El programa federal “Precio Justo”, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para regular la comercialización del maíz blanco, provocó críticas de organizaciones campesinas que advirtieron que la estrategia podría profundizar la crisis agrícola y acelerar el abandono de la producción nacional de granos.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), calificó el esquema como una “política absurda” que mantendrá a los productores en un “exilio productivo”, debido a que no contempla precios de garantía ni apoyos suficientes para el sector.

La presidenta Sheinbaum firmó este martes el acuerdo para crear el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México, denominado “Precio Justo”, el cual contempla la participación de 61 mil productores, 705 mil hectáreas y una producción estimada de siete millones de toneladas en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Campeche.

No obstante, López Ríos señaló que en México existen alrededor de 2.5 millones de pequeños y medianos productores agrícolas, por lo que consideró que el alcance del programa será marginal. “Quienes nos dedicamos a producir granos dejemos de hacerlo porque no hay garantía de un precio básico que permita un ingreso”, advirtió.

El dirigente campesino acusó que el gobierno federal deja en manos de acopiadores y grandes compradores la definición de precios, mientras los productores enfrentan sequías, incremento de costos y falta de subsidios.

También alertó sobre el aumento de la dependencia alimentaria del país. Según sus datos, cuando inició la llamada Cuarta Transformación México importaba el 46 por ciento de los alimentos, mientras que actualmente esa cifra habría aumentado al 75 por ciento.

Entre enero y abril de 2026, las importaciones de maíz blanco y amarillo provenientes de Estados Unidos alcanzaron 3.95 millones de toneladas, con un valor superior a 895 millones de dólares, lo que representó un incremento de 11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura estadounidense.

Ante este panorama, López Ríos advirtió que México podría depender totalmente de importaciones provenientes de Estados Unidos y Sudáfrica para cubrir la demanda nacional de maíz blanco.

Por su parte, Sheinbaum aseguró que el programa busca evitar que los agricultores vendan por debajo de sus costos de producción y ordenar el mercado mediante contratos anticipados y mecanismos de transparencia.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, explicó que el sistema incluirá comercialización por contrato, venta de insumos a precio justo, mecanismos de protección ante contingencias y prioridad al maíz nacional frente a importaciones.

El acuerdo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y más de 80 empresas nacionales e internacionales vinculadas con la cadena de comercialización del maíz.

Sin embargo, organizaciones campesinas sostienen que el programa no resuelve el problema de fondo: la ausencia de precios de garantía y de apoyos suficientes para mantener la producción nacional de granos.