En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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El 60 por ciento de las mujeres recluidas en Centros de Readaptación Social en la Ciudad de México enfrentan dificultades para acceder a insumos durante su periodo; por ello, la menstruación digna debe reconocerse como un derecho humano y no como un tabú en el núcleo familiar ni en la sociedad en general, aseguran legisladores de la Cámara de Diputados.
Durante el foro “Gestión Menstrual Digna”, legisladores destacaron la necesidad de que la población reconozca este proceso como natural, normal y libre de violencia; asimismo, resaltaron la necesidad de desmitificar el uso de productos para este proceso biológico, como toallas sanitarias o copas menstruales.
Cabe recordar que dicha iniciativa fue presentada en la Segunda Legislatura del Congreso capitalino para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México, reconociendo el derecho humano a la gestión menstrual digna; lo cual implica que todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes tengan acceso gratuito y garantizado a insumos de higiene durante este proceso.
Además, los legisladores lamentaron que el 60 por ciento de las mujeres privadas de la libertad enfrenten dificultades para materializar su derecho a una gestión menstrual digna, debido a la falta de servicios básicos y materiales.
Por lo anterior, presentaron la iniciativa para reformar el marco normativo y lograr que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario garantice este derecho y proteja la salud reproductiva de las mujeres en reclusión.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ironizó con la decisión de los diputados aún cuando existen temas pendientes.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
El contrato incluye 550 dispositivos electrónicos TAG.
La empresa pertenece a Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal Ricardo Crespo.
Los legisladores recibieron un cheque con montos superiores a los 100 mil pesos.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera