La educación en México está en una encrucijada. La pandemia y su mal manejo gubernamental hacen inviable el restablecimiento de las modalidades presencial y semipresencial. Esto es entendible porque la crisis sanitaria pondría en alto riesgo la salud de los alumnos. 

¿Qué alternativas quedan? La primera opción es suspender actividades; la segunda es implementar una modalidad a distancia. Está de más señalar las limitaciones de ambas alternativas. La educación a distancia no puede suplir la educación presencial. Esto es así no solo por la cercanía del alumno con su instructor. El problema no radica solo en la “calidad” de la “transmisión” de los conocimientos, sino también en el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica una construcción colaborativa. Es decir, los alumnos necesitan tanto del profesor como de sus pares. Los vínculos de colaboración ayudan a que las habilidades de los distintos estudiantes se nivelen. Lo que un estudiante no puede hacer solo (todavía), muchas veces lo hacen sus compañeros en colectivo y es mediante este “andamiaje” como los educandos logran apropiarse en lo individual de capacidades que de otra forma no podrían adquirir al menos en breve tiempo.

Suspender actividades podría ser una alternativa. La mayor ventaja de esta opción sería para las familias de medios y bajos recursos. Se trata de familias que cuentan con pocos recursos económicos y culturales para ayudar a sus hijos e hijas con las clases y tareas, y que debido a la crisis económica han perdido sus empleos, han visto reducidos sus ingresos y están más ocupados en sobrevivir que en atender los problemas educativos de sus hijos. Por ello, la suspensión de clases las aliviaría de una carga sobre sus espaldas.

Sin embargo, la suspensión acarrea costos que el Estado está poco dispuesto a aceptar. En primer lugar, esa decisión generaría un desfase escolar que impactaría directamente sobre algunos de los principales indicadores educativos y, además, supondría esfuerzos administrativos adicionales en los ciclos posteriores. Esto, sin embargo, sería lo menos trascendente, ya que la cancelación de un ciclo escolar sería interpretada políticamente como una declaración de incapacidad del gobierno, que además obligaría a éste a generar una estrategia de reingreso, inmediatamente posterior, para evitar el evidente rezago educativo. 

La otra opción, la preferida por las autoridades, es la educación a distancia. Los inconvenientes pedagógicos son claros. Con la suspensión se genera un rezago generalizado. Con la educación en línea, además del rezago, es muy probable que se amplíen las brechas en el aprovechamiento; es decir, es probable que los estudiantes de estratos sociales altos logren resultados educativos significativamente mayores que los de estratos bajos. Es muy probable, asimismo, que con la suspensión los estudiantes de estratos altos empleen su tiempo en actividades educativas, mientras sus homólogos de clase baja se dediquen a tareas domésticas o laborales. Es difícil saber qué escenario tendría mayores costos educativos. Sin embargo, ambos los tendrán.

La educación en línea rinde mayor beneficio al gobierno, a diferencia de la opción de suspender las clases, porque continuar éstas a distancia le ahorra el desfase administrativo; el impacto negativo en los indicadores y le da la imagen de un gobierno que se hace cargo del problema. La fórmula, sin embargo, es engañosa. Con la educación a distancia se favorece una narrativa que da por saldada la responsabilidad gubernamental, dejando la carga de los resultados a los estudiantes, los padres de familia y los docentes, además de que no obliga a la administración a generar una estrategia de reingreso enfocada a corregir rezagos.

Esto último es de particular importancia. La contingencia sanitaria tendrá consecuencias educativas, en cualquier caso. El regreso a clases demanda una estrategia orientada a compensar rezagos y corregir brechas de aprovechamiento. Para ello es necesario corregir carencias de infraestructura, fallas administrativas y servicios básicos que tienen nuestras escuelas, así como la falta de maestros. Esto es lo mínimo que debe hacerse para que, en su regreso a las aulas, los alumnos no se hallen inermes ante las consecuencias desastrosas de la pandemia. Esto es lo que hay que exigir y debemos contemplarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021.