectuar el procedimiento del desafuero, que pasó de cuatro a cinco. Tres serán integrantes del partido o bloque mayoritario (hoy Morena-PT-PVEM) y dos de la oposición. O sea que por ahora nada podrán avanzar contra Morena y todo será contra la oposición. El mensaje es claro: proteger a los políticos y funcionarios de la 4T y meter a la cárcel o controlar a los opositores mediante amenazas de remoción por la vía del desafuero.
Y mientras todo esto se planifica en las altas esferas del poder político, la población mayoritaria de México sufre represión política y policial mediante el uso de la Guardia Nacional o, como en el caso de la Ciudad de México, a través del “desaparecido” Cuerpo de Granaderos que Claudia Sheinbaum lanzó recientemente para golpear a un grupo de colonos de Tláhuac, que solicitaba el desazolve del drenaje de su comunidad inundada con aguas negras; o para reprimir a varios alcaldes de oposición que le reclamaban audiencia. De esa golpiza salió con la nariz ensangrentada Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Por el momento, querido lector, es todo.
México necesita trabajar en la profundización de reformas que ofrezcan educación de calidad, con diagnósticos científicos, surgidos de la necesidad material, no de la necedad de personajes que quieren hacer historia a costa de la educación.
Para Delfina Gómez, dañar a los trabajadores poco importa. Lo importante es quedar bien con el jefe, al cabo ella ya tiene experiencia en esas prácticas.
Sí el poder judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se suspende definitivamente, enviará entonces una iniciativa.
La Federación está endeudando al país y comprometiendo el futuro de los mexicanos, luego de que Morena, PT y PVEM aprobara para el 2024 una deuda por 1.9 billones de pesos, la más alta en 10 años, según el CEFP.
Los diputados locales demandaron que se inicien los procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades y sanciones.
En Texcoco, Morena ha gobernado los últimos 10 años, sin embargo, de los 277 mil 562 texcocanos, más de 143 mil no tienen acceso al agua potable; casi 5 mil viven en casas con piso de tierra y otras 5 mil familias carecen de drenaje.
Morena ocupa el primer lugar con 15 de sus candidatos asesinados
Lo que se pretende legislar en dicho periodo atenta contra las facultades y autonomía con las que cuentan las alcaldías de la capital del país.
Una postura más congruente con la actual situación de los indígenas en México debería traducirse en una mejora de sus condiciones socioeconómicas para que conserven dinámicamente sus raíces e identidades.
A los “pobres primero” solo se les instrumentaron “ayudas para el bienestar”. Pero es sabido que aquéllas nunca, ni aquí ni en el mundo, han servido para acabar con la pobreza.
Especialistas afirman que en este proceso fue visible el uso excesivo de los aparatos de justicia manejados por Morena; así lo evidenció la rapidez del proceso en su contra, incluida la determinación de suspenderla del cargo mientras fuera investigada.
De las nueve personas que se inscribieron para encabezar la Fiscalía capitalina, sobresale el nombre de Bertha María, hermana de Luisa María Alcalde.
El próximo viernes definirán si avalan o no la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.
Sheinbaum admitió que las reformas constitucionales que envió AMLO tiene prioridad.
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el exsecretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, se registraron como aspirantes a la jefatura de gobierno de la CDMX.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).