López Obrador heredó enorme deuda pública a la presidenta Sheinbaum
Nacional
Amenaza nueva Ley de Maíz Transgénico la seguridad alimentaria de México
La GCMA indicó que se trata de una decisión que carece de sustento científico y técnico.
Limitar las importaciones de maíz transgénico únicamente al grano quebrado reduciría la competitividad de la industria alimentaria mexicana y podría generar pérdidas millonarias para productores; así como a los consumidores, advirtió el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Tras la aprobación de una nueva propuesta legislativa en México que permitiría la importación de maíz transgénico quebrado, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la GCMA indicó que se trata de una decisión que carece de sustento científico y técnico.
Destacó que la reforma es parte del plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador que establece la prohibición del cultivo de maíz transgénico en todo el país; sin embargo, permite la importación de maíz quebrado siempre y cuando su uso no esté destinado al consumo humano, medida que busca proteger la producción nacional de grano criollo, promoviendo un manejo agroecológico que asegure su pureza y disponibilidad para las futuras generaciones.
Juan Carlos Anaya, presidente del GCMA, advirtió que la fragmentación del grano dificulta el control de calidad y aumenta el riesgo de contaminación, se registra un mayor precio para consumidores y los costos adicionales de procesamiento también podrían traducirse en precios más altos para los productos derivados del maíz.
Anaya también señaló que en la incertidumbre regulatoria, las condiciones de evaluación de riesgos podrían abrir la puerta a interpretaciones ambiguas y prácticas fraudulentas; además, se registraría la pérdida de competitividad, debido a que la restricción a maíz quebrado limitaría las opciones de los productores y elevaría los costos de producción.
Por último, el presidente de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas hizo un llamado al nuevo gobierno para que rechace esta propuesta y priorice una política alimentaria basada en evidencia científica y en el bienestar de los productores y consumidores mexicanos.
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