El pasado 25 de marzo por la tarde, Rumeysa Ozturk, estudiante turca en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, Estados Unidos, se dirigía a una cena con sus amigos para concluir la festividad musulmana del Ramadán, cuando seis oficiales de inmigración (ICE), vestidos de civiles, se aproximaron a ella para esposarla y llevársela detenida. Al día siguiente, Rumeysa se encontraba en un centro de detención de ICE en Basile, Louisiana, a más de dos mil kilómetros de distancia, en condiciones precarias y sin atención adecuada para su condición de asmática. Al momento de escribir estas líneas, Rumeysa Ozturk sigue ahí, esperando la determinación legal que le permita regresar a Boston y continuar sus estudios de doctorado o, lo más probable, que la obliguen a abandonar Estados Unidos y regresar a Turquía.

Este caso, junto con los de Mahmoud Khalil y Badar Khan Suri, de las universidades de Columbia y Georgetown, respectivamente, fue el punto de partida de una política que se ha ido recrudeciendo en intensidad y alcance: la deportación de estudiantes extranjeros como medida de control ideológico y político en las universidades estadounidenses. Un día después de que el video del arresto de Rumeysa se hiciera viral, el Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que todos los días se revocan visas de estudiantes (más de 300 en ese momento) que no se comportan “como buenos invitados”, y sugirió, sin ningún tipo de evidencia, que Rumeysa y el resto de estudiantes en esa circunstancia participaban en actos de vandalismo en sus universidades y ciudades.

No es posible conocer con exactitud el número de visas revocadas y estatus migratorios cancelados. Éstos son datos confidenciales que el gobierno no revela, pero que tampoco las universidades hacen públicos por cuestiones legales. Sin embargo, desde entonces, distintas redes sociales y medios están llenos de reportes sobre los acontecimientos: los estudiantes reciben un correo informándoles que su visa ha sido revocada y que, desde ese momento, su permanencia en el país es ilegal; su entrada es denegada en el aeropuerto o reciben la notificación de manera “directa” por parte de los oficiales de ICE que los interceptan en las calles para arrestarlos y, en muchos casos, enviarlos a centros de detención de inmigrantes lejos de sus residencias, donde pueden pasar semanas antes de la resolución legal. De acuerdo con algunos abogados de los estudiantes en esta situación, su traslado a estos centros de detención lejanos tiene como objetivo mantenerlos separados de sus amigos, profesores, abogados y comunidad estudiantil en general, para obstaculizar así su defensa. Del mismo modo, éstos son estados en donde la composición de la corte es más conservadora, lo que hace más probable una resolución en contra de los estudiantes detenidos.

La retórica del gobierno es que los afectados son estudiantes que participaron, de alguna u otra forma, en el movimiento estudiantil propalestino del año pasado que, entre otras cosas, demandaba que las universidades dejaran de invertir en las empresas que participan directa o indirectamente en el genocidio israelí en Palestina. La participación en el movimiento va desde asistir a manifestaciones, firmar peticiones o simplemente mostrar esas posiciones políticas en redes sociales. En los hechos, sin embargo, muchísimos de los estudiantes afectados no entran en ninguna de estas categorías. La causa de la deportación reportada suele estar relacionada con infracciones legales de otro tipo, algunas tan mínimas como conducir a exceso de velocidad.

Se trata, pues, de un intento del gobierno norteamericano de inspirar miedo entre los estudiantes para mantenerlos a raya, pasando de forma descarada por encima de las leyes y el debido proceso. Es, en realidad, una continuación intensificada de la política del gobierno de Joe Biden quien, en conjunto con las autoridades universitarias, trató de aplastar el movimiento propalestino del año pasado, en el que manifestaciones pacíficas terminaron en despliegues policiales a gran escala, con decenas de arrestos y lujo de violencia.

Aunque se trata de una política de menor alcance y con muchas menores implicaciones que otras, como las guerras comerciales o el cambio de posición respecto a Ucrania, es una manifestación del mismo fenómeno: la creciente agresividad del imperialismo estadounidense, tanto al interior como al exterior, en respuesta al resquebrajamiento de su dominio global. El país que siempre se jactó de proveer la máxima libertad de expresión hoy se sume rápidamente en una espiral autoritaria. La libertad de expresión representa ahora una amenaza contra los intereses del gigantesco capital que gobierna ese país, y en esa contradicción, el último siempre lleva prioridad. Es preciso registrar estos acontecimientos y estar preparados para las embestidas cada vez más impredecibles del imperio moderno, que se resiste a desaparecer como tal.