En la recta final de su gobierno en Veracruz (2018-2024), Cuitláhuac García Jiménez ha reprimido las protestas de padres de familia de centros escolares, jubilados, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y políticos opositores inconformes con sus pésimos resultados en materia de seguridad pública, salud, educación y descontrol del erario.

Y para cerrar alguna posibilidad de enmendar sus múltiples yerros en los pasados cinco años, el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2024 enviado al Congreso de Veracruz contempla recortes en el gasto destinado a los principales rubros socioeconómicos de la entidad, incluido el dedicado a combatir la violencia delictiva que agobia a la población. 

El pasado 15 de noviembre, García Jiménez entregó al Congreso local su V Informe de Labores, en el cual afirma que “a cinco años del primer gobierno de la transformación, sobresale la reducción de la pobreza en más de 530 mil veracruzanos, el manejo responsable de las finanzas públicas y la atención a grupos históricamente vulnerables”.

Esta evaluación, sin embargo, fue de inmediato cuestionada por algunos actores políticos para que pruebe o aclare con mayor precisión algunas de sus expresiones más categóricas o controversiales.

Entre ellos resaltó el diputado local priista Marlon Ramírez Marín, quien solicitó a Carlos Alberto Juárez Gil, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, información relativa a 55 empresas de nueva creación que están acreditadas como proveedoras de la administración estatal.

El legislador priista requirió la copia certificada de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia de las personas morales (empresas); el nombre de los socios que aparecen en las actas constitutivas de asamblea y las notarías donde están registradas sus escrituras.

Juárez Gil respondió que de acuerdo con la Ley del Registro Público este trámite debe hacerse en las áreas registrales en las que se expiden copias certificadas con previo pago; pero se ofreció a canalizarlo con cada una de ellas. “No puedo saltarme la ley y tenemos que hacerlo conforme al reglamento”, aclaró.

Por ahora, este asunto en particular quedó pendiente de aclaración pública futura, mientras que otros rubros públicos en los que García Jiménez generó controversia son llevados al análisis multidisciplinario.

Agoniza el sistema de salud

Uno de tantos asuntos fue el relacionado con los servicios de salud del gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García, quien en su V Informe afirmó que, en 2023, su administración brindó atención a 75 mil 868 pacientes en centros de salud y hospitales, organizó 87 jornadas quirúrgicas y dio mil 308 “teleorientaciones integrales” a través de 54 “teleconsultorios”.

Sin embargo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó que, hasta el tercer trimestre de este año, Veracruz permanecía en el tercer lugar nacional de pacientes con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) con 33 mil 910, cifra equivalente al 9.3 por ciento del total nacional.

El mismo reporte destaca que durante 2023 se detectaron mil 290 nuevos casos de Sida; y que esta cifra fue superior a los contagios registrados en Veracruz en 2018 y 2019, que fueron mil 905 y mil 887, respectivamente.

En la misma situación están los contagios de dengue, epidemia en la que Veracruz reportó mayor incidencia este año y ocupó el segundo sitio nacional; pues los afectados son nueve mil 601, cifra cuatro veces mayor a la registrada en 2022 (mil 490). Además, ha habido 27 defunciones y es probable la existencia de otros 37 mil 28 infectados.

La misma fuente confirmó que, en la entidad, el número de infecciones intestinales afecta a 182 mil personas, de las que mil 800 se encuentran enfermas por fiebre tifoidea y casi nueve mil por salmonelosis.

En días pasados, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, recriminó al gobierno de García Jiménez que el sistema de salud veracruzano no había alcanzado el nivel “de Dinamarca”, como se había comprometido el jefe máximo de la “Cuarta Transformación” (4T), y citó, como muestra clara de esa fallida comparación, lo ocurrido en el Hospital General de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz, que en 2023 no tenía médicos suficientes, carecía de agua potable y sus elevadores fallaron debido a cortos circuitos.

“Éstos son los resultados de la austeridad republicana; de un gobierno que prefiere el clientelismo político y que la gente piense en ‘corcholatas’ y procesos electorales; pero que descuida algo tan esencial como la vida y la salud de ocho millones de veracruzanos”, demandó Rementería del Puerto, quien además alertó que lo ocurrido en el Hospital General del Puerto de Veracruz es apenas un botón de muestra de carencias que existen en los demás nosocomios de la entidad.

“Si no es la falta de agua, es el desabasto de medicamentos, la suspensión de quimioterapias o la negación a intervenir quirúrgicamente porque no hay cirujanos. Hoy, el sistema de salud de Veracruz es el gran talón de Aquiles de este gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y en general de la 4T”, concluyó.