Las desigualdades sociales en México tienden a reproducirse tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Por ejemplo, sabemos que el 52 por ciento de los estudiantes del estrato económico más bajo de los nacidos en la década de 1980 había dejado de estudiar a la edad de 16 años cumplidos y que, en contraste, solo el 9.6 por ciento del estrato social más alto había dejado de hacerlo. Este patrón se ha mantenido en las generaciones posteriores.

Este mismo esquema de desigualdad se advierte en otros casos. Por ejemplo, un hijo de padre o madre con un puesto laboral “bueno” o de “alta jerarquía” –funcionario, profesionista, patrón o técnico calificado– tiene el 71 por ciento de más probabilidades de conseguir un trabajo con iguales características que un mexicano que no tiene una familia así.

Estos datos proceden del Módulo de Movilidad Social 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y coinciden con los resultados de otras investigaciones de campo igualmente consistentes. La conclusión es clara: en México, el logro educativo y el ingreso al mercado de trabajo dependen fuertemente del entorno social donde se nace.

Es ésta la causa por la que las crisis sanitaria y económica, que hoy padece el país, están acentuando los males de la desigualdad. Revisemos brevemente la actual situación educativa. 

El 20 de marzo, más 36 millones de estudiantes de todos los niveles suspendieron actividades presenciales. Para no perder el semestre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) activó un sistema de educación a distancia orientado principalmente hacia los más de 25 millones de estudiantes de los niveles básico y medio superior. Sin embargo, este sistema depende del acceso que cada alumno tenga a recursos tecnológicos como la radio, la televisión y la Internet, el cual es de enorme desigualdad en que gran parte del país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, aplicado por el Inegi en 2019, el 80 por ciento de los estudiantes del estrato socioeconómico bajo no dispone de computadora en su casa, el 76.7 por ciento no tiene Internet y el 24.6 por ciento no cuenta con televisión, esto sin mencionar la disponibilidad de canales, la calidad en la conexión a Internet y la que hay respecto a los dispositivos.  

Pero el problema no termina ahí. La situación educativa de las familias que carecen de estos medios se torna aún más compleja si se considera que la mayoría realiza labores domésticas y externas indispensables y que, por lo mismo, no pueden ayudar a sus hijos en sus tareas de educación a distancia. Es decir, muchos padres de familia se ven ante la disyuntiva de meter el hombro a sus hijos o concentrarse en sus tareas de sobrevivencia a las crisis sanitaria y económica, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aumentarán con 10.7 millones más el número de pobres en México. 

¿Cuáles serán los resultados de la aplicación del sistema de educación a distancia?

No es posible preverlo con datos precisos, pero sí grosso modo: que se profundizará la enorme brecha educativa que ya existe entre los estudiantes mexicanos más pobres y los que tienen familias con posiciones socioeconómicas aventajadas; que las desigualdades educativas ampliarán aun más las diferencias de acceso al mercado de trabajo y con éstas la abismal disparidad que ya existe en la distribución del ingreso en México.

Ante este contexto sorprende e indigna que las medidas gubernamentales para controlar los estragos sociales de la pandemia marchen a un ritmo demasiado lento y limitado. Todavía no se ve con claridad cuándo el gobierno implementará un extenso programa de apoyos económicos destinado a las familias vulnerables, sea monetario o en especie. Este respaldo es vital para prevenir la pandemia y otras enfermedades, y para combatir el hambre.

Con respecto a la educación, no es seguro que los problemas de los niños y los jóvenes puedan corregirse en lo inmediato, pero el ahondamiento de la brecha educativa representa un llamado de atención al Gobierno Federal para que pase de su actual política de recortes presupuestarios a una política de mayor atención a las enormes desigualdades que hay en este sector, vital para el desarrollo de México.