En su estrategia de seguridad pública, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “desplegó más efectivos militares que las dos administraciones presidenciales anteriores”, advirtió el “Informe 2020/21. La situación de los derechos humanos en el mundo” de Amnistía Internacional.

López Obrador aseguró en campaña que retiraría el Ejército de las calles una vez que llegara a la presidencia. Incluso fue muy crítico con los gobiernos anteriores por usar las fuerzas del ejército en labores de seguridad.

Amnistía Internacional precisó que en 2020 el mundo se vio sacudido por la COVID-19. La pandemia y algunas de las medidas adoptadas para abordarla tuvieron un efecto devastador en la vida de millones de personas, y también revelaron —y en ocasiones agravaron— patrones ya existentes de abusos contra los derechos humanos y de desigualdad.

Para el caso de México “en abril, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.

Además, notifica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad.

El informe notifica que en mayo el presidente López Obrador emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.