La historia de la deuda pública en México ha sido turbulenta casi desde que somos un país independiente. Esto se verbalizó claramente en la declaración de moratoria de Benito Juárez como Presidente en 1861. Más adelante, en 1982, el país enfrentó una de las crisis más severas por la deuda pública y el aumento de las tasas de interés externas, lo que tuvo como consecuencia una serie de privatizaciones y un Estado débil para atender las necesidades de desarrollo económico. A la entrada de este sexenio, el gobierno prometió no endeudar más y reducir la deuda con el propósito de mejorar las finanzas públicas. Como muchas de las afirmaciones atrevidas y nada estudiadas del Presidente, ésta fue una más.

La deuda pública externa es de las que tiene más vinculación con la situación macrofinanciera mundial. Con esto me refiero a que su aumento, estabilización o descenso está condicionada en gran medida por las políticas monetarias de los países acreedores. En tales países, el ataque con base en la teoría económica ortodoxa a la inflación ha devenido en un aumento de las tasas de intereses que ha perjudicado a los países deudores aumentando la deuda de los países pobres, entre los que está México. Entre 2018 y 2022, tan solo el aumento del costo financiero de tener deuda pública fue de 55 por ciento, esto quiere decir, intereses, comisiones, entre otras cosas.

Si bien las condiciones mundiales influyeron en el agravamiento del problema del endeudamiento para México, internamente la economía no está teniendo el mejor desempeño. El crecimiento económico desde hace más de tres décadas es menor a dos por ciento en promedio anual. Y desde el comienzo de este sexenio, el crecimiento es todavía más pobre que el promedio. En 2019, la economía mexicana creció 0.2 por ciento; en 2020 hubo un decrecimiento de ocho por ciento que hasta 2022 todavía no se había recuperado. Y para 2023 se prevé un crecimiento de tan sonto 1.2 por ciento, según el Banco Mundial.

Esto repercute en la limitación de los ingresos que el gobierno puede obtener para pagar la deuda pública y, además, atender las necesidades surgidas de una economía capitalista. Este rubro es el que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se denomina Gasto No Programable, y que ocupa alrededor de la cuarta parte del gasto anual del gobierno.

Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un informe en el que deja ver lo que implica el pago de la deuda en relación con el gasto destinado al desarrollo del país. Es decir, si comparamos el gasto que se utiliza para pagar la deuda, se les da una importancia similar a los problemas de desigualdad, pobreza, informalidad, el bajo nivel de productividad e inversión y el insuficiente suministro de bienes y servicios de alta calidad.

Al comparar la educación con lo que se paga del costo financiero de la deuda, la relación es de 60 por ciento. Esto quiere decir que al pago de la deuda se destina una cantidad equivalente al 60 por ciento de lo que se gasta en educación. Cuando se le compara con la atención a la salud, la relación es de 76 por ciento, lo que revela la escasa atención que se destina al sistema de salud mexicano. Finalmente, lo más grave es el monto destinado a la inversión pública. La relación es de 135 por ciento, es decir, el pago de la deuda equivale al total destinado a la inversión pública más 35 por ciento.

El aumento de los intereses provoca que los recursos internos destinados al pago de la deuda aumenten en lugar de lo que le destina al gasto social y a la inversión pública. Los términos en que se ha financiado y se sigue financiando la deuda condenan al país al subdesarrollo estructural, lo incapacitan para atender las necesidades de desarrollo al interior del país por anteponer los intereses de los capitales de los países acreedores, entre los que destaca Estados Unidos. Estos términos están reforzados por los acuerdos comerciales que mantiene el país con naciones ricas, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.