Las personas mayores de 60 años, según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son 18 millones y representan el 14 por ciento de la población total de México. En un país tan desigual como el nuestro, llegar a la tercera edad representa una condena que pocos imaginan en su juventud; ya que como el tiempo pasa inexorable, y si en los años mozos es casi imposible encontrar un trabajo con buen salario, prestaciones y seguridad social, en la vejez esa posibilidad es prácticamente nula. Algunos de los hijos hacen todo lo que está en sus manos para estar al pendiente de sus padres; pero lo cierto es que, dentro de sus prioridades, éstos se hallan en segundo plano.

El Estado mexicano tiene una deuda de justicia social con los trabajadores, porque el nivel del desarrollo capitalista es bajo y, por tal motivo, sus ofertas de empleo, salarios y servicios básicos son muy limitadas; esto provoca que la mayor parte de la población carezca de alimentación suficiente y no cuente con un trabajo bien remunerado, salud, educación y vivienda digna, frente a las altas ganancias de los grandes empresarios. Ésta es la razón por la que las responsabilidades de una vejez digna recaigan en las personas y no en un Estado dispuesto a cumplir sus obligaciones con la sociedad.

Pero en una irresponsabilidad mayor incurre cuando, mediante una hipócrita impostación, inventa programas de apoyo para adultos mayores que financia con los impuestos de la clase trabajadora y usa para comprar votos en los procesos electorales. Si realmente estuviera preocupado por los adultos mayores, haría todo para garantizar que la mayoría de los trabajadores de México tengan acceso a labores dignas, salarios justos, prestaciones sociales, y sus derechos sean estrictamente respetados.

Además del uso ilegal del erario con fines electorales, con el programa de apoyo a adultos mayores, el actual gobierno morenista comete otras charlatanerías groseras y nefastas: aprovecharse del agradecimiento de muchas personas pobres y vulnerables, a quienes utiliza como votos para los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); excluir del padrón de 11 millones 239 mil personas a muchos más mexicanos que realmente encontrarían alivio a sus problemas de hambre, miseria y desempleo con la recepción de la pensión universal de cuatro mil 800 pesos bimestrales; y entregar este apoyo a adultos mayores que no lo necesitan, porque reciben pensiones laborales suficientes (este número de personas, según una organización civil, es equivalente a casi 40 por ciento del actual padrón de adultos mayores).

En este caso se halla el mismo Presidente de la República quien, en días pasados, presumió en público su tarjeta del bienestar como si él estuviera en las mismas condiciones que el resto de la población. ¡Una actitud de charlatán que quiso mandar el mensaje de que él es también “pueblo”, olvidando que los medios de información han exhibido la opulencia en que viven él y sus juniors! Pero como ni el despilfarro de recursos públicos a través de entregas de dinero en efectivo, ni el “año de Hidalgo” (¡que comenzó hace cuatro años!) pueden eternizarse, este tipo de pensiones se reducirán hasta desaparecer porque los ingresos del gobierno tienen un límite; y la única forma que los Estados y gobiernos tienen para garantizar la situación socioeconómica de su población consiste en el trabajo digno y bien remunerado. Por ello es previsible que, en el corto plazo, muchos ancianos mexicanos sean rehenes de las ocurrencias y los desatinos del gobierno morenista.