No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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En su estrategia de seguridad pública, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “desplegó más efectivos militares que las dos administraciones presidenciales anteriores”, advirtió el “Informe 2020/21. La situación de los derechos humanos en el mundo” de Amnistía Internacional.
López Obrador aseguró en campaña que retiraría el Ejército de las calles una vez que llegara a la presidencia. Incluso fue muy crítico con los gobiernos anteriores por usar las fuerzas del ejército en labores de seguridad.
Amnistía Internacional precisó que en 2020 el mundo se vio sacudido por la COVID-19. La pandemia y algunas de las medidas adoptadas para abordarla tuvieron un efecto devastador en la vida de millones de personas, y también revelaron —y en ocasiones agravaron— patrones ya existentes de abusos contra los derechos humanos y de desigualdad.
Para el caso de México “en abril, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.
Además, notifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.
El informe notifica que en mayo el presidente López Obrador emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.
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El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.
Estados Unidos y México investigaron operaciones por decenas de millones de dólares que vinculan a Nunvav, Vector y los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad.
CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
Entre 2021 y 2023, el presupuesto asignado a la USICAMM creció de forma acelerada y apenas 22 mil profesores accedieron a la llamada promoción horizontal, menos del 1 por ciento.
Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
En 16 contratos auditados el año pasado, el Órgano Interno de Control reportó fallas que impidieron verificar el uso eficiente del presupuesto.
El INE denunció el robo de 25 paquetes electorales en el estado de Chiapas.
Entre 2019 y 2024 se documentaron 137 agresiones dirigidas contra 43 actores defensores, dentro de 63 eventos violentos en México.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, viaja en una camioneta aparentemente blindada.
El proyecto causa afectaciones en áreas naturales y especies como el jaguar, el oso negro y la tortuga pecho quebrado en el estado de Sonora.
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Escrito por Trinidad González Torres
Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.