La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
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Ahora, cuando el mundo se enfrenta a una grave escasez de alimentos (principalmente cereales como el maíz) y cuando Ucrania, uno de los principales productores de este grano, está envuelta en un conflicto militar, los países consumidores deben buscar otros mercados para obtenerlos al costo que sea.
Es por esta razón que Estados Unidos (EE. UU.), gran productor de maíz transgénico, hoy opta por crear este grano más rápidamente para aumentar sus ganancias sin que le importen, por supuesto, las consecuencias sanitarias que ello causará en los consumidores de otras naciones. Esta actitud afectará principalmente a los habitantes de países poco desarrollados que, con mayor urgencia, requieren apoyo económico.
En 1901 surgió la empresa multinacional estadounidense Monsanto, la primera que realizó modificaciones genéticas en plantas y manipuló alimentos. Se dedicó a realizar ensayos biotecnológicos que, entre otros resultados, derivaron en la elaboración del herbicida que el ejército estadounidense utilizó en la Guerra de Vietnam, acabando con la vida de muchas personas y bosques de este país en el sudeste asiático.
Desde entonces, Monsanto se convirtió en una empresa que lidera las modificaciones genéticas en vegetales, igual que Bayer, dedicada a crear animales genéticamente modificados y que adquirió a aquella compañía en 2016. Pero Monsanto aún funciona y cotiza en la bolsa de valores estadounidense.
Son múltiples las evidencias de los daños que los productos de Monsanto han causado en la salud de las personas en los países pobres durante 100 años; pero a partir del operativo de Rusia en Ucrania, sus dueños se ven en la necesidad de buscar ganancias en otras naciones con la producción y venta de maíz transgénico. Al parecer México es una de sus opciones.
La disputa entre México y EE. UU. debido al maíz transgénico y al uso del glifosato (herbicida de amplio espectro) resulta vital para nuestro país; el consumo del primero no solo arriesga la salud de la población, sino amenaza con desaparecer las semillas de maíz nativas; y el segundo (el herbicida) propicia el desarrollo de nuevas plagas incontrolables.
La prohibición del gobierno mexicano para importar maíz transgénico ha provocado un conflicto no solo con EE. UU. sino también con Canadá debido al marco del tratado comercial T-MEC. Su presión es tan grande que ahora ambos gobiernos no solo exigen que nuestra frontera se abra a este producto como alimento para humanos, sino que pretenden que se cultive en el país.
Hoy es claro que los mexicanos vivimos acorralados por los intereses de empresas como Monsanto para que sus propietarios se enriquezcan sin importar que sus productos sean dañinos y mortales para la salud de nuestras familias.
Las organizaciones campesinas han denunciado que la causa por la que México es el principal cliente de EE. UU. de este grano transgénico (en 2022 le compramos más de 15 millones de toneladas), se debe a que su precio es barato; a que la salud de la población poco importa a nuestros gobernantes; y a que éstos no han sabido conformar una estrategia política acertada para superar ese grave problema.
Hoy, estas tremendas limitaciones se advierten precisamente en la actitud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador) quien, pese a erigirse como el “defensor a ultranza de la soberanía alimentaria”, no ha enfrentado el alza en los precios del maíz –en algunos estados el kilogramo de tortilla cuesta entre 30 y 40 pesos– con base en una política de producción que efectivamente logre la autosuficiencia.
El problema de fondo del maíz se halla en la falta de apoyos del Estado mexicano al campo, tanto en la producción como en la comercialización interna y externa. El escaso presupuesto que la Federación destina al agro es canalizado a programas político clientelares que, además, carecen de reglas de operación y logística adecuada.
El maíz es la base de la alimentación en nuestro país y el ingreso del maíz transgénico arriesga la salud de los consumidores. Por esta razón, la soberanía alimentaria solo puede defenderse con eficacia mediante la producción de alimentos sanos como el maíz nativo, y evitando que las tierras de cultivo del país sean esterilizadas con herbicidas.
Por eso urge un gobierno que apoye e invierta en el campo a través de programas ambiciosos, integrales y bien planeados que aumenten la producción de alimentos para que los precios de éstos sean accesibles para la mayoría de los mexicanos. Pero hoy en día, lamentablemente, el gobierno morenista obstruye y frena un sueño como éste. Por el momento, querido lector, es todo.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).