La propuesta plantea una transición gradual entre 2026 y 2030, además de establecer dos días obligatorios de descanso.
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Todo parece indicar que, antes de que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) llegue a su fin, todo mundo conocerá una evaluación completa, aunque no oficial, de sus resultados, puesto que antes de iniciarse el quinto año del sexenio ya abundaban análisis, críticas profundas, comparaciones con periodos análogos de gobiernos anteriores y el repaso de las promesas de campaña del Presidente de la República, promesas que se convirtieron en solemnes compromisos desde los primeros días de su mandato.
Los críticos, o simples observadores de los éxitos y fracasos del gobierno, se han encargado de medir el grado en que desaparecieron la pobreza y la corrupción y el avance de la salud como en los países del primer mundo, así como el mejoramiento de la seguridad pública y la disminución de la delincuencia y el crimen organizado.
Las conclusiones de observadores y analistas no oficiales no son nada optimistas; la mayoría de ellos opina que las solemnes promesas presidenciales no se cumplirán. Las inconformidades fueron aumentando en el curso del sexenio; las voces subieron de tono y se abrieron paso a través de los medios de comunicación y protestando frente a las oficinas de gobierno. Profesores, padres de familia y trabajadores de la salud se han manifestado públicamente; hoy salta a primer plano la problemática del sistema educativo, que es muy amplia porque va del preescolar hasta la educación superior, afectando a muchos millones de familias. Todavía no cesa la lucha contra los libros de texto gratuitos, cuestionados por expertos en educación y pedagogos, pero impuestos por el gobierno de la 4T, cuando comienza a desplegarse la inconformidad en el nivel universitario.
Informes y estudios de organismos internacionales han demostrado el empeoramiento de la educación superior del país en lo que va del presente siglo; y también han probado que en estos cinco años no se cumplieron las grandes promesas de educación gratuita para todos los niveles del sistema educativo nacional.
Así como en lo que va del sexenio no se erradicaron la pobreza, la corrupción, los servicios de salud pública todavía no son como en el primer mundo y no hemos alcanzado la soberanía energética, la promesa de una educación obligatoria y gratuita en todos los niveles sigue siendo una deuda de la 4T.
La tendencia decreciente en la atención a los jóvenes, iniciada en la década anterior, aumentó en lo que va del sexenio morenista; los informes oficiales de la SEP lo confirman. Este aspecto de la vida social se aborda en nuestro Reporte Especial de esta semana, que se refiere a la incapacidad del nivel educativo superior para absorber a millones de jóvenes que egresaron de las preparatorias, bachilleratos, vocacionales y otros centros educativos de nivel medio superior y que aspiran a cursar una carrera universitaria. Desde nuestras páginas, damos voz a los afectados, jóvenes rechazados por “falta de cupo”, es decir, a causa de la incapacidad de las universidades públicas para ofrecer suficientes espacios y que se pretende ocultar culpando a los alumnos de reprobar un examen de admisión diseñado precisamente para discriminar a los jóvenes emanados de grupos vulnerables.
La propuesta plantea una transición gradual entre 2026 y 2030, además de establecer dos días obligatorios de descanso.
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Escrito por Redacción