La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Más de 50 organizaciones civiles convocaron a los mexicanos a sumarse a la marcha del próximo 13 de noviembre en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a las reformas electorales impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Integrantes de las diversas ONG coincidieron en que, a pesar de sus diferencia, tienen en común la defensa de la democracia en el país y la institución que organiza los procesos electorales, del cual el propio gobierno en turno es beneficiario.
En conferencia de prensa, los voceros de las distintas organizaciones dieron a conocer que la convocatoria lanzada el miércoles pasado logró el respaldo de 50 organizaciones, hasta el momento se han sumado concentraciones y movilizaciones en 26 ciudades del país, como en la ciudad de Los Ángeles, California.
A partir de las 10:30 del próximo domingo iniciará la marcha que partirá desde el Ángel de la Independencia y avanzará por Reforma hasta el Monumento a la Revolución, donde el primer consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, será el único orador, para finalmente llegar al Zócalo de la ciudad.
Los voceros de las organizaciones reiteraron que la movilización es pacifica, abierta e incluyente, que ha sido convocada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que llamaron a participar todas aquellas personas y organizaciones sociales y políticas que estén en defensa del INE y de la democracia.
Por ello, solicitaron públicamente a las autoridades locales, garantizar la seguridad y las condiciones para que durante la marcha no se presenten actos de violencia ni provocaciones.
Gema Santana, de la asociación civil Selvame del Tren, reiteró que “sin INE no hay democracia. Nos reúne un solo interés, la defensa del INE”.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Trinidad González Torres
Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.