En siete días, Perú tuvo tres presidentes debido a que este país, productor mundial de minerales y alimentos, está dominado por una endémica y corrupta casta empresarial-parlamentaria que ha subordinado los intereses nacionales a Estados Unidos (EE. UU.) y al capital corporativo. En repudio a esta élite, las masas peruanas salieron a las calles para echar del gobierno al líder del Congreso y exigir a su clase política responsabilidad democrática, cero violencia y atajar la sistémica corrupción. Esta inédita rebelión sucedió a cinco meses de la elección presidencial y ahora todo puede suceder.

Los grupos de poder en Perú, enquistados en el Parlamento y el sector económico-financiero, están detrás de la defenestración del presidente Martín Vizcarra y la asunción del líder parlamentario Manuel Merino. Con ello pretendían eludir la endémica crisis política del país y seguir lucrando en el régimen neoliberal. Su cálculo fracasó.

En múltiples marchas de protesta, los peruanos repudiaron la dudosa legitimidad del gobierno de Merino, quien ofreció que mantendría la elección del 11 de julio de 2021 y que abandonaría el cargo el 28 de ese mes. Nadie le creyó.

Decenas de miles de peruanos condenaron el golpe parlamentario, pero la respuesta fue el brutal ataque de la fuerza pública. Dos muertos y más de 100 heridos graves pesaron en el ánimo de millones que, cada vez con más fuerza, exigieron a Merino parar la represión. Hoy, Francisco Sagasti, del Partido Morado, es el nuevo mandatario de un país que, en cuatro años de tormenta política, tuvo cuatro presidentes que salieron por escándalos de corrupción.

El académico y científico Sagasti acumula –como Merino– un gran poder, pues es líder del Parlamento y titular del Ejecutivo. Su designación respondió a la exigencia popular de que el nuevo mandatario surgiera de entre los 19 congresistas que votaron contra la salida de Vizcarra.

Tal acumulación de poder en una persona supone riesgos para la libertad, porque no puede legislar, administrar y juzgar. Así lo alertó la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, tras la destitución de Vizcarra. Solo la separación entre poderes asegura la preservación de las libertades, agregó.

Sagasti no acabará la lucha entre facciones ni su corrupción, como tampoco las secuelas de la pandemia, que hizo de Perú el país con más muertes en el mundo (37 mil) en proporción con sus habitantes y un millón de contagios.

Se espera que su gestión se centre en solucionar la grave crisis político-sanitaria que hereda y que supere los problemas de ingobernabilidad del país que en 2021 celebrará el bicentenario de su independencia.

En el horizonte cercano, la única salvación para su economía en recesión son las agroexportaciones hacia el enorme mercado chino. Se estima que, este año, su Producto Interno Bruto (PIB) perderá 14 puntos, que se agudizó por la baja del turismo chino y mexicano.

Venganza

En un polémico juicio político, el Congreso de Perú decidió, el nueve de noviembre, la moción de vacancia (destitución) contra Vizcarra, por “incapacidad moral permanente”. Aunque la Fiscalía no lo acusó formalmente, en un acelerado movimiento, los parlamentarios le atribuyeron colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación delictiva. Y designaron como presidente interino a Manuel Merino.

Mientras, miles de ciudadanos protestaban por la polémica destitución del Presidente y acusaban al Congreso de falta de confiabilidad y traición a la democracia, la respuesta fue la brutal represión.

Y la contraofensiva fue la destitución del golpista Merino. En este contexto, el analista brasileño Emir Sader anticipa que en América Latina se abre hoy el segundo ciclo antineoliberal.

A su vez, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó los sucesos en Perú. “Donde los imperios dominan con bases militares no hay estabilidad social ni política, tampoco económica. Los pueblos son los que sufren las consecuencias del intervencionismo extranjero”.

La turbulencia de los últimos días amenazó con un peligroso vacío de poder que daría paso a una salida autoritaria, alentada por políticos de extrema derecha, movimientos religiosos conservadores fanatizados y partidos que repudian todo lo que huela a izquierda. El riesgo es real.

Los analistas advierten que, hace tiempo, la derecha en Perú reforzó su ofensiva para recuperar espacios. Sin embargo, al maniobrar para violar la legitimidad institucional, ese sector está atrapado hoy en sus contradicciones y graves escándalos.

A Vizcarra le costó el cargo el escándalo de presunta corrupción, llamado el “club de la construcción”. Alude a un grupo de empresas constructoras –peruanas y extranjeras– que entre 2013 y 2014 acapararon las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Moquegua, en el sur del país, donde Vizcarra era gobernador.

Ese mecanismo que acaparó contratos se activaba cuando el MTC presentaba un proyecto. Entonces, las empresas contactaban al funcionario que les facilitaba el acceso al concurso a cambio de dinero. Según el representante de Odebrecht, Raymundo Trinidade, ese club nació en 1996 con grandes firmas de infraestructura de Perú y luego se abrió a socios extranjeros.

Todas las empresas pactaban entre sí cuál ganaría la licitación; la vencedora sufragaba el soborno y una indemnización a la firma supuestamente perdedora. Ese modelo operó hasta 2012, atestiguó Jorge Barata, jefe de Odebrecht en Perú.

Los sobornos oscilaban entre el uno y el 13 por ciento del monto de los contratos multimillonarios, refiere el informe 2019 del Observatorio de la Corrupción de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Pero directivos de las empresas pactaron con la justicia de Brasil, en particular el exrepresentante de Odebrecht en Brasil, Renato Ribeiro. En 2017, el fiscal Germán Juárez reabrió, en Perú, una investigación sobre el sector bajo el esquema de “colaboración eficaz” de exfuncionarios y exdirectivos, que esperan sus sentencias en 2021.

Sin embargo, el Congreso abrió su propia pesquisa contra Vizcarra. Con base en documentos y testimonios de seis de esos informantes, lo acusó de cohecho y colusión en agravio del Estado, cuando gobernó Moquegua. Afirma que recibió 635 mil dólares para adjudicar dos obras: el plan de irrigación en Lomas de Ilo (que realizó Obrainsa) y el hospital regional de la entidad (que ejecutó ICCGSA-Incot).

Aunque Vizcarra sostuvo que no hay prueba fehaciente de delito ni de flagrancia, “pues no cobré soborno alguno”, y anunció que no tomaría ninguna acción legal. Entre tanto, subían de tono a través de las protestas masivas las denuncias de golpe de Estado.

Crisis endémica

Para el analista Nicolás Lynch, el sistema imperante en Perú es el “capitalismo de amigotes”, derivado del régimen neoliberal que se impuso desde 1992. Ese capitalismo requiere que haya buenos negocios y opere un esquema de corrupción entre empresas y Estado. De ahí que con el cambio de personas no cambie el sistema, sino que puede escalar en la feroz pugna entre los beneficiarios del modelo y sus detractores, y que durará largo tiempo.

La lideresa progresista Verónika Mendoza, del Movimiento Nuevo Perú, se refirió a la poderosa corporación del diario El Comercio, que apoya a quienes, desde el Congreso, pugnan por una salida autoritaria y cuyo objetivo es lucrar desde la política.

Lynch afirma que Perú es un Estado capturado y puesto al servicio de la inversión privada, que no responde al interés mayoritario. La izquierda peruana dejó intacto el esquema neoliberal y no avanza en la democratización.

Vizcarra no logró que el nuevo Parlamento aprobara su reforma para eliminar la inmunidad de los legisladores. Estos congresistas, imputados o sentenciados por delitos como corrupción, lo defenestraron.

Hace más de 50 años que EE. UU. y Perú mantienen una asociación estratégica. Solo en 2019, Washington asistió a ese país con 75 millones de dólares (mdd) para seguridad y comercio. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le otorgó 49 mdd para “responder a la migración venezolana” y la conservación de su región amazónica.

Perú se sumó a la política de acoso de EE. UU. contra el gobierno bolivariano de Venezuela. En enero de 2018, prohibió el ingreso a casi 100 funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y anunció que evaluaba una eventual ruptura con Venezuela, discurso que reiteró en diciembre en el Grupo de Lima.

Entre el dos y el cinco de marzo, se reunieron en Lima 49 altos mandos del Comando Sur de EE. UU. y del Ejército peruano para abordar temas clave de su cooperación bilateral. El general Daniel Walrath encabezó la delegación.

Hace años que la VI Flota de la marina estadounidense usa puertos de Perú en la costa Pacífico para abastecer sus navíos y brindar descanso a sus tropas, indica el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW); pero pocos saben que los puertos peruanos estratégicos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e Ilo) están bajo vigilancia de EE. UU., que sabe qué exporta e importa el país y qué embarcaciones circulan por ahí.

El Comando Sur caracterizó con las siglas VRAEM a regiones peruanas de alto conflicto social y de protesta (Valle del Río Apurimac y Ene). A la vez, organizaciones sociales y el congresista Richard Arce denunciaron el “trabajo secreto” del laboratorio de la Marina estadounidense denominado NAMRU-6, que desde 1983 investiga males infecciosos en sus sedes de Lima e Iquitos. El Ministerio de Defensa no respondió a Arce cuando solicitó mayor información.