En los últimos meses, los gobiernos de algunas naciones europeas han expresado que realizarán “reformas” en el gasto del gobierno que van encaminadas a desmantelar lo que queda del Estado de Bienestar. Como ejemplos, el canciller alemán Christian Merz dijo públicamente: “El Estado de Bienestar, tal como lo tenemos hoy, ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía”; se pretende reformar el sistema de pensiones e incluso se barajó aumentar la edad de jubilación a 70 años. En Reino Unido dijeron que en los próximos cinco años recortarán la asistencia social para “ahorrar” tres mil 400 millones de libras esterlinas. En esta situación están Francia, Finlandia y Suecia, por mencionar algunos.

Lo que se ha pretextado para justificar las medidas es que el envejecimiento de la población hace “costoso” mantenerla, que los niveles de deuda pública son alarmantes y que el crecimiento económico es insuficiente para financiar la salud, educación, seguros de desempleo, etc. Sin embargo, esta narrativa omite que existen alternativas, como hacer que paguen más impuestos quienes más riqueza acumulada tienen.

El Estado no genera riqueza por sí mismo; su capacidad de gasto depende de los ingresos que recaude. La pregunta central no es, por tanto, si hay dinero, sino de dónde se puede obtener. La riqueza nacional es creada por los trabajadores y se divide en dos partes: el salario (que asegura la subsistencia del trabajador) y el plusvalor (la porción de la que se apropian los capitalistas). Sería un absurdo aumentar los impuestos a los trabajadores, cuya capacidad de ahorro es casi nula. La solución más lógica es recaudar más de quienes se benefician de la riqueza generada colectivamente: los grandes capitales y las fortunas acumuladas mediante la apropiación del trabajo no pagado. Que esta opción sea sistemáticamente descartada evidencia la verdadera naturaleza de las “reformas”.

El impulso por recortar el gasto social responde a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Se está buscando restaurar los niveles de rentabilidad de los capitales, pues la competencia global, la saturación de los mercados y la inestabilidad geopolítica los han puesto en jaque. ¿Cómo lo hacen? Atacando el “salario indirecto” que representa el Estado de Bienestar. El recorte de servicios sociales permitirá privatizar y mercantilizar los servicios públicos restantes, abriendo así nuevos campos de inversión (salud privada, pensiones privadas, educación privada, etc.); y reducir costos, pues disminuirá la parte de la riqueza que corresponde a la fuerza de trabajo, liberando más plusvalor para ser apropiado por el capital.

Esto es más evidente si tomamos en cuenta que los gobiernos europeos aumentarán su gasto militar. Alemania, por ejemplo, tiene el propósito de que su gasto militar alcance el 3.5 por ciento del PIB en 2029 (en 2024 fue de dos por ciento); el Reino Unido, 4.1 por ciento del PIB en 2027. Se prioriza el gasto militar porque garantiza el orden geopolítico para la acumulación de sus capitales y porque inyecta capital directamente en el sector industrial. El gasto social, en cambio, es visto como un mero “costo” que reduce la plusvalía disponible.

Se deben defender las conquistas de los trabajadores materializadas en el Estado de Bienestar y denunciar que el Estado no está imposibilitado para obtener ingresos para estas funciones, pues puede aplicar impuestos a las grandes fortunas. Pero también se debe tomar conciencia de que la única solución permanente a las crisis recurrentes es superar el capitalismo y organizar la producción social sobre una base radicalmente diferente, que descanse en la satisfacción de las necesidades humanas y no en la valorización del capital.