Por si nuestro país no tuviera ya muchos problemas a cada paso que da el gobierno federal, vemos que cada acción que realiza se le complican más las cosas porque sigue tomando decisiones erróneas y muy mal calculadas; la última fue haber despedido y arrebatado el empleo a funcionarios de la Conagua.

El mandatario nacional, el pasado 24 de septiembre, en la conferencia mañanera anunció que habría "cambios en la Conagua" porque, según él, estaba tomada por un partido político, ahora se sabe que ese partido sería el panismo, porque la mayoría de los que renunciaron fueron del PAN aunque también había una morenista.

Tras ese anuncio seguramente ya todo planeado a detalle, seis subdirectores de la Comisión Nacional del Agua solicitaron (más exacto sería, les solicitaron) su renuncia de la institución. Los subdirectores víctimas del gobierno federal y que pierden su empleo son: Eduardo Seldner, subdirector general de administración, que en 2018 fue el encargado de finanzas de Margarita Zavala en su campaña presidencial; ahí el quid del asunto.

Alfredo Ocón, subdirector general técnico de la Conagua; Celia Maya García, subdirectora general Jurídica; Eugenio Barrios, de la subdirección General de Administración del Agua; Víctor Yamanaka Alcocer, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola y Patricia Ramírez, de la subdirección general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, fueron los otros cesados.

Independientemente del actuar de los funcionarios, dos cosas debemos rescatar como enseñanza: primero, que les ha sido arrebato su empleo, algo que es un derecho como mexicanos y que ningún gobierno o autoridad debería quitarlo; ellos, entonces, se sumarán a los millones de desempleados por culpa del gobierno federal morenista.

Segundo, es un nuevo ejemplo de cómo el gobierno de AMLO se está convirtiendo en un inquisidor que opera desde Palacio Nacional y que usa como tribuna "la mañanera" desde donde anuncia los hechos y sataniza y ataca a periodistas, empresarios, medios de comunicación, y todo aquel mexicano que no esté de acuerdo con la Cuarta Transformación (4T)

Y hablando del arrebato del empleo a esos funcionarios de la Conagua, como represión política, hoy sabemos que entre 2012 y 2018, en el gobierno anterior la desigualdad en México no cedió. Según hubo reducción en la pobreza, pero la distribución del ingreso no tuvo variación en esos seis años, de acuerdo con el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, eso no se compara con lo que actualmente vemos generado y ocasionado por el morenismo en el poder.

Si al cierre de 2018 el 27.67 por ciento de la población en México era pobre, dado que tuvo un ingreso menor a 5.5 dólares al día, también sabemos que el dato fue 11.79 puntos menor a lo reportado en 2012. El BID señala que con el umbral de 5.5 dólares al día no se podía adquirir los alimentos ni bienes y servicios de consumo; y si hablamos en las recientes semanas, el dato es peor, pues se ha informado que al menos 70 millones de mexicanos no tienen el suficiente recurso para adquirir la canasta básica.

Por esa razón hoy se sabe que México es considerado el sexto país más desigual de América Latina –detrás de Brasil, Colombia, Honduras, Panamá y Paraguay– y las políticas para combatir la desigualdad prácticamente no han movido el índice de Gini –medida para la distribución del ingreso– en los últimos 12 años. En el sexenio pasado de hecho se estancó, estableció el reporte.

El estudio hace una comparación en América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos. Según el BID, el 10 por ciento más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10 por ciento más pobre. Y el uno por ciento de los más ricos se lleva 21 por ciento de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado.

El coronavirus profundizó la situación y aumentó la crisis económica y de pobreza en la región. Un mes después de iniciados los confinamientos, cerca de 65 por ciento de los hogares ha sufrido al menos una pérdida de empleo entre los miembros de la familia.

En estudio destaca que a esta situación se suma la violencia porque los grupos de bajos ingresos sufren, un día sí y otro también, las consecuencias directas de los homicidios. La reciente escalada de violencia en México refuerza la idea de que la actividad delictiva no está distribuida por igual entre los diferentes grupos de ingreso.

Hay investigaciones académicas que evidencian que en cinco años se quintuplicaron los homicidios en las localidades de menores ingresos. Además, en relación con los barrios ricos, las localidades más pobres experimentaron entre 100 y 400 homicidios más por cada 100 mil habitantes.

El aumento de la violencia en el país hizo bajar los precios de la vivienda en los barrios pobres y se apreciaron en los municipios más seguros y ricos. Un estudio realizado en 2019 pone en evidencia las pérdidas de empleo en la industria de manufacturas mexicana y además se generó un aumento en la violencia. Vinculado a ello, México se ubica como el número uno en desigualdad salarial, tanto de América Latina, como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A todo esto, hay que sumarle que la nación tiene un gobernante, Andrés Manuel López Obrador, que hunde más a México, bloquea la inversión económica interna y extranjera y persigue a sus opositores y a todo el que critique o esté en contra de Morena y de él. México seguirá ahondando la desigualdad, habrá más desempleo y la economía afectará más a las familias pobres. El 2021 será un año de más crisis y demás inestabilidad política y social. El “mesías tropical” seguirá demostrando que no puede con el timón gubernamental. Por el momento, querido lector, es todo.