Hay muchas maneras de matar.

Pueden meterte un cuchillo en el vientre.

Quitarte el pan.

No curarte de una enfermedad.

Meterte en una mala vivienda.

Empujarte hasta el suicidio.

Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.

Llevarte a la guerra, etc…

Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.

                                                      Bertolt Brecht

Es el Estado, con sus leyes e instituciones, el que se encarga de aplastar, de grado o de fuerza, toda voluntad –individual o colectiva– de oponerse a las injusticias; y aunque el sometimiento de cualquier impulso de rebeldía adopta, en cada momento histórico, características peculiares, el estudio de cada institución creada para ejercer el dominio de una clase sobre otra permite entender la sociedad en la que ha surgido.

Invocando la “participación ciudadana”, hace unos días, el Ejecutivo lanzó un nuevo portal del gobierno en el que invita a la población a convertirse en “Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, garantizando a los nuevos sicofantes “la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad de las personas alertadoras”. El delito a denunciar no es otro que ése que el Presidente usó como eficaz bandera durante su prolongada campaña: el combate a la corrupción, que ahora se ha convertido en el arma perfectamente adaptable para amenazar, intimidar y reducir a todos los que se opongan a sus aspiraciones totalitarias. Son corruptos todos los que piensen y actúen distinto y no hay acto público al que se presente en el que no vocifere sin control contra todo aquel que se le oponga y diga, tal vez en un reconocimiento inconsciente de sus afanes tiránicos, que no enmendará su proceder aunque se enojen “el Papa y el Rey de España”.

Sin embargo, esta iniciativa no es en realidad tan inocente como parece ni puede atribuirse a una simple ocurrencia nacida en la senil mollera de un poderoso enloquecido. Existe en la historia de México un ominoso antecedente en el que convendría detenerse un momento; se trata de la figura de los Familiares del Santo Oficio, que durante el Virreinato en la Nueva España no eran más que delatores, verdaderos soplones al servicio de los Inquisidores, encargados de presentar la acusación contra los reos de herejía, judaísmo, sodomía y una larga lista de “pecados” penados por las leyes en una sociedad en la que la libertad de culto y de conciencia eran inexistentes y que se sancionaban con cárcel, castigos corporales, confiscación de bienes –que pasaban a manos del clero– y la muerte. Las denuncias, igual que ahora, eran anónimas, no era necesario presentar prueba alguna de las acusaciones; y en el remoto caso de que el reo lograra demostrar su inocencia (se consideraba culpable hasta demostrar lo contrario), el delator estaba protegido por el Tribunal.

Todo el aparato del Estado se volcó durante la Colonia a conseguir el control absoluto de las vidas, las conciencias y la actividad productiva de la sociedad novohispana. A toda costa, consiguió establecer un dominio que garantizara a un puñado de encomenderos la explotación sin sobresaltos del trabajo y los recursos naturales de los territorios conquistados. La religión de Estado fue un instrumento fundamental para conseguir este fin, proporcionando a la violencia física una envoltura ideológica, “espiritual”.

Compleja estructura creada en la Europa medieval, la instrumentación del Tribunal del Santo Oficio en las colonias españolas ha sido estudiada a profundidad por historiadores de todo el mundo y se conservan estremecedores testimonios de los abusos, injusticias y despojos en los que participó y a los que no escaparon las mentes más preclaras de la época. Este aparato represivo sirvió entonces “como anillo al dedo” para deshacerse de poetas, científicos y humanistas, que fueron silenciados o muertos por considerarlos peligrosos para la autoridad colonial.

Ya no son la herejía, la homosexualidad o el culto al demonio los delitos predilectos. Hoy la corrupción es el abominable crimen al que recurren los actuales torquemadas para imponer el sambenito a quienes estorban sus ambiciones electorales; eso sí, perdonando los “pecadillos” veniales de sus amigos, aunque representen verdaderos crímenes contra el presupuesto destinado a la población. Y hoy como ayer, se ajustan las leyes para que el Estado disponga de facultades para violar el domicilio, apoderarse de los bienes y someter por la fuerza a quienes no pueden defenderse de sus abusos.