El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) dio a conocer que al concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México habrá 27 millones 158 mil personas de 15 años o más en condición de rezago educativo porque no saben leer, escribir ni hacer cuentas o no han concluido la educación básica. En este sexenio, de 2018 a 2022, el número de habitantes con esta problemática subió de 23.5 millones a 25.1 millones.

Respecto al rezago educativo total, los avances son muy lentos. Los mencionados, más quienes no han concluido la educación secundaria en México, constituyen una tragedia: a diciembre de 2023 el 27.9% de las personas en la edad señalada estaban en rezago educativo y, respecto del 2019, hubo un cambio de 27.99 millones a 27.56 millones. “Si esta tendencia se mantuviese, México tardaría 54 años más en erradicar el analfabetismo”, declaró para el periódico Excelsior Mario Luis Fuentes, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.

Actualmente es indiscutible que el rezago educativo es resultado de la pobreza. Por otro lado, en un sistema en el que la pobreza coexiste con la desigualdad entre propietarios y no propietarios de medios de producción, la desigualdad educativa es un resultado lógicamente esperable. En 2023 la desigualdad educativa en México superó el promedio de los países de América Latina y del mundo, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial. Es decir, en el país existen grandes diferencias en el acceso a la educación, recursos didácticos e infraestructura educativa de calidad.

Por lo anterior, el papel del gobierno mexicano en materia educativa es fundamental y urgente. 

En entrevista con Forbes México, Alejandra Llanos Guerrero, coordinadora de educación y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que para este 2024 se destinó un 3.2 por ciento del PIB a la educación, cuando el mínimo recomendado es de un 4 por ciento. Además, tras cinco años de gobierno y a unos cuantos meses de la conclusión de mandato, el CIEP consideró que esta administración quedó a deber en materia educativa, en términos de distribución de presupuesto.

Así, después de analizar con cuidado todos los indicadores educativos presentados por la autoridad federal, es evidente que se deja un saldo negativo con la garantía del derecho a aprender de los estudiantes en México. A pesar de los avances en algunos aspectos, como la reducción del abandono escolar, los demás números muestran un panorama desafiante. Es esencial reconocer que la cobertura educativa ha disminuido, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población; y que los resultados en materia de aprendizaje muestran un retroceso que no puede ignorarse.

Como antes, la política educativa de este gobierno no está diseñada para atender los problemas educativos en un contexto de menos recursos públicos para educación. A esta administración le tocó enfrentar la pandemia de Covid-19, y es importante decir que desde que iniciara la emergencia sanitaria se empezaron a ver fenómenos desfavorables en el sistema educativo y que no se ha visto un interés serio para recuperar la pérdida en el aprendizaje producido por la pandemia. 

En cuanto a los 10 compromisos por la educación en México que el actual Presidente presentó en campaña, dado el modus operandi de su gobierno, hoy no causa sorpresa que sólo se hayan materializado aquellos que tienen que ver con transferencias monetarias a los jóvenes.  En los primeros cuatro años de esta administración se le quitaron 103 mil 777 millones de pesos a los programas que tenían que ver con el aprendizaje en educación básica para destinarlos a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, afectando con ello a 12.9 millones de alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria. 

Esta administración, luego de un periodo dedicado a las modificaciones legales con el fin de lograr una nueva reforma educativa pragmática y otro dedicado a lidiar pobremente con la pandemia, intentó dar continuidad inmediata a los procesos pedagógicos con el fin de regresar, cuanto antes, a la “normalidad”, sin realizar un balance serio de sus diversas consecuencias, ni llevar a cabo algún programa específico que buscara subsanar los severos daños ocurridos en el aprendizaje. A un par de años del final del sexenio, se tomó la decisión de impulsar la noción de la Nueva Escuela Mexicana y ponerla en práctica en todos los grados de la educación básica, sin mediar el tiempo suficiente para, al menos, comprender sus implicaciones en la formación docente, la relación con las familias y la inercia considerable de las costumbres.

En resumen, el actual gobierno tomó la educación como botín político. Además de controversias de diverso tipo en torno al sistema educativo mexicano, hoy prevalece una opacidad sin precedentes en este siglo con las medidas de política pública en el sector. Todo esto violenta los derechos educativos de los niños y jóvenes de la gran mayoría de las escuelas, particularmente las más marginadas y olvidadas. Si cada sexenio se producen proyectos que reclaman ser la solución genial de todos los problemas, seguiremos sujetos de las ocurrencias resultantes de la ignorante soberbia y ávidas de réditos electorales. 

La siguiente administración presidencial debe velar por incrementar el gasto educativo para crear y ejecutar políticas educativas fundamentadas y sostenibles que mejoren cuantitativa y cualitativamente los indicadores educativos, políticas que toquen la esencia de los diferentes niveles educativos y el desempeño de todos los agentes educativos.