Enrique Quintana, analista del diario El Financiero, aprovechó el debate actual sobre la pretensión del partido en el Gobierno Federal de elegir a jueces y magistrados para formular, en tono de sorna, si se debe organizar una consulta popular para decidir el pago de impuestos en México. La respuesta a esta cuestión es más que obvia porque, al margen de que algunos ciudadanos reconozcan que éstos son necesarios para la gobernabilidad del país, casi toda la población votaría por el impago, pues los impuestos representan una carga insostenible por los magros ingresos salariales de la mayoría de los mexicanos.

Los impuestos son una herramienta coercitiva e injusta porque los únicos obligados a pagarlos son quienes menos márgenes para negociar tienen, es decir, la gente de a pie, ya que los dueños de los grandes corporativos nacionales y extranjeros disponen de toda clase de ventajas para disminuirlos, exentarlos o disuadirlos. Los impuestos son regresivos porque los contribuyentes que más los pagan son los que menos tienen; y con ello se empobrece más a los ya empobrecidos. 

Si en alguna ocasión usted, estimado lector, recibió un apoyo monetario por alguno de los programas asistencialistas del actual gobierno, no lo agradezca demasiado: ese dinero salió de los bolsillos de los trabajadores y de todos los mexicanos, no del político mañoso que, dicho sea de paso, también lo cobra con cargo al erario. Por ello, los funcionarios públicos están obligados por ley a rendir cuentas de su administración, así como de los salarios que devengan por gobernar mal, parasitar las oficinas burocráticas y saquear las arcas de la nación.

Deberían organizarse, por toda esta situación de hartazgo, consultas populares para determinar que las personas de los estratos más bajos de México no paguen impuestos y que profesionistas como los maestros sean exentados. ¡Sí, que se llame a una consulta nacional, pero no con la pregunta genérica de si deben o no pagarse impuestos, como propone Quintana, sino sobre quiénes deben pagarlos! Su resultado sería igual de previsible que el de la consulta sobre el Poder Judicial, ya que la mayoría de los mexicanos son pobres, perseguidos y tratados como delincuentes por los jueces y magistrados, y ninguno en su sano juicio los defendería. ¿Por qué habrían de hacerlo, si la justicia los trató con la punta del pie? Aun cuando ello implique saltar de la sartén a la lumbre –por el riesgo de que los abogados del crimen organizado sean jueces y magistrados– porque para los pobres de México, eso no es nuevo, el maltrato es maltrato y no importa quién tiene el palo. 

Los dirigentes de Morena lo saben, por ello sus encuestas, mucho más que amañadas, son perversas porque están utilizando a la gente para que apoye sus intereses oscuros. 

De nada han servido las advertencias de connotados analistas y juristas, entre ellos prestigiados académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todo parece indicar que están listos para acabar con las pocas libertades que aún tenemos y cambiarlas por un sistema de control político paternalista y provinciano, como el que caracterizó a los gobiernos priistas, para proteger los intereses de los multimillonarios de México y el mundo. Pero como en todo hay límites, las nefastas cifras de las variables económicas y sociales del Gobierno Federal aún vigente, han determinado ya un futuro próximo que no puede ocultarse ni maquillarse con las múltiples mentiras diarias que se difunden en “las mañaneras”, porque hay un enorme boquete fiscal que amenaza con paralizar las actividades del próximo gobierno morenista en los primeros meses de su gestión; debido a que los escasos recursos económicos que había, fueron usados para financiar las artimañas con las que ganó su candidata presidencial.