El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intensificó sus ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de que ésta invalidó sus reformas a la legislación electoral vigente, a las que él mismo denominó “Plan b”.

De entonces a la fecha, el titular del Poder Ejecutivo federal no ha dejado de proferir agravios verbales contra los ministros de la SCJN y de centrar su discurso de odio sobre la presidenta del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro Javier Laynez Potisek, a quienes citó al menos en 30 ocasiones durante el primer trimestre de 2023.

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de la organización civil México Evalúa, señaló que “nunca habíamos visto este nivel de intensidad” en los ataques de AMLO; y que éste “no debería estar utilizando su popularidad para atacar al Poder judicial y debilitar su legitimidad”.

A partir del ocho de mayo las agresiones del Presidente de la República aumentaron, cuando la SCJN declaró inválido el primer paquete de reformas político-electorales 2022/2023, que incluía la modificación a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa debido a que violaba el procedimiento legislativo.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los Artículos 71° y 72° de la Constitución Federal; esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia de las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, argumentó la SCJN en un comunicado.

La iniciativa desechada había sido previamente aprobada sin la revisión parlamentaria adecuada, “sin cambiarle una sola coma” y sin la participación de legisladores de la oposición por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México.

Cuando se enteró de la deslegitimación de su llamado “Plan b”, la molestia de AMLO no se hizo esperar; y calificó a los ministros de la SCJN de “mafia del poder” y ser “partidarios de la oligarquía”.

Su encono fue sobre todo contra el ministro Laynez Potisek, quien elaboró el proyecto de resolución y postuló que las reformas harían posible la “violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

El 25 de marzo, la Corte había suspendido indefinidamente la modificación de 200 artículos de la ley del Instituto Nacional Electoral (INE), porque violaban los derechos laborales y políticos de los ciudadanos, garantizados por la Carta Magna; el nueve de marzo, este organismo había interpuesto una controversia constitucional contra dicha modificación.

“Pueden (invalidarla) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro (Murayama, en ese momento consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la demsocracia… no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo”, había declarado AMLO en alusión a la SCJN durante una rueda de prensa que concedió el 26 de marzo a Quintana Roo para supervisar el Tren Maya.

Posteriormente, el 17 de mayo, durante su conferencia “mañanera”, AMLO anunció que propondría una reforma constitucional para que los ministros del Poder Judicial fueran designados mediante una elección popular en cuyas boletas solo habría una pregunta:

“¿Quieres que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, sí o no?”. De esta manera, los magistrados, enfatizó, ya no servirían “a los potentados” y el Poder Judicial no estaría “podrido”.

Tito Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que esta propuesta, además de vulgar y rencorosa, porque el Ejecutivo la formuló después de que han sido invalidados varios de sus decretos, sería inconstitucional y contendría los mismos vicios de procedimiento que echaron para atrás su llamado “plan b”.

El jurista universitario explicó que en la misma actitud colérica ha incurrido el Presidente en el caso de otras iniciativas, como ocurrió con la militarización del mando de la Guardia Nacional y con la designación de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN en sustitución del ministro Arturo Zaldívar.

“Parecería que, desde ese momento, los ataques han sido incesantes y han ido incrementándose, y eso está constatado. Había tomado posesión la ministra Piña y al tercer día ya había señalamientos de que el Poder Judicial era corrupto, de que los Jueces liberan criminales y a partir de ahí hubo una serie de señalamientos cada vez más graves en donde terminan siendo condenados por un par de resoluciones que resultaron bastante incómodas para el Ejecutivo”, detalló.

Desechado todo el “plan b”

El miércoles siete de junio, la Corte aprobó la controversia constitucional interpuesta por el INE y, con ello, también desechó los recursos de reclamación de AMLO, el Senado y la Cámara de Diputados contra la admisión de la demanda del organismo electoral.

Fue así como sigue suspendido el decreto de reforma electoral de AMLO. La suspensión fue ordenada por el ministro Javier Laynez Potizek el pasado 24 de marzo.

En respuesta a este dictamen, la ministra Yasmín Esquivel Mossa (involucrada en un escándalo nacional por el plagio de sus tesis de licenciatura y maestría, la primera comprobada por la UNAM y la segunda, gracias a una investigación del medio El País, del 24 de febrero de 2023) presentó una propuesta para declarar fundados los recursos del Ejecutivo y desechar la controversia constitucional del INE.

Sin embargo, la propuesta de Esquivel Mossa únicamente contó con el voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien –a decir de Martín Reyes, investigador de la UNAM– actúa en apoyo a las iniciativas jurídicas del gobierno de AMLO y las mayorías parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión.

Martín Reyes, también del IIJ-UNAM, agregó que la suspensión ha resultado muy importante para la preservación del funcionamiento político-electoral de este año; porque, de haberse aprobado el “plan b”, los despidos masivos en el INE habrían desmantelado las unidades técnicas en los institutos electorales de las 32 entidades federativas.

El investigador afirma que la Corte está obligada a invalidar en su totalidad la segunda parte de la reforma electoral, porque durante su aprobación en las cámaras de Diputados y Senadores hubo graves violaciones al procedimiento legislativo, tanto en la primera como en la segunda parte.

Incluso está seguro de que cuando la Corte ponga a votación la segunda parte del “plan b” su resultado será similar al de la primera; es decir, ésta será desechada al menos por nueve votos, ya que su contenido también resulta inconstitucional.

Martín Reyes aseveró que éste es el litigio electoral “más complejo en la historia de la democracia mexicana”, ya que la cantidad de artículos impugnados “es infame, y la Corte tendría una labor prácticamente titánica, imposible, para ponerse a analizar a detalle y a profundidad el fondo del ‘plan b’”.

El Presidente no tiene palabra

“Señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores, y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado… ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes”, declaró, en agosto de 2018, el entonces Presidente electo durante una sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, el pasado ocho de junio, a casi cinco años de ese compromiso, en un comunicado oficial titulado La SCJN pone en peligro el equilibrio constitucional entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Presidente acusó al Poder Judicial de la Federación de violentar “la autonomía del Congreso de la Unión en perjuicio del sistema democrático, la división y el equilibrio de poderes; y de violar el Artículo 17° constitucional”.

La SCJN, decía el boletín de la Presidencia de la República, faltó “a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas y declaró su invalidez so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario”.

Es decir, el comunicado de Palacio Nacional señala que la Corte que debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como éste y el Ejecutivo deben hacerlo con el Poder Judicial. Sin embargo, este lineamiento no se ha seguido de manera recíproca, y a decir de los juristas, esta actitud de AMLO está rompiendo el equilibrio entre los Poderes de la Unión mediante posicionamientos autoritarios.

Estas acciones del titular del Poder Ejecutivo Federal subieron de tono cuando la ministra Norma Piña resultó electa presidenta de la Corte y sus resoluciones no correspondieron a los caprichos autoritarios de AMLO. Por ello es posible advertir que éste ha asumido una “posición de venganza” contra el Poder Judicial de la Federación”, reconoció el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C.

“Asimismo, hoy se puede constatar que AMLO no tiene palabra; es un hombre sin palabra… hay evidencias de sobra de promesas que el Presidente no ha cumplido, y una de ellas fue respetar esta independencia de poderes que viene en el Artículo 49° constitucional”, aseguró el abogado y doctor en derecho de la Universidad de Salamanca, España.

“AMLO está pensando en las siguientes elecciones; no está pensando en construir nación, porque si quisiera construir, si fuera un estadista, miraría la forma de fortalecer los tres poderes. Pero no lo está haciendo así; no hay denuncias en contra de Norma Piña en estos momentos; no hay ningún señalamiento específico; pero sí está generando una polarización en su contra”, declaró el también maestro en ciencias penales con especialidad en Criminología.

Un claro ejemplo del clima “de odio” generado por el discurso polarizador del Presidente lo evidenció la organización México Justo cuando destacó que el pasado 18 de marzo, durante la conmemoración del aniversario 85 de la Expropiación Petrolera en el Zócalo capitalino, simpatizantes de AMLO quemaron una figura de cartón que representaba a Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte.

A este hecho insólito –¡cometido a menos de 100 metros de donde reside AMLO!– el sábado 20 de mayo se sumó otro aún más macabro y meritorio de una investigación ministerial: diputados de Morena en Veracruz pasearon frente al edificio de la SCJN féretros con las fotografías de los ministros Norma Piña y Alberto Pérez Dayan marcados con la frase “Descansen en paz”.

En este lamentable y aterrador incidente –por no llamarlo criminal y facineroso– participaron, además, el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y varios de sus funcionarios estatales… y, por si fuera poco, el Presidente defendió esa ocurrencia del mandatario veracruzano con el argumento de que “ha sido muy atacado en estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. ¡Lo hizo bien!”.

Con respecto a estas agresiones contra la Corte y su propia persona, en una reunión con jueces de Torreón, Coahuila, celebrada el 11 de junio, la ministra Norma Piña aclaró que la SCJN imparte justicia con ética, excelencia y unidad; y agregó que se siente orgullosa del organismo, que ha construido una doctrina constitucional benéfica para todos, sobre todo para las mayorías.

Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo llamó a los juzgadores mexicanos a defender con la frente en alto la institución a la que pertenecen, que está conformada por personas calificadas, profesionales, honestas y al servicio de todos los ciudadanos.

“Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la SCJN, y por eso estamos aquí reunidos”, aseveró el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, quien encabezó una marcha en defensa del órgano autónomo el pasado 28 de mayo.

“Los conservadores son muy autoritarios, no diría fascistas porque es distinto lo que pasa en México, puede haber algunos dirigentes; pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada opositores”, denominó AMLO a la marcha de ese día, e insistió en que los ministros violentan la Constitución.

Sin embargo, hasta ahora el mandatario tampoco ha demostrado este tipo de acusaciones contra la SCJN ni denunciado penalmente por corrupción a ningún funcionario de la misma. De cualquier forma, la molestia del Presidente ante el fracaso de cada intento por interferir en el Poder Judicial hace prever que no está dispuesto a quitar el dedo del renglón en su afán por aumentar su poder con miras a 2024.