El informe Balance Negativo: Los Derechos Humanos en México, de la organización Signos vitales, el pulso de México, dio a conocer datos de los tres años de gobierno de esta administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su desempeño en materia de inseguridad, acceso a los servicios de salud, violencia, cómo actuó el gobierno durante la pandemia, así como la violación a los derechos humanos de los mexicanos:

Por décadas, más de 50 derechos fundamentales se han quebrantado o incumplido.

El marco normativo construido por esta administración, viola, al menos, 25 derechos constitucionales y convencionales como los derechos a la propiedad privada, la seguridad y certeza jurídica y el debido proceso.

Actualmente, el 93% de los delitos no se denuncian.

De mantenerse la tendencia de inseguridad, el 2021 podría ser el año más violento en México.

Posterior al gran encierro por la pandemia en el 2020, 3 de cada 10 personas dejaron de tener algún tipo de afiliación a las instituciones públicas de seguridad social.

Las obras de infraestructura más emblemáticas de la administración federal han estado plagadas de denuncias que afectan directamente los derechos humanos en materia: laboral, humanitaria, económica, presupuestal y ambiental.

Aún y cuando en México el Artículo 1° de la Constitución establece que los derechos humanos son el pilar y fundamento del Estado mexicano, su violación y minimización continúan siendo un lastre permanente para el país y su población.

En lo que refiere a los derechos civiles y políticos en el régimen actual, esta administración ha construido un marco normativo que vulnera los derechos humanos. Resaltan La Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional Sobre el Registro de Detenciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y la reforma al artículo 19 constitucional. En conjunto, estas disposiciones violan, al menos, 25 derechos constitucionales y convencionales como los derechos a la propiedad privada, la seguridad y certeza jurídica y el debido proceso.

A pesar de que la estrategia más efectiva para defender y promover la observancia y acatamiento de los derechos humanos es a través de la construcción y consolidación de instituciones, el actual Gobierno federal ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales, así como para destruir capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían y debían brindar equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo.

El Reporte de Signos Vitales da cuenta de cómo estamos actualmente en materia de desacato de derechos humanos y permite, a la vez, tener una panorámica de cuándo y dónde se violan estos derechos; tomando en cuenta tanto a las instituciones que los infringen, como la carencia en materia de políticas y acciones que, justamente, no permiten hacer efectivos estos mandatos legales.

Del recuento de un poco más de 50 derechos fundamentales que se ven reflejados en la Constitución, en prácticamente todos, existe o se sufre algún tipo de quebrantamiento o incumplimiento de éstos.

Del 2018 al 2020, han sido los años con más homicidios dolosos en la historia de México (33 mil 740, 34 mil 689 y 34 mil 558 homicidios dolosos respectivamente) y de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el más violento.

El desastre por la pandemia se refleja en el drástico aumento de 12 puntos porcentuales respecto de 2018 en la carencia por acceso a los servicios, llegando a 28.2% en 2020. Esto implica que casi 3 de cada 10 personas dejaron de tener algún tipo de afiliación a las instituciones públicas de seguridad social.

Se estima que 3.27 millones de personas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil. El 27.1% no percibe ingresos por su trabajo, además de arriesgar su integridad física y mental.

El 93.3% de los delitos cometidos en México durante 2020 no se denunciaron ni se investigaron. Del 6.7% restante en que se iniciaron carpetas de investigación por parte del ministerio público, en el 48.4% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

Durante 2019 se registraron 7 mil 393 detenciones arbitrarias en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. Las instituciones más señaladas por estas detenciones arbitrarias fueron las policías estatales y municipales.

De enero de 2020 a octubre de 2021 se han alcanzado 145 asesinatos contra periodistas por razones posiblemente relacionadas con su labor. Esto pone a México entre los países más letales para periodistas, solo comparado con países como Afganistán.

En 2020 se registraron 6,815 tomas de casetas en carreteras de jurisdicción federal, en las cuales la Guardia Nacional participó de manera efectiva solo en el 5.3%.

Se registraron 1,122 asaltos en carreteras y zonas de jurisdicción federal, lo que se acerca a 94 asaltos por mes en promedio, aproximadamente tres asaltos por día.

En septiembre de 2020, PEMEX ya era la empresa con más muertes en el mundo. De cada 100 derechohabientes de PEMEX que enferman de COVID-19, 14 fallecen.

En lo que refiere al tema central del Gobierno federal, la defensa de los derechos sociales, éste ha reflejado una inacción que se ha exacerbado por la pandemia y por los pocos apoyos económicos a la población en general.

En 2018 solo tres de cada 10 personas de 65 años o más recibió una jubilación o pensión por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos (equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria).

La mortalidad materna calculada es de 56.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 28.3% en comparación con el año pasado.

El 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a que casi 31 millones de mujeres hayan sido agredidas de alguna manera.

La estadística que acompaña a los Derechos humanos frente a las políticas y los macroproyectos de la 4T, son terroríficos.

Las obras de infraestructura más emblemáticas de la administración federal han estado plagadas de denuncias de distintos tipos, desde lo ambiental, económico, presupuestal, humanitario y laborales.

En los proyectos del Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Corredor Transístmico y Refinería Dos Bocas, se han reportado reducciones del 30% de sueldos de mano de obra en la construcción, cobros de comisiones ilegales a salarios hasta por el 30% y horas extras sin recibir compensación alguna e incluso con amenazas de despido.

Para el proyecto del Tren Maya se identificaron al menos 2,994 predios con una o más viviendas en cada uno, con un aproximado de 3,286 hogares sobre el Derecho de Vía actual. Para el 2022 el gobierno habrá rebasado el costo del proyecto en materia de reubicación de dichos hogares, sin haber terminado la obra y llevando a cuestas un historial lleno de atropellos a los derechos de los habitantes de la región y de las comunidades indígenas afectadas.

En 2019 México ocupó el lugar 24 de los 164 países evaluados en el Ranking Nacional de Estrés Hídrico a nivel internacional, posicionándolo como el número dos en América Latina.

La CONAGUA reconoce la grave problemática del agua en el país, ya que ocho de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico; dos terceras partes de la población habita en regiones donde hay menos agua y de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación.