El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha olvidado al campo, donde sobreviven los “más pobres entre los pobresˮ de México.

Millones de hectáreas de tierra cultivables en el país ya no producen porque sus propietarios las han abandonado para buscar empleos de sobrevivencia en otras entidades o en Estados Unidos (EE. UU.), en unos casos, debido a las trabas burocráticas de los programas de apoyo gubernamental y, en otros, al incremento del crimen organizado que intimida a los campesinos y sus familias con amenazas de despojo y muerte.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que en México existen 9.3 millones de predios rurales con una extensión territorial de 190.3 millones de hectáreas, de las cuales el 69 por ciento se destina a la agricultura y el 11 por ciento a la ganadería.

3.3 millones de productores generan, en promedio, entre media hectárea y dos hectáreas; es decir, el 51.56 por ciento del agro es trabajado por pequeños productores con menos de dos hectáreas. Los que trabajan de dos a cinco hectáreas son 1.4 millones (equivalen al 21.87 por ciento); los de cinco a 20 hectáreas son 1.2 millones (18.75 por ciento) y los que disponen de más de 20 hectárea solo son 373 mil, apenas el 5.82 por ciento.

La última Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA-2019) del Inegi, reveló que, de 2014 a 2019, disminuyó el uso de tecnología agrícola en varios rubros; por ejemplo, el uso de sembradoras pasó del 33.4 al 29.2 por ciento; las cosechadoras del 18.6 al 15.5 por ciento y el uso de fertilizantes del 68.8 al 67.4 por ciento.

Los datos relacionados con la agricultura sustentable tampoco son alentadores, ya que el uso de abonos naturales pasó del 27.5 por ciento en 2014 al 24.4 en 2019, y la rotación de cultivos del 26.8 al 18.5 por ciento. La ENA-2019 detectó, además, que herramientas tradicionales como la coa y el azadón aún prevalecen en el cultivo de pequeñas parcelas; pues el 60.2 por ciento de los campesinos los utiliza cotidianamente. Otro 25.3 por ciento usa la yunta para roturar y cultivar sus pequeñas parcelas.

Con respecto a los créditos otorgados sobre todo a pequeños y medianos productores, la encuesta registró un incremento del 3.5 por ciento entre 2014 y 2019, ya que se elevó del 84.6 al 87.1 por ciento; la mayor parte de estos recursos es utilizada en la compra de insumos básicos y para el pago de jornales (en 2019, cuatro de cada 10 se utilizaron para este fin). Parte considerable de los préstamos provino de cajas de ahorro o empresas de semillas y fertilizantes.

Esta información refleja que el campo mexicano, lejos de avanzar hacia la tecnificación, se aferra al uso de herramientas tradicionales que reducen su productividad, mientras que la inversión pública y privada –por una falta de estrategia integral para estimular la producción– va a la baja, coincidieron especialistas.

Los recortes al agro nacional

Contrario al discurso oficial, en los últimos años, el campo ha sufrido severa reducción presupuestal. En la primera mitad del sexenio, ningún presupuesto anual ha logrado siquiera equipararse al gasto agropecuario del presupuesto federal 2018, el último de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En aquel año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), contó con un presupuesto de 76 mil 476 millones de pesos (mdp). En 2019, esta misma dependencia, pero ya con el nombre de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), operó con 65 mil 434 mdp, es decir, con una reducción del 14.4 por ciento. En 2020, la reducción fue más drástica, perdió casi 20 mmdp, quedándole apenas 46 mil 253 mdp, que este año aumentaron a 49 mil 291 mdp.

Si no hay cambios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) en 2022, la Sader dispondrá de 53 mil 88 mdp, con un aumento equivalente al 7.7 por ciento con respecto a 2021. A pesar de esto, no superará el presupuesto que tuvo en 2018. Según el Gobierno Federal, en 2021, la Sader dio prioridad a “programas estratégicos”: Precios de garantía, Crédito ganadero, Producción para el Bienestar, Programa Nacional de Fertilizantes y el Plan para el Desarrollo Sustentable del Amaranto.

Con el programa Producción para el Bienestar, según sus reglas de operación publicadas a principios de este año, se ampliaron los recursos destinados a la producción de cacao y apicultura, además de mantenerse los apoyos a los productores de maíz, frijol, chía, trigo, arroz y otros granos, así como café, miel de abeja y caña de azúcar.

Según un informe oficial de la Sader, “Las cuotas de 2021 son superiores a las de 2020, que fueron así: mil 600 pesos por hectárea para productores de granos de pequeña escala; mil pesos por hectárea para productores de granos de mediana escala; cinco mil pesos por productor para cafetaleros de pequeña y mediana escala y siete mil pesos por productor para los de caña de azúcar”.

El comunicado de Producción para el Bienestar destacó su objetivo de incrementar la productividad de los pequeños y medianos productores de estos cultivos, lo que contrasta con la notoria omisión en el sector social más desprotegido y vulnerable del medio rural mexicano: el de los jornaleros, muchos de ellos campesinos sin tierra.

Tan solo el año pasado, en plena pandemia de Covid-19, unos 200 mil jornaleros abandonaron sus comunidades y pueblos de origen para trabajar en las grandes estancias agropecuarias de los estados norteños y del noroeste del país, según con informes del Colegio de la Frontera Norte (CFN). El 80.5 por ciento de ellos, laboró en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

“Gran parte de la población jornalera en México es inmigrante. El abandono a los pequeños campesinos del centro y sur del país se ha acompañado del crecimiento de la producción agroindustrial en el norte del país. Debido a ello, y a la falta de servicios básicos para una vida digna (salud, educación, infraestructura), decenas de miles de familias sin tierra o con tierras insuficientes para asegurar su subsistencia tienen que decidir: migrar o morir”, destaca el informe La población jornalera agrícola interna en México frente a la pandemia de Covid-19, elaborado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

Escasos “beneficiarios del Bienestarˮ

Los requisitos burocráticos del Programa para el Bienestar son tantos y tan complicados para los campesinos y jornaleros de gran parte del país que, la mayoría de las veces, los supuestos “beneficiarios” no solicitan ningún apoyo, lo que beneficia a los empresarios agrícolas, quienes cuentan con despachos especializados para gestionarlos.

Este resultado ha sido tan notorio que, a finales de agosto pasado, el propio Presidente anunció que se hará una revisión a los “dos millones de beneficiarios” del programa para tener “seguridad sobre la entrega de los apoyos”. En esa ocasión, insistió en que Procampo afirmó que beneficiaba más a grandes productores, incluso a políticos, que a los campesinos que realmente lo requerían.

La investigación Los efectos del presupuesto en el sector rural, de la organización civil Fundar, revela: “se observa una pérdida de recursos destinados al campo en el periodo 2003-2017. El presupuesto de 2017, en términos reales, es prácticamente el mismo que en 2009.

“En términos reales, el presupuesto de esta institución pasó de 55 mmdp a 50.7 mmdp entre 2003 y 2017, lo que significó una pérdida de 8.6 por ciento. La reducción del presupuesto destinado a esta institución (Sagarpa, hoy Sader) se reflejó en el gasto federalizado que operan las entidades federativas conforme a las Reglas de Operación”.

Según el mismo estudio, el financiamiento para el sector tiene dos características: que el 52.7 por ciento se concentra en las entidades del norte y el occidente del país, específicamente en Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, cuyos créditos son otorgados por el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), y que otro 17.7 por ciento se concede a Unidades de Producción (UP) agropecuaria y forestal.

La otra característica es que el resto del financiamiento oficial disponible –inferior al 30 por ciento– se destina a las entidades del sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre otras. “Por otro lado, el financiamiento presenta una alta regresividad, especialmente en FIRA, donde las y los productores de más altos ingresos, que representan el 3.3 por ciento de las UP, recibieron el 59.3 por ciento del financiamiento que otorga esta institución”, reporta Fundar.

4T sin estrategia para el campo

Para el investigador del área de agricultura sustentable de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Gerardo Noriega Altamirano, “el Estado no tiene una política de inversión estratégica, una estrategia donde cuidemos al ambiente; una agricultura que sea más competitiva y, lo más importante, que ofrezca a los consumidores alimentos libres de agroquímicos”.

El especialista advirtió que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) no dispone de una política para estimular la inversión en el campo, ni mucho menos proyectos para aumentar la producción agrícola sustentable en México. En entrevista con buzos explicó que en el medio rural del país hay cuatro grandes grupos sociales: los campesinos de subsistencia, que disponen de minifundios, cuyo rezago educativo y tecnológico es enorme y producen apenas para comer. Otro sector es el integrado por los jornaleros, quienes carecen de tierra, venden su fuerza de trabajo y se mueven de un lugar a otro; el tercero es el de los pequeños propietarios, quienes tienen más acceso a la educación, a los recursos naturales de suelo y agua y producen más de lo que consumen, es decir, venden parte de su producción. El cuarto grupo es el más reducido y está conformado por los empresarios agrícolas del norte, noroeste y occidente y produce para la exportación.

Noriega Altamirano refirió que, si bien es cierto que la falta de inversión en el campo viene de gobiernos anteriores, en la actual administración tal problema se ha acentuado y está afectando a los cuatro grupos sociales, aunque los más perjudicados son los minifundistas y los jornaleros, quienes se ven obligados a migrar hacia otras regiones del país o a EE. UU.

El investigador explicó que el gobierno actual no tiene un programa alimentario, ni mucho menos “una política pública que atienda a la producción de alimentos para que la población tenga acceso a los alimentos sanos. Como país, nos hace falta la discusión profunda de un proyecto económico con el que las cadenas agroalimentarias fueran un eje de inversión; y esa inversión va desde la educación hasta la tecnología”.

Las carencias mayores se reflejan en los índices de pobreza de estados como Guerrero, donde no hay gasto público en salud; las comunidades indígenas carecen de hospitales y clínicas de salud básicas; las carreteras están en situación deplorable y no hay opciones de empleo, razón por la que la gente, sobre todo la de La Montaña, al terminar el ciclo agrícola, sale de sus pueblos rumbo a Sinaloa, Baja California u otras entidades. Algunos regresan a sus pueblos para sembrar su parcela, pero la mayoría se queda en aquellas entidades.

“Este flujo migratorio se debe a que no hemos desarrollado un modelo que permita a la gente hacer cosas en su territorio. La falta de un proyecto económico como país es la causa de que veamos a muchos pueblos originarios de México en la misma situación. La carencia de ese proyecto económico no nos permite incluir a los pueblos marginados en el desarrollo de otros sectores sociales”, aclaró Noriega Altamirano.

Señaló que quienes deciden en el actual gobierno deben analizar a profundidad el problema y que los investigadores egresados de las universidades agropecuarias del país deben enfocar sus conocimientos en la tierra. Es necesario “regresar al surco para ver la realidad” y actuar, pues la mayoría está pensando en el reconocimiento académico para ganar premios pese a que eso “no resuelve los problemas del campo”.

“Las universidades tienen que repensar el papel en este momento. Tienen que estar en el problema real y ese problema real es con los campesinos. Y sí, ahora estamos en condiciones de pandemia; y antes, ¿por qué no pisamos el surco?, y después, ¿por qué no pensamos en cómo ayudar a los campesinos, que son los que producen alimentos, para que reciban todas las innovaciones tecnológicas y capacitación con el apoyo del Estado?”, cuestionó. Actualmente, el experto trabaja en un programa de agricultura sustentable que produce maíz en Michoacán, Morelos e Hidalgo, con el que los campesinos han logrado incrementar, en dos toneladas, el rendimiento por Ha.

Noriega insistió en que el reto de México, en el futuro inmediato, consiste en lograr la soberanía y la seguridad alimentaria sin costos ambientales, aunque afirmó que el deterioro ecológico del país resulta muy alto, problema en el que coinciden el abandono del campo, la pobreza, la migración, el desempleo y la desnutrición de la mayoría de la población rural.

México puede avanzar en el desarrollo agropecuario siempre y cuando exista mayor inversión del gobierno, pues por ahora los únicos esfuerzos que se hacen en esta rama vital de la economía son realizados por asociaciones civiles, organizaciones sociales y los propios campesinos, como es el caso del proyecto en el que participa el académico.