En la cruzada del Ejecutivo Federal para someter a los organismos que están fuera de su control, y después del combate contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que el Presidente de la República obtuvo sendos triunfos, toca el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano del Poder Judicial.

Nuestro Reporte Especial trata esta semana el tema de la intensificación de estos ataques a partir del momento en que la SCJN desaprobó el paquete de reformas denominado “plan B” por el propio titular del Ejecutivo Federal.

Este paquete, aprobado previamente sin modificación alguna por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), fue deslegitimado por los magistrados y con esto se desató una desigual contienda, dada la superioridad numérica de Morena en los Poderes de la Unión. De inmediato, en el discurso presidencial, los ministros de la SCJN fueron etiquetados como mafiosos, servidores de la oligarquía, de los potentados y varias lindezas más.

El ejercicio de un derecho constitucional, que en este caso contraviene los propósitos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), del partido oficial y del Presidente, ha desatado un discurso de odio que no pronostica resultados nada buenos.

Es vieja la historia de la implantación de los tres poderes en una sociedad democrática, en cualquier nación que haya dejado atrás el Estado monárquico, imperial o dictatorial, en el que la figura central, con mayor poder y más privilegios, era un individuo: rey, emperador o presidente vitalicio. La participación de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y en las decisiones importantes de su país se fue generalizando en el mundo; la república democrática se impuso y solamente se conservan lastimosos vestigios de las monarquías como advertencia, quizás, de lo que nunca debería resucitar.

El ejercicio de la democracia hizo que se manifestaran las dificultades y la complejidad de la tarea de conducir a la sociedad; evidenció las imperfecciones, defectos excesos, abusos de poder, hasta llegar a la corrupción y el delito. Era indispensable perfeccionar el Estado, prevenir desviaciones y excesos, equilibrarlo. He aquí, en pocas palabras, la necesidad de que surgiera una división tripartita del poder, es decir, el surgimiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el mismo peso en lo que se refiere a funciones específicas, ninguno por encima y cada uno obligado a respetar las disposiciones de los otros dos.

En el seno de los países democráticos no faltan los intentos de retornar a regímenes pretéritos aprovechando ciertas características de la democracia, por ejemplo, la existencia de los partidos políticos que se disputan la Presidencia de la República o la representación popular en las cámaras legislativas; si un mismo partido obtuviera la mayoría en cada uno de estos poderes se produciría un efecto muy semejante al poder monárquico absoluto, es decir, desaparecería la división de poderes significando, en los hechos, un peligroso retroceso.

El partido Morena, del que emanó el Presidente de la República, posee la mayoría en el Poder Legislativo y ahora intenta dominar al que se resiste a obedecer sus órdenes. Quienes ofrecieron en 2018 honestidad, democracia, transparencia y respeto a la ley ahora nos quieren regresar al pasado.